Cada centro debería tener capacidad técnica para observar, escoger y utilizar biotecnologías útiles para la mejora agrícola y ganadera.

Se deberían explorar varias maneras de adquirir nuevas tecnologías tanto del sector público como del privado.

El equipo investigador del centro debería verificar los logros que la nueva tecnología adquirida rinde en el país en desarrollo.

Los experimentos con transgénesis deberían ensayarse en pequeños campos diseñados de conformidad con las directrices de bioseguridad.

Diseminación de los conocimientos y variedades generados.

 

El segundo cambio se refiere a domeñar la actual revolución de la ingeniería genética para ponerla al servicio de los pobres y del medio ambiente. Como ya indicamos, esto ya comienza a ser técnicamente posible, mediante los marcadores de ADN, la genómica vegetal y ciertas aplicaciones de la transgénesis. Sin embargo este objetivo está en peligro, debido a problemas económicos de los países en desarrollo (menos inversión en investigación agrícola) y a la tendencia de las empresas biotecnológicas a proteger su germoplasma bajo patentes y otros derechos de propiedad intelectual (DPI). Recientes acuerdos internacionales sobre patentes, así como las conclusiones de la Ronda Uruguay del GATT que ha dado paso a la OMC (Organización Mundial de Comercio), han conducido a una considerable ampliación de los derechos de los propietarios de patentes, restringiendo los privilegios y exenciones de agricultores y mejoradores tradicionales (esto último quedó fijado en la revisión de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales, UPOV).

El dilema se puede describir de la siguiente manera: La iniciativa privada no invertirá en la nueva Agrobiotecnología si sus productos y procesos no están protegidos por patentes u otros DPI, puesto que de lo contrario, no recuperarían las gigantescas sumas de dinero ni podrían hacer negocio. Pero por otro lado, los centros públicos tanto internacionales (del CGIAR) como nacionales han sido en el pasado (y se espera que en el futuro) absolutamente esenciales para generar bienes públicos en los países en desarrollo. Si estos centros, por problemas financieros y por su difícil acceso al germoplasma protegido de la iniciativa privada, dejaran de ejercer adecuadamente su misión, se estaría creando una auténtica injusticia moral para las poblaciones más necesitadas del planeta. La situación es aún más hiriente si pensamos que estos centros son depositarios de la mayor parte del germoplasma, procedente de miles de experiencias "gratuitas" desarrolladas mayoritariamente por agricultores del Tercer Mundo, y que ese material ha estado disponible igualmente para las empresas. (El colmo de la desfachatez fue el reciente intento de una compañía australiana de patentar y exportar un linaje de garbanzo ligeramente modificado a partir de muestras de centros públicos). ¿Hay alguna manera de salir del peligroso atolladero?. Autoridades en la materia como Serageldin piensan que sí, si se logran rediseñar las relaciones entre las empresas privadas del Primer Mundo y la I+D pública dedicada al Tercer Mundo, y se reorientan ciertos dominios relativos a la propiedad intelectual:

"Los bienes públicos deben estar disponibles para el público, y los bienes privados que están en camino de lograr bienes públicos deberían ser tratados de forma distinta a los bienes privados producidos por el sector privado en relación directa con el usuario final" (Serageldin, 1999, p. 389). Habría que establecer excepciones a la aplicación de los cánones de propiedad intelectual cuando el material correspondiente vaya a servir a los centros públicos como parte de sus programas de mejora que redundarán en bienes públicos para los países pobres. Hasta ahora ha habido algunos acuerdos bilaterales exitosos entre algunas multinacionales y ciertos países, que han permitido transferir tecnología que no va a competir en los mercados de esas empresas. Por ejemplo, la Monsanto ha llegado a acuerdos con los gobiernos de México y de Kenia para desarrollar plantas resistentes a virus. También hay ONGs filantrópicas que actúan como "intermediarios de buena voluntad" para permitir acuerdos semejantes (incluso Universidades como la de Rutgers y el Instituto Scripps han actuado como intermediarios entre las fuentes de biodiversidad y ciertas multinacionales). Sin embargo, hay que ir a un sistema más general que permita acuerdos y colaboraciones legalmente vinculantes para la transferencia de tecnología a estos países. Se precisan nuevos tipos de colaboración amplia con el sector privado, por los que se respeten los intereses propietarios y los mercados consolidados de las empresas, pero que estimulen la I+D pública agrobiotecnológica de los países en desarrollo. Esto conecta con el siguiente apartado.

 

5.  Conexión entre la protección de la biodiversidad y las relaciones Norte-Sur

No es justo que pidamos a los países poseedores de la mayor biodiversidad (que suelen ser pobres) que la conserven (ahora que más falta nos hace a todos, pero sobre todo ahora que se necesita para los nuevos avances biotecnológicos), sin darles nada a cambio. La falta de recompensa a los esfuerzos de innovación agropecuaria y conservación de biodiversidad que desde hace generaciones vienen realizando los pequeños agricultores, especialmente de los países tropicales, están reclamando un nuevo sistema más equitativo. La lamentable ironía de la situación actual es que mientras se protegen mediante patentes las invenciones de los países ricos, no hay un mecanismo simétrico que premie de alguna forma a las comunidades y países que son el origen de la biodiversidad natural o doméstica de la que se beneficia principalmente el Norte desarrollado. La consecuencia de todo ello no puede ser más clara: seguiremos perdiendo la base biológica de nuestro sustento y profundizando la brecha Norte-Sur.

Es decir, como dice Emilio Muñoz (1998 b, p. 54), los recursos naturales genéticos adquieren valor económico y comercial estratégico y son el centro de una confluencia de intereses que confiere a la conservación de esos recursos una situación conflictiva entre los poseedores de esos recursos (generalmente países en desarrollo) y los usuarios de los mismos (investigadores y empresas del primer mundo).

En la Cumbre de la Tierra de Río (1992) el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) pretendió establecer las bases de un nuevo sistema más equitativo para el disfrute de dichos recursos. La idea consiste en conjugar el libre comercio de recursos genéticos, el intercambio de tecnologías y la justa compensación a los países donadores de germoplasma, lo que se espera redunde a su vez en desarrollo sostenible y preservación de los recursos vivos. El artículo 1 del CDB contiene los objetivos generales del Convenio: conservación de la diversidad biológica, uso sostenible de los recursos genéticos y reparto equitativo de los beneficios resultantes. Los redactores del Convenio pretenden la integración del libre comercio de los recursos genéticos (artículo 15) con el intercambio de tecnologías (artículo 16) y la compensación justa por el acceso a los recursos biológicos de otros (artículo 19). Se espera que en los próximos años, hacia el entorno del 2000, la Conferencia de las Partes  llegue a un mecanismo consensuado que mejore el acceso a los recursos genéticos de los países tropicales, garantizándoles compensaciones justas.

Este acuerdo prometedor (si se desarrolla adecuadamente) ha sido ratificado por más de 160 países, pero no por los EE.UU., a pesar del apoyo inicial de la industria biotecnológica: a última hora, las suspicacias contra la regulación internacional relativa a la bioseguridad y las dudas sobre la protección de patentes biotecnológicas, junto con la mayoría republicana en el Congreso, hicieron que la prevista ratificación pasara al limbo (lo que da idea de por dónde van los tiros en la cooperación al desarrollo que últimamente despliega la superpotencia). Sin embargo...

(...) "el recurso al potencial genético como una palanca que actúa en el mercado mundial representa una poderosa atracción para los países en vías de desarrollo. Los científicos y las empresas de las sociedades avanzadas deben reconocer el valor de los recursos genéticos y de lo que éstos significan para los países en desarrollo. Con este reconocimiento, los científicos y la industria podrán superar una visión alicorta que les coloca en peligro de dejar pasar una oportunidad ganadora en una perspectiva global y estratégica de la investigación y el desarrollo tecnológico que persiga el futuro más solidario y prometedor respecto del medio ambiente" (E. Muñoz, 1998 b, p. 55).

Lo que hay que resolver pues es el marco que se crea para vincular equidad (compensaciones a los países en desarrollo) con acceso de los países ricos a los recursos de los países poseedores de esa biodiversidad. En resumidas cuentas, ¿cómo se paga a los países donantes de los recursos genéticos buscados por los países occidentales? A la espera de que se tome en serio la aplicación del CDB, podemos tomar nota de algunas experiencias e ideas sobre cómo repartir los beneficios de la biodiversidad de manera justa y equitativa:

En 1991 se firmó un acuerdo entre la Merck y el Instituto de Biodiversidad (InBio) de Costa Rica: éste se comprometía a suministrar a la empresa muestras de insectos, plantas y microorganismos para su programa de bioprospección farmacéutica; a cambio, la multinacional transfirió al InBio más de un millón de dólares, amén de un porcentaje (entre 0.25 y 3%) sobre los royalties de los productos desarrollados a partir de las muestras. (Es probable, de todos modos, que ese porcentaje no haya sido especialmente generoso para el bello país centroamericano, habida cuenta de que un proyecto de bioprospección en el estadounidense Parque Nacional Yellowstone previó participación en un 10%). Quizá más interesante aún, la Merck suministró asistencia técnica y formación para ayudar a Costa Rica a montar infraestructuras biotecnológicas, y el InBio se comprometió a dedicar 10% del pago en efectivo y 50% de las participaciones en royalties para financiar el fondo del sistema de Parques Nacionales del país. Lo novedoso del acuerdo, era pues, que su misión es la conservación del patrimonio natural de una nación riquísima en biodiversidad.

La Healing Forest Conservancy de Washington está desarrollando principios para que las empresas privadas compensen a los países que firmen acuerdos por el uso medicinal de su biodiversidad, independientemente de su origen.

Son interesantes las experiencias de colaboración directa entre empresas y comunidades locales o grupos indígenas, ya que en principio se garantiza un retorno y gestión más inmediatos de sus beneficios a la población responsable y conocedora de los secretos de su propio patrimonio biológico.

Este es el caso de acuerdos entre Shaman Pharmaceuticals y tribus indígenas, con el aliciente de que la empresa retorna compensaciones independientemente de que se originen productos rentables a corto o medio plazo.

Los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) firmaron en 1993 un acuerdo de derechos de criadores de plantas en el que se considera igualmente la necesidad de que los beneficios reviertan directamente en las comunidades indígenas.

En Filipinas, un decreto presidencial de 1995 establece que la bioprospección de recursos en terrenos indígenas debe contar con el consentimiento previo de las comunidades, y que debe prever pago en forma de participación en royalties y retornos directos a las poblaciones locales.

En 1993 se firmó un acuerdo entre el Jardín Botánico de Nueva York y la Federación de tribus Awa de Ecuador que reconocía una serie de prerrogativas para esa etnia derivadas de la labor de recogida de muestras.

 

No todo es positivo en algunas de estas experiencias que ligan la bioprospección con la conservación de la biodiversidad y las compensaciones por su uso. El citado acuerdo entre la Merck y el InBio daba derechos exclusivos de explotación a esa multinacional, impidiendo la entrada de otros participantes. Igualmente el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. parece estar por la idea de que pague todo aquel que quiera explorar sur recursos. Aunque es comprensible esta postura, especialmente en el caso de los países en desarrollo (en la medida que en ellos es el obtener beneficios es uno de los pocos incentivos económicos que pueden tener para conservar sus zonas naturales), tal como se está desarrollando, a base de acuerdos exclusivos, va en contra del espíritu y la letra del Convenio de Biodiversidad de Río. La idea de esta cumbre no era fomentar acuerdos bilaterales que impidieran la entrada de otros agentes, sino el libre acceso a los recursos genéticos a cambio de justas compensaciones. Pero habría que proteger el trabajo sin intereses comerciales que tradicionalmente han desarrollado los científicos en las áreas naturales, trabajo que por lo demás sienta las bases para el conocimiento de la biodiversidad, sin el cual la ulterior explotación económica no podría avanzar.

 

Por otro lado, hay que cuidar la toma de medidas por parte de los países ricos en biodiversidad, para que puedan beneficiarse más.

Concretamente, estas naciones deberían poner en marcha programas de catalogación y manejo de la biodiversidad, y no esperar a tomar decisiones en función de los intereses de las entidades bioprospectoras.

 

Un área donde los países en desarrollo pueden participar sin grandes gastos es la catalogación electrónica: cualquier tipo de dato relevante (ecosistemas, diversidad de especies, usos de las mismas, conocimientos locales, etc.) puede integrarse en bases de datos relacionadas entre sí y vinculadas, vía Internet, con otras bases de datos repartidas por todo el mundo, lo que crea un caudal de conocimiento que de por sí tiene interés económico, independientemente de que luego pueda encontrarse alguna aplicación. Países como Costa Rica y México ya han emprendido decididos pasos en este sentido.

 

Igualmente, hay que evitar la tendencia de estos países a centrarse demasiado en la transferencia inmediata de tecnología avanzada, y que concedan más valor a la formación de técnicos y científicos, y al establecimiento de instituciones adecuadas capaces de gestionar sus recursos

Swanson, citado por Muñoz (1998 a, p. 32-34), propone algunas otras ideas de gran alcance:

Que los gobiernos favorezcan políticas de seguros basadas en la preservación de la biodiversidad usada por la biotecnología.

Modificación de las políticas que subvencionan los productos agrícolas, que conducen a la sobreexplotación.

Incentivación internacional para que los países pobres adopten vías de desarrollo que preserven sus recursos. En este sentido, se habla de establecer un fondo mundial para respaldar la continuidad de la gestión local de los recursos vegetales (véase Tuxill, 1999, p. 217), como una manera de compensar por el histórico papel en la generación de biodiversidad cultivada.

 

Según Swanson, existen tres posibles modos de adoptar políticas que aumenten los beneficios de esos países cuando invierten en diversidad:

acuerdos internacionales de tipo franquicia que supongan subsidios directos a los países comprometidos con usos sostenibles de sus recursos vivos.

Reformas del sistema internacional para el comercio de la vida silvestre que fluye entre hábitats distintos.

Incidiendo en algo ya expresado más arriba, se podría establecer un sistema internacional análogo al de propiedad intelectual, por el que se incentivara la biodiversidad.

 

El sector privado está invirtiendo masivamente en la biotecnología agrícola debido a la protección por patentes de su material y a las expectativas (ya realidades en muchos casos) de desarrollar plantas transgénicas que se acomodan a su "filosofía" empresarial. (Un sitio para obtener datos sobre las magnitudes económicas de las empresas implicadas en biotecnología vegetal es AgBioForum). Sin embargo, sus ulteriores avances van a depender de la caracterización de nuevos genes útiles, por lo que estas mismas empresas están empezando a financiar estudios a más largo plazo sobre genómica vegetal. Esperemos que en el futuro, se establezca un clima de colaboración entre la necesaria investigación pública y la igualmente necesaria I+D privada. Incluso por cálculo egoísta, las grandes empresas del mundo desarrollado deberían ayudar a la adopción de nuevas técnicas en los países en desarrollo.

Según la FAO, el sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI) debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los objetivos de desarrollo, políticas y prioridades socioeconómicas de los distintos países, pero manteniendo al mismo tiempo la innovación y la aplicación de las nuevas biotecnologías. Los países en desarrollo que ya tengan economías más orientadas al mercado pueden estar más interesados en implantar un buen sistema de derechos de criadores de plantas (DCP), estimulando la inversión del sector privado y promoviendo la sana competencia y los vínculos entre el sector público y el privado. Los países del Tercer Mundo deben tener cuidado de que el sistema de DPI no restrinja el acceso ni el uso de los recursos genéticos, ni inhiba la promoción de la I+D, ni dañe el entramado socioeconómico.

Aunque ahora no obtengan allí muchos beneficios, las multinacionales deberían cuidar lo que pueden ser mercados estratégicos emergentes en un futuro. Algunas compañías multinacionales han iniciado programas de apoyo al Tercer Mundo.

Monsanto está transfiriendo tecnología a Costa Rica (mejora de bananas, piña, café y palmas) y México (patatas).

Pioneer Hi-Bred trabaja en colaboración con empresas de varios países para mejorar variedades locales de maíz, sorgo y girasol, y posee instalaciones de producción de semillas en varios países en desarrollo.

El Servicio Internacional para la adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas (ISAAA) está financiado, aparte del 60% recibido por entidades filantrópicas, y del 30%  de agencias bilaterales, por un 10% de empresas biotecnológicas: Novartis, Agrevo, Pioneer y Monsanto.

 

En resumen: Aún queda casi todo por hacer, comenzando por establecer un sistema legal efectivo de ámbito internacional. En él habrá de responderse a importantes cuestiones prácticas: cómo compensar (condonaciones de deudas, participación en royalties, ayudas monetarias y financieras), a quién compensar (al país, a la región, a las comunidades indígenas, etc.). No menos importante es el tema de la transferencia tecnológica y la potenciación de la investigación y desarrollo de los países más pobres. ¿Será posible adaptar la sofisticada biotecnología occidental al servicio de las múltiples necesidades y contextos ecológicos y culturales de las comunidades en vías de desarrollo? En este sentido no se puede olvidar que cada comunidad es depositaria de una secular sabiduría y modo de vida de la que hay que partir, para aprovechar todo su potencial, de modo que sean las modernas técnicas las que se amolden a las condiciones locales, y no al revés.

Pero en última instancia, de lo que se trata es de algo más que simple cambio de "deuda por conservación" o "deuda por investigación"; ello constituiría un magro pago (para lavar la mala consciencia occidental) a las naciones que poseen la mayor parte de la biodiversidad. Se trataría más bien de crear nuevas relaciones (no meros contratos) en las que los países en desarrollo participen equitativamente en todos los programas biotecnológicos centrados en la biodiversidad, y en los que se asegure un disfrute sostenible de los recursos. Es decir, la clave estriba en la participación en el proceso, y no sólo en compartir algunos beneficios. Ejemplos de algunas de estas formas de participación más equitativa: