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ELCOMERCIO DE ARMAS Y LOS DERECHOS HUMANOS archivo del portal de recursos
para estudiantes |
Necesidad de controlar el trafico de armas
Dentro de lo posible, siempre es mejor prevenir que lamentar.
Si se considera que el comercio indiscriminado de armas es un factor que
incide directa o indirectamente sobre las violaciones de derechos humanos,
se impone un imperativo moral muy poderoso de hacer algo al respecto. Antes
que esperar que se desate un conflicto armado, o bien un patron sistemático
de violaciones a los derechos humanos, desde todo punto de vista es preferible
realizar labor preventiva, procurando eliminar aquellos factores que pueden
incidir en estas situaciones.
Sobre todo, generalmente es difícil para la comunidad de
estados intervenir directamente dentro de un país donde se están
violando sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos
-a menos, claro está, que tales violaciones estén ligadas
a conflictos armados internos de tal crueldad que la comunidad internacional
se vea obligada a tomar acción según los lineamientos del
Capítulo VII de la Carta de la O.N.U, o bien según mandatos
regionales, como fueron las operaciones ECOMOG I y II en Africa Occidental.
Sin embargo, lo que los estados si pueden y deben hacer es dejar de proveer
instrumentos que contribuyen con esas violaciones de derechos humanos. Esta
debería ser la política de todo estado verdaderamente consecuente
con el discurso de derechos humanos.
Momento favorable
Las circumstancias actuales presentan condiciones favorables para
aspirar a un comercio de armas más responsable. Entre las razones,
desde luego, está el fin de la Guerra Fria y la desaparición
de las aparentes motivaciones ideológicas o estratégicas que
estimularon gran cantidad de las transferencias de armas en los años
anteriores, armas que todavía siguen alimentando conflictos armados.
El fin de la confrontación Este-Oeste también ha significado
una mayor apertura hacia la cooperación entre antiguos rivales. A
partir del fin de la guerra fria y sobre todo de la guerra de Iraq de 1991,
ha habido una tendencia creciente hacia el desarrollo de iniciativas regionales
y mulitilaterales para el control del trafico de armas convencionales. Entre
ellas destacan la creación del Registro de Armas Convencionales de
la ONU y el recientemente aprobado Código Europeo sobre Transferencia
de Armas.
Por otro lado, la multiplicación de organizaciones no-gubernamentales
(ONGs) es un factor que puede efectivamente influir sobre las políticas
estatales. A través de estas organizaciones y con la ayuda de los
avances en telecomunicaciones, como el fax, el correo electrónico
y la internet, miles de personas pueden unirse para presionar a los políticos
para que se adhieran a principios éticos más estrictos. El
proceso de Otawa, que concluyó con la firma por 122 países
de la Convención sobre la Prohibición
del Uso, Acumulación, Producción y Transferencias de Minas
Terrestres Anti-personales y su Destrucción,
el 3 de diciembre de 1997, es un excelente ejemplo del creciente poder de
las ONGs -un poder que se incrementa con los avances en las telecomunicaciones.
Un caso similar, aunque no tan exitoso, se dio también
en 1997, en EE.UU., cuando la Cámara de Representantes del Congreso
aprobó una moción para incluir un Código de Conducta
sobre la Transferencia de Armas como parte del "Foreign Relations Authorization
Act". Aunque finalmente la aprobación de este Código
de Conducta estadounidense no se dio, pues se excluyó de la discusión
posterior por el Senado, se debe reconocer que este logro inicial fue producto
en gran medida del trabajo de cientos de activistas, tanto dentro de EE.UU.
como en otros países que, con la ayuda principalmente del correo
electrónico, lograron trabajar en forma coordinada, y a la vez difundir
información valiosa al público mientras ejercían un
intenso cabildeo sobre los políticos estadounidenses.
Razones éticas
Conforme los ciudadanos tienen mayor acceso a la información,
y conforme aumenta su capacidad de cabildeo, las consideraciones éticas
podrían y deberían llegar a jugar un papel más importante
en la política y en las relaciones internacionales. Precisamente,
la doctrina de los derechos humanos ha permeado el globo. Es difícil
para la gente no commoverse ante las escenas de violencia y pobreza que
los medios de comunicación nos transmiten a diario. Por lo tanto,
parece apropiado reflexionar sobre la relación entre el comercio
de armas y las violaciones a los derechos humanos como un tema que puede
sugerir direcciones importantes para la labor preventiva de violaciones
a los derechos humanos.
Razones prácticas
Desde luego, hay otra serie de razones no-eticas o pragmáticas
que indican que es estratégicamente conveniente controlar el tráfico
de armas. El llamado "efecto boomerang" demuestra el costo de
armar a gobiernos represivos e inestables. El caso clásico es Irak,
donde países como EE.UU., el Reino Unido y Francia tuvieron que enfrentarse
luego a un dictador que ellos armaron, llegando sus soldados a enfrentarse
contra las armas y tecnología que sus propios gobiernos suplieron.
En el caso particular de EE.UU., las últimas cinco veces que ha enviado
soldados para intervenir en situaciones de conflicto armado en Panamá,
Iraq, Somalia, Haití y Bosnia, sus tropas se ha tenido que enfrentar
a fuerzas que han sido armadas y entrenadas por los mismos estadounidenses.
Todo esto sin mencionar los enormes costos económicos que significan
las operaciones de mantenimiento de paz.
Por otro lado, cuando los países productores de armas de
alta tecnología, como son los aviones de combate o misiles "inteligentes",
las transfieren a otros estados, se ven obligados a gastar miles de millones
de dólares sólo para desarrollar armas más sofisticadas
en su afán por mantenerse a la delantera. Esto desde luego significa
un gran costo económico para estos países exportadores de
armas, mientras que son las industrias fabricantes de estas armas las que
generalmente se benefician.
Comercio de armas y derechos humanos
En cuanto a la relación entre las transferencias de armas
y las violaciones a derechos humanos, hay por lo menos tres maneras como
estas transferencias pueden contribuir con las violaciones. Me concentraré
en armas convencionales y armas livianas, pues son estas las más
frecuentemente usadas.
1.- Las compras de armas consumen escasos recursos
La primera forma en que el comercio de armas contribuye a violar
derechos humanos es una relación económica: el dinero y recursos
usados por paises pobres para adquirir armas, que en la mayoría de
los casos son más bien usadas para oprimir a la gente, pudieron haber
sido empleados para satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos.
Esta relación indirecta contribuye a violar sobre todo derechos economicos
y sociales como son el derecho a un nivel de vida decente, incluyendo alimentación,
vestido y vivienda (art 25 Declaración Universal --DU-- y 11 del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales --PDESC--), a
la educación (art 26 DU y 13 PDESC), al trabajo (art 5 DU y 6 PDESC)
y así sucesivamente. Este argumento tiene dos puntos delicados.
a) El primero es que estos derechos de segunda generación
no son tan facilmente reclamables como sí lo son la mayoria de los
derechos civiles y políticos, puesto que su realización depende
de los recursos económicos de un estado, por lo que la doctrina tiende
a considerarlos más bien como derechos programáticos o aspiraciones.
Si los estados no tienen recursos suficientes para construir escuelas, hospitales
o darle empleo a sus ciudadanos -se argumenta-no se les puede obligar a
lo imposible. En parte por esto es que los derechos economicos, sociales
y culturales se enunciaron en un pacto separado a los derechos civiles y
políticos, los que usualmente se considera que se deberían
poder cumplir en cualquier momento y lugar. A pesar de esto, los estados
que han suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
adquirieron un compromiso moral de hacer lo posible por proveer a sus ciudadanos
con las circumstancias para que puedan disfrutar de estos derechos. Destinar
recursos a la guerra o a la opresión en ultima instancia es una forma
de negarle educación y oportunidades a la gente. Precisamente, si
el argumento que se invoca para desconocer la existencia de estos derechos
de segunda generación es la falta de recursos, esta justificación
pierde validez desde el momento en que los escasos recursos de una nación
se gastan en la compra de armas.
b) Precisamente, otro aspecto delicado de este argumento es lograr
establecer la causalidad entre el gasto en armas y la pobreza, y más
específicamente la falta de satisfacción de necesidades básicas
de la gente. Esto sobre todo por la cantidad de variables que pueden estar
presentes. Sin embargo, el mero sentido común indica que una cantidad
de dinero específica que se emplea en armas igualmente se pudo haber
utilizado en otros fines de mayor utilidad social. Por ejemplo, el Informe
del PNUD de 1994 muestra algunos cálculos del costo de oportunidad
que la adquisión de armas podría haber significado para algunos
países:
Pero los efectos de las compras de armas no se limitan a los países
en vías de desarrollo. Se requería solamente de una fracción
de los $272 mil millones gastados por EE.UU en sus Fuerzas Armadas en 1997
para eliminar la falta de vivienda o el analafabetismo en ese país.
Estos son solo unos ejemplos entre varios. Si hay algo claro es
que, en general, la adquision de armas es la peor inversión que un
país puede hacer, porque idealmente no se deberían utilizar,
por lo que el dinero se pierde y, si se utilizan, son fuente de sufrimiento
humano.
2.- Las armas contribuyen a iniciar y perpetuar conflictos
armados
La segunda forma en que el comercio de armas puede servir para violar derechos humanos es aumentando la posibilidad de que surja un conflicto armado o bien prolongando innecesariamente aquellos que ya han estallado. La guerra y los conflictos armados, tanto entre estados como dentro de los estados, pueden constituir la mayor violación a toda la gama de derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida misma. Esta relación entre las transferencias de armas y el potencial para el conflicto se puede analizar en tres niveles: el regional, el estatal y el personal.
a) A nivel regional o interstatal, a pesar de que las transferencias de armas por sí solas
no son causa directa de la guerras, sí aumentan el potencial de conflictos
armados a nivel regional. El patrocinio militar externo -incluyendo las
tranferencias de armas-de parte de algunas potencias a países del
tercer mundo, ha hecho que paises relativamente pobres como Nicaragua, Etiopia
o Siria pudieran llegar a desarrollar modernos aparatos militares, desproporcionados
a las posibilidades reales de estos países. Esto a su vez incide
en las posibilidades de desestabilidad regional, o bien hace que las soluciones
cooperativas a los conflictos sean menos probables. Por otro lado, estos
aparatos militares hipertrofiados y todopoderosos sirven para marginar a
aquellos grupos dentro de un estado que intentarían lograr soluciones
pacíficas a conflictos regionales. En Centroamérica, el ejemplo
de Nicaragua es particularmente claro. Con la ayuda soviética y cubana,
Nicaragua logró armar un ejército de más de 80,000
hombres durante los primeros años de la decada de los años
80, con el pretexto de defenderse ante una invasión por parte de
EE.UU. Esto, a su vez, fue percibido por los países vecinos como
una amenaza a su seguridad, contribuyendo a la crisis de seguridad regional.
Aún en Costa Rica, ante el temor al poderío militar del vecino
del norte y de una inminente amenaza -sentimientos exacerbados por los medios
de comunicación-algunas personas incluso comenzaron a abogar por
la reinstauración del ejército.
Además, las transferencias masivas de armas, en especial
de armas livianas, pueden contribuir a prolongar innecesariamente aquellos
conflictos armados existentes o latentes. Un ejemplo entre muchos es el
caso de Angola. Durante la decada de los años 80, la Unión
Sovietica abasteció al Movimiento para la Liberación Popular
de Angola (MPLA) con alrededor de $2 mil millones anuales en armas, mientras
que EE.UU. y Sudafrica conjuntamente aportaron alrededor de $500 millones
en armas livianas y medianas a los rebeldes de la Union Nacional para la
Liberación Total de Angola (UNITA). Luego de las elecciones de 1992,
en las cuales gano el MPLA, UNITA tenía tal cantidad de armas almacenadas
que facilmente pudo ignorar estas elecciones y reasumir el conflicto armado,
el cual dejó unos 500 mil muertos más hasta el nuevo cese
al fuego en 1994.
c) Finalmente, a nivel individual, las condiciones descritas anteriormente claramente contribuyen
a violar los derechos de los ciudadanos, en especial los derechos civiles
y políticos. Aquellos que se atreven a clamar por espacios de mayor
apertura democrática dentro de algunos regimenes dictatoriales arriesgan
la muerte, el encarcelamiento o la tortura. Y esto se refiere principalmente
a la tercera forma como el comercio de armas contribuye a las violaciones
a los derechos humanos.
3.- Las armas son usadas en contra de las personas
Por último, la tercera forma como las transferencias de
armas pueden afectar los derechos humanos es la más directa, y se
refiere al uso que los gobiernos o bien fuerzas insurgentes pueden darle
a esas armas para emplearlas en contra de la población. Existen varios
estudios que claramente señalan este vínculo. Por ejemplo,
en 1992 Human Rights Watch estableció el Proyecto sobre Armas, el
cual busca monitorear casos documentados de violaciones de derechos humanos,
trazando las armas utilizadas hasta sus fuentes. Esto con el fin de estimular
a los gobiernos a cesar transferencias de armas a fuerzas abusivas. Este
proyecto ha presentado estudios sobre Turquía, Angola y Rwanda, entre
otros, y la información relevante se encuentra disponible en su página
web. El principio que motiva este trabajo de Human Rights Watch es que el
exponer a los proveedores de armas ante la opinión pública
es un medio eficaz para ayudar a controlar el tráfico de armas.
En el caso de Turquía, por ejemplo, el informe presenta
los resultados de 29 casos individuales de violaciones a los derechos humanos
y al derecho internacional humanitario por las fuerzas de seguridad turcas
durante los años 1992-95, ubicando las fuentes de las armas utilizadas.
El conflicto con los Kurdos ha resultado a la fecha en más de 19.000
muertos, incluyendo alrededor de 2.000 ejecuciones sumarias de supuestos
simpatizantes de los Kurdos, 2 millones de desplazados internos y más
2.200 pueblos destruídos. Siendo miembro de la OTAN y un aliado estratégico
para la política exterior de EE.UU. hacia el Medio Oriente, Turquía
se ha visto beneficiada por varios programas de transferencias de armas.
Los miembros de la OTAN le han vendido y donado a Turquía grandes
cantidades de armas, incluyendo más de 500 aviones de combate, 500
helicópteros de combate, 5.000 tanques y miles de armas livianas.
Estados Unidos ha proveído alrededor del 80% de estas armas.
El estudio de Human Rights Watch determina claramente que los
aviones de combate suministrados por EE.UU. fueron utilizados para atacar
y destruir poblaciones civiles y que los helicopteros fueron usados para
destruir pueblos, realizar ejecuciones sumarias, tortura y fuego indiscriminado.
También se determinó que otras armas convencionales y livianas
provenientes de EE.UU. y otros miembros de la OTAN fueron utilizadas en
otros incidentes de violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Estados
Unidos estaba al tanto de esto, según consta en un reporte del Departamento
de Estado de 1995.
Por su parte, el estudio también determinó que las
fuerzas Kurdas también cometen serias violaciones a los derechos
humanos, tales como ejecuciones sumarias y fuego indiscriminado e intencional
contra civiles. Mientras que algunas de las armas del Partido Kurdo probablemente
fueron suministradas por Irán, Armenia y Siria, la gran mayoría
probablemente fueron obtenidas en mercados negros a través de Europa,
el Oriente Medio y Asia central.
Vale la pena señalar que Gran Bretaña y Finlandia
han continuado transfiriendo armas y municiones a Turquía a pesar
de la puesta en práctica del Código Europeo sobre Transferencias
de Armas en mayo de 1998. Turquía también se encuentra envuelta
en una disputa territorial con Chipre, lo cual técnicamente la debería
rendir no-apta para recibir transferencias de armas, según los lineamientos
del Código Europeo. Como EE.UU. y los países de la OTAN tienen
en Turquía un importante aliado ante eventuales conflictos en el
Medio Oriente, las consideraciones estratégicas y económicas
parecieran en este caso ser más fuertes que las morales.
En el caso de Angola, Human Rights Watch ha presentado dos informes.
El primero se refiere al periodo entre las elecciones de 1992 y 1994, en
el cual han muerto alrededor de 100,000 civiles, determinando que tanto
el gobierno como las fuerzas rebeldes de UNITA fueron responsables de violaciones
al derecho humanitario. Entre 1993 y 1994, el gobierno de Angola compró
alrededor de $3.5 billones en armas a Rusia, Brazil, Corea del Norte, España,
Portugal, Bulgaria, la República Checa, Ucrania y Uzbekistan. UNITA
también compró grandes cantidades de armas a vendedores privados
y a gobiernos como Sudafrica, Zaire y Namibia. El segundo estudio determinó
que a pesar de los acuerdos de paz y las prohibiciones para que se les vendieran
armas, el gobierno siguió recibiendo armas de Rusia y Ucrania, y
UNITA trajo nuevas armas desde Zaire y Congo.
Otro caso bastante publicitado es el de Indonesia y la invasión
de Timor Oriental. Por su anticomunismo, el antiguo regimen del General
Suharto recibió amplio apoyo de los países occidentales. El
gobierno de EE.UU. le facilitó a los militares Indonesios alrededor
del 90% de las armas que necesitaron en las campañas claves contra
Timor Oriental, y el apoyo militar se incrementó de $83 millones
en 1975 a $131 millones en 1978 y $146 millones en 1982. Como es bien sabido,
la invasión de Timor Oriental ha resultado en genocidio y otras violaciones
masivas de derechos humanos. De una población de 650,000 personas,
se estima que 210,000 personas murieron. Luego de la invasión, los
indonesios mataron a todos los maestros que habían establecido el
sistema educativo. Otros patrones de violaciones a los derechos humanos
incluyen torturas, tratos excesivamente crueles a prisioneros políticos,
desapariciones, entre otros.
Sin embargo, el conflicto también ha tenido costos para
Indonesia. Alrededor de 20,000 soldados indonesios han muerto, y los calculos
del costo economico del conflicto oscilan entre $1millon al día según
el Instituto Católico para las Relaciones Internacionales y $100
millones al mes, según José Ramos Horta. El congreso estadounidense,
nuevamente como reacción a la presión popular, aprobó
recientemente una ley para prohibir transferencias de armas a Indonesia,
aunque otros países como Francia y el Reino Unido lo continúan
haciendo. La salida del General Suharto no parece haber mejorado la situación
del Timor Oriental.
Estos casos presentados muestran como los tres posibles vinculos
causales entre las transferencias de armas y violaciones a los derechos
humanos usualmente se combinan, resultando en situaciones de violencia prolongada,
deterioro de las economías y los consiguientes aumentos de la pobreza.
En particular las armas livianas obtenidas durante la guerra fria siguen
siendo fuente de inseguridad y violaciones a los derechos humanos al ser
utilizadas para transformar el desacuerdo político en conflicto armado,
o bien siendo usadas por delincuentes comunes o narcotraficantes organizados.
Necesidad de un Código Internacional de Conducta
sobre Transferencias de Armas
Todo esto sugiere la importancia de que se desarrollen criterios
para el control del tráfico de armas como una forma de prevenir estas
posibles violaciones de derechos humanos. En la década de los años
90 se ha avanzado bastante en este sentido, aunque todavía falta
mucho por hacer. Definitivamente, un control efectivo de las transferencias
de armas requiere un acuerdo global, pues de lo contrario el argumento de
que "si nosotros no vendemos otros lo harán" continuará
dándole primacía a lo económico sobre lo moral. La
iniciativa, por lo tanto, debe venir del nivel más alto y universal
posible, por lo que el mecanismo ideal sería un Codigo Internacional
de Conducta sobre Transferencias de Armas adoptado a nivel de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Otra alternativa sería que fuera aceptado
y firmado fuera de la ONU, como fue el caso de la Convención de Otawa
sobre Minas Terrestres. Desde luego, ambas posibilidades no son excluyentes
por lo que, sin dejar de aspirar a que eventualmente se apruebe un texto
similar en la ONU, los esfuerzos iniciales podrían concentrarse en
lograr el apoyo político y de base para lograr una convención
internacional para un comercio responsable de armas.
Este Código Internacional, que serviría para armonizar
diferentes políticas nacionales y regionales, basaría la autorizaciones
de las exportaciones de armas convencionales y livianas en los antecedentes
en el respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
por parte de los gobiernos receptores, entre otros criterios. Con el fin
de evitar el derroche de escasos recursos en compras de armas en detrimento
de la satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos,
el Código podría establecer como criterio que el gasto militar
total del gobierno receptor no exceda su presupuesto combinado para salud
y educación Además, debería estar fundamentado en el
Registro de Armas Convencionales de la ONU, aumentado para que incluya los
depósitos y abastecimientos domésticos así como una
categoría adicional de armas livianas. Así, el Código
Internacional de Conducta establecería como requisito para legitimar
una transferencia de armas que el país receptor participe plenamente
en el Registro, por lo que el Codigo y el Registro se complementarían
mutuamente como mecanismos de transparencia y promoción de transferencias
responsables de armas. Al igual que el Registro, idealmente la participación
en el Código debe ser voluntaria, y sería un gran aporte en
la construcción de confianza entre países.
El Código Internacional de Conducta sobre Transferencias
de Armas actualmente propuesto por la Comisión de Premios Nobel se
basa en estos y otros principios. Respaldado hasta la fecha por 16 Premios
Nobel, y numerosas organizaciones dedicadas a la paz y la desmilitarización,
este Código respresenta el principal esfuerzo a nivel global por
lograr un comercio de armas más responsable.
Sin embargo, si se considera el consenso necesario para que la
iniciativa del Codigo Internacional sea aprobada en el seno de la ONU, parece
poco probable que se convierta en realidad a muy corto plazo. Por lo tanto,
acciones intermedias y preparatorias para la adopción de un futuro
Código Internacional podrían incluir el desarrollo de esquemas
regionales para controlar las transferencias de armas, utilizando la experiencia
de la Union Europea. De esta forma se podrían establecer mecanismos
parecidos en América, Africa y Asia. Al fin y al cabo, si bien los
países productores tienen el deber moral de participar, también
lo tienen otros países que si bien no son productores igual exportan
armas, e incluso los países compradores.
En última instancia, el control responsable del comercio
de armas depende tanto de los vendedores como de los compradores. Después
de todo, en general los países pueden escoger si adquieren o no armas.
Sin embargo, en gran parte de los países del tercer mundo que compran
armas no existen las condiciones para que la opinión pública
se manifieste en contra de dichas compras, o en contra de cualquier otra
decisión de sus gobiernos para ese caso. Recordemos que alrededor
del 85 por ciento de los gobiernos a los que EE.UU. le transfiere armas
son calificados por el mismo Departamento de Estado como violadores sistemáticos
de derechos humanos.
Por el contrario, en muchos de los países vendedores, que son las principales democracias del mundo, sí hay mayor posibilidad de que las personas puedan ejercer influencia sobre sus políticos. Por consiguiente, en estos países las personas pueden y deben jugar un papel muy importante para que sus gobiernos se adhieran a principios éticos a la hora de exportar armas. Los derechos humanos no existen sin sus correspondientes deberes humanos, siendo el principal no realizar acciones conscientes que contribuyan a violar los derechos humanos de los demás. Si el vínculo entre el comercio de armas y las violaciones a los derechos humanos queda establecido, directa o indirectamente, se impone el deber moral de cesar estas acciones a aquellos que predican el discurso de los derechos humanos.
Oficial de Programas de la Fundación Arias para la Paz y el
Progreso Humano; Coordinador del Diálogo Centroamericano por la Seguridad
y la Desmilitarización.
1.
A menos que se indique lo contrario, el término "armas"
se utiliza en este artículo en su forma genérica y amplia,
incluyendo por lo tanto las armas convencionales, las livianas y pequeñas
e incluso las de destrucción masiva.
Fuentes consultadas