TRABAJO FORZADO Y TRABAJO LIBRE EN EL POTOSI COLONIAL TARDÍO

La minería de Potosí presentaba, hacia 1790, una estructura tripartita de dueños rentistas, empresarios arrendatarios y trabajadores. Los empresarios tomaban en arriendo una unidad de producción ('ingenio'), que incluía un número de minas en el Cerro Rico, una planta de beneficio de minerales (el 'ingenio' propiamente dicho) y el derecho a una cuota determinada de trabajadores forzados. El contrato de arrendamiento estipulaba el pago semanal de una suma fija al dueño de la empresa, el cual residía a veces en la misma ciudad, y otras en Lima, La Plata (actual Sucre), Buenos Aires o aun en España. Los arrendatarios eran, en general, inmigrantes llegados de España sin capital propio y que para explotar el ingenio y sus minas contaban con el crédito gratuito provisto por el Real Banco de San Carlos, institución estatal que gozaba del monopolio de la compra de la producción de plata. El precio que el Banco pagaba a los empresarios era el valor de la plata en la Casa de Moneda menos el impuesto de 10 por ciento que gravaba la producción minera. Hemos calculado que del excedente generado en la minería potosina el 20 por ciento correspondía a la ganancia del empresario arrendatario, el 37 a la renta pagada al propietario y el 43 a la Corona. Los arrendatarios resentían fuertemente la exacción 'parasitaria' de la renta, pero, a pesar de que los intendentes que gobernaron Potosí hacia 1780-1800 formularon ambiciosos planes reformistas que debían servir, entre otras cosas, para invertir la dominación de la renta sobre la ganancia, la situación se mantuvo inalterada.

Los casi 5.000 trabajadores de la industria estaban divididos por mitades entre libres y forzados. Esa división correspondía a grandes rasgos a la existente entre trabajo calificado y no calificado. En efecto, los trabajadores forzados eran integrantes de una migración anual, la mita, y careciendo de entrenamiento previo en la minería sólo podían cumplir las funciones más simples. Así, en las minas acarreaban sobre sus espaldas las pesadas cargas de mineral, mientras que en las plantas de beneficio se ocupaban de alimentar las máquinas de pulverizar minerales y de tamizar su producto. Esa migración había sido institucionalizada en la década de 1570 por el virrey Toledo, quien dispuso que una séptima parte de los indios varones entre 18 y 50 años de un conjunto de 16 provincias del Virreinato del Perú debían acudir cada año para trabajar en las minas de Potosí. El área así afectada era muy extensa y algunos de los migrantes debían caminar durante un mes entero para llegar a destino.

Hacia 1570 la migración anual había sido de más de 13.000 trabajadores, pero en la segunda mitad del siglo XVIII estaba reducida a menos de 3.000. Esta abrupta caída en los números totales de la mita ha llevado a algunos historiadores a imaginar que ella fue paralela a una pérdida de relevancia de la institución. Como tendremos ocasión de verificar en este estudio, se trata de una impresión equivocada. Una de las causas principales de aquella baja fue la continuada caída de la población indígena del virreinato peruano que iniciada con la invasión europea hacia 1530, no habría de interrumpirse hasta 1750. Pero hacia fines del siglo XVII era evidente que el descenso en el número de migrantes había sido mayor y más acelerado que el de la población total. Un factor que explicaba ese desarrollo era la emigración permanente de tributarios indígenas de los pueblos sometidos a la carga de la mita hacia otros que se hallaban exentos de esa obligación. En la década de 1680 el virrey Duque de la Palata intentó una compleja reforma de todo el sistema de migración compulsiva a Potosí, pero ésta no prosperó; su sucesor, el Conde de la Monclova, enumeró en 1692 los tributarios que debían acudir a las minas cada año, y los distribuyó entre 26 unidades de producción, ordenando la destrucción física de las plantas de beneficio que no habían sido agraciadas con trabajadores forzados.

Esa reorganización no pudo impedir que los números de la mita siguieran bajando. Frente a los 4.145 mitayos de 1692, el virrey Marqués de Castelfuerte precisó en 1736 que, de acuerdo con nuevos datos censales, sólo correspondía una migración anual de 3.199 trabajadores. Sin embargo, los magistrados locales responsables del despacho de los contingentes anuales a Potosí se manejaban con sus propias listas, lo que daba por resultado que algunas regiones enviaran más y otras menos tributarios de los que habían sido fijados por el cómputo virreinal.

Elaboradas disposiciones legales presidieron desde su instauración en la década de 1570 el proceso de trabajo al que se veían afectados los mitayos. Los migrantes estaban obligados a trabajar para un determinado empresario minero una de cada tres semanas durante el año de su estancia en Potosí. Las ordenanzas fijaban los salarios que los trabajadores recibirían durante esa semana, los que eran explícitamente inferiores a los prevalecientes en el mercado de trabajo libre que existió en Potosí desde los inicios mismos de su explotación en la década de 1540. Las ordenanzas fijaban también una jornada máxima para el trabajo diario de los mitayos. La reglamentación parecía tomar así en cuenta el interés de los empresarios mineros aunque sin descuidar la protección de los trabajadores forzados. Los primeros se beneficiarían de las ventajas del trabajo compulsivo propiamente dicho (oferta abundante y fija de trabajadores, salarios por debajo de los corrientes en el mercado libre), además de contar con la oferta eventual de la fuerza de trabajo de los mismos mitayos en las semanas de 'descanso', la que se negociaría según los términos del mercado libre. En cuanto a los mitayos, si bien se reconocía que los salarios de la semana obligatoria eran inferiores a los libres, se les daba la oportunidad de compensarlos con su trabajo minero o sus actividades mercantiles durante las dos semanas de 'descanso' siguientes.

Consideraciones de rentabilidad llevaron pronto a cambios fundamentales en ese arreglo. Las condiciones de sumisión de la mano de obra mitaya, creadas por la estructura de la migración forzada, no eran propicias para el respeto de las limitaciones humanitarias establecidas por la legislación. El estado colonial movilizaba todos sus recursos para garantizar que la migración mitaya llegara a Potosí, y en el largo plazo no puede sino concluirse que, a pesar de la caída en los números, lo hizo con eficiencia. Pero, en cambio, el control del cumplimiento de las condiciones que la legislación estableció para la concesión de las cuotas de migrantes forzados a los propietarios mineros fue un fracaso espectacular. La coincidencia de intereses crematísticos que ligaba a la Corona con los empresarios embarazaba todo intento de control demasiado riguroso. Pero, más aun, era la migración mitaya como tal la que no favorecía limitación alguna en la intensidad de la explotación del trabajador. El empresario casi no tenía incentivos para proteger a su mano de obra; como el mitayo no era reclutado en un mercado libre, las condiciones imperantes en una unidad de producción no podían alejar a potenciales trabajadores; el mitayo no podía optar por abandonar la planta a la que había sido asignado, salvo en una huida que le acarrearía diversos perjuicios, mientras que el empresario, como veremos más adelante, podía obtener compensaciones pecuniarias por la ausencia de aquél. En el otro extremo del espectro, el mitayo no era un esclavo y su superexplotación no ponía en riesgo inversión alguna; tampoco debía preocuparse el empresario por la reproducción o aun la reconstitución de la fuerza de trabajo, pues éstas dependían de una economía totalmente separada de su esfera de producción, caso distinto de la servidumbre feudal. En conclusión, la rentabilidad inmediata era el criterio empresarial fundamental en sus relaciones con los mitayos.

La consecuencia fue la alteración de las jornadas de trabajo y los descansos fijados hacia 1570. Muy tempranamente se instauró el trabajo nocturno, y luego, hacia 1606, la permanencia de los mitayos durante toda la semana en el Cerro. Mucho más importante, algunos empresarios reemplazaron la idea misma de una jornada de cierto número de horas por la de una cuota fija, o 'tarea', a cumplir, la que se medía en unidades de peso que el mitayo debía extraer de la mina. La práctica debe haberse insinuado desde los primeros días de la institución de la mita ya que fue prohibida en 1574 al establecerse que, durante su jornada de trabajo, los indios " ... hagan lo que pudieren, conforme a lo que está proveído buenamente". Las prohibiciones se reiteraron, pero sin resultado.

Un texto de 1670 explicita la lógica de los empresarios potosinos. Su autor cita la ordenanza de que los indios " ... hagan lo que pudieren... buenamente", pero sugiere que ésta debe entenderse como que "obliga al indio al fruto que buenamente pudiere rendir su trabajo en las 10 horas del día solar", y lo que ocurre es que el indio falta a su obligación dedicando al trabajo sólo cinco de las diez horas, mientras que su ociosidad innata lo hace invertir las restantes cinco horas en mascar coca, descansar y dormir. En conclusión, siempre según nuestro autor, la imposición de tareas es el único medio de asegurar que toda la jornada de trabajo sea dedicada a la producción. En todo caso, es evidente cuánto se facilita por ese medio el control empresarial. Si toda forma de trabajo forzado presenta el problema de los intentos de los trabajadores de esquivar sus obligaciones laborales con el consiguiente aumento de los costos de supervisión, las cuotas fijas o 'tareas', reducen dicho control a un mero cómputo del peso de los minerales extraídos de la mina, más la ocasional verificación de que éstos respondan a la calidad promedio esperable y no contengan piedras o tierras sin valor.

Así como la idea de una jornada de trabajo de duración limitada era inaceptable para los empresarios mineros, la alternancia de semanas de obligación mitaya con otras de 'descanso' se les aparecía como una reglamentación doblemente engorrosa. (La idea de tomarme el trabajo de transcribir todo el texto es para que puedas acceder al material de estudio de manera gratuita, hacé el esfuerzo y seguí la cadena: topbirra@yahoo.com.ar). Era contraria a la posibilidad de imponer tareas cuyo cumplimiento se extendiera más allá de la se mana obligatoria, y, más aun, presuponía el pago de salarios más elevados al mismo trabajador por el cumplimiento de la misma función por el hecho de estar en una semana de descanso o 'libre'. Durante la ya mencionada reforma que el virrey Duque de la Palata intentó efectuar en 1689, la proporción entre mita y descanso fue cambiada a una semana obligatoria seguida por una sola semana de descanso, con el propósito de reducir el número total de migrantes para el cumplimiento de igual cantidad de jornadas; pero el virrey Conde de la Monclova restituyó en 1692 la proporción original de una semana de mita seguida de dos libres. Los empresarios potosinos no quedaron satisfechos y, en 1710, solicitaron, sin resultado, que se eliminase la idea misma del 'descanso' para los mitayos; en 1714 piden que por lo menos la proporción sea cambiada a dos semanas de mita y una sola de descanso, pero en 1732 se ratifica una vez más la proporción tradicional entre una semana compulsiva y dos libres.

La realidad de la mita, sin embargo, era escasamente conmovida por las fluctuaciones de la legislación. Certificaciones oficiales de 1740 y 1801 permiten apreciar que coexistían entonces grupos de mitayos cuyos contingentes, o 'gruesas', se dividían en sólo dos equipos semanales, o 'puntas', con otros que respetaban la división en tres. Esta desviación del marco legal era, por supuesto, resultado de las presiones de los empresarios mineros. En 1755, por ejemplo, los caciques de Quispicanchis y los capitanes enteradores de sus mitayos piden a las autoridades potosinas que obtengan de los empresarios que puedan ellos " echar tres puntas a la semana de cédulas (mitayos), porque no admiten más que dos…” ya que "…enterando tres puntas están aliviados los Indios de la Mita, y tienen lugar de buscar, que comer para sus mujeres e hijos".

El problema era más serio que un 'abuso' ocasional por parte de algunos empresarios. Victorián de Villava, agudo crítico de la mita, escribía en correspondencia particular al intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz, destacado defensor de la institución:

Vuestra merced pinta la cosa para engañabobos diciendo; el Indio no viene (a la mita) sino de tal a tal

edad; el Indio no viene sino de siete en siete años; el Indio no trabaja sino de tres en tres semanas una, luego

al cabo de su vida no le toca sino tanto. Esto debía ser según las Leyes, pero nada de esto es...

En general sólo descansaban una semana en tres, y "... aun aquella (semana) se emplea en completar las tareas excesivas que les imponen". La fijación de 'tareas' es, entonces, el mecanismo que organiza el proceso de trabajo mitayo. Fue su manipulación lo que permitió a la minería potosina aumentar su producción duplicándola entre la década de 1740 y la de 1790. Con un número de mitayos prácticamente constante entre esas fechas, el aumento del, volumen de mineral procesado no pudo sino implicar una mayor intensidad del trabajo forzado.

Se instauraba así un proceso de trabajo que abarcaba ininterrumpidamente las 52 semanas del año. Aun más, se modificaban las características del trabajo individual. La familia entera del mitayo que lo ha acompañado en su migración lo ayuda a satisfacer sus tareas. Los indios de Yura, Porco, declaran en 1797 que el aumento de tareas hace que " ... no solamente vamos a la Mita las Indios nombrados, sino cada uno con nuestras mujeres, nuestras y nuestros parientes para que nos ayuden y de contrario es imposible llenar las tareas". El censo de Potosí en 1779, reproducido en el cuadro 1, confirma esta dimensión familiar de la migración mitaya, cuya presencia y funciones son confirmadas por otras fuentes. Como también sugiere ese cuadro, no todas las familias migrantes eran iguales en cuanto al número de sus integrantes, y algunos mitayos debían contratar un ayudante, o 'yanapacu', para poder hacer frente a la carga de las tareas.

CUADRO 1
Población de Potosí en 1779
	Varones				Mujeres
	Casados	Solteros	Viudos	Niños	Casadas	Solteras	Viudas	Niñas	Totales
Blancos	600	489	43	446	606	803	91	424	3502
Mestizos	725	715	90	619	771	1160	221	601	4902
Negros	31	89	16	31	32	174	23	26	422
Mulatos	74	86	15	87	96	113	66	23	560
Migrantes forzados y sus familias	1969	263	200	605	1877	104	88	610	5716
Indios residentes (yaconas de la Villa y de afuera)	1920	571	164	1124	1933	185	288	985	7170
Eclesiásticos		175				175			350
Totales	5319	2388	528	2912	5315	2714	777	2669	22622

Lo que llevamos dicho hasta ahora se aplica, fundamentalmente, a los mitayos que trabajaban en las minas del Cerro, o 'apiris'. Los 'mortiris', o mitayos a cargo de la molienda en los ingenios, veían su trabajo determinado por una doble imposición. También para ellos existían las 'tareas', medidas aquí en 'topos' de metal molido y cernido, por las cuales recibían un salario del cual eran rebajadas las faltas "a prorrata". Pero, además de esas cuotas a cumplir, había en los ingenios un criterio más simple de obligación que consistía en mantener en constante funcionamiento la maquinaria de molienda. Determinantes técnicos se sumaban así a los de rentabilidad en la exigencia que pesaba sobre el mitayo de las plantas de beneficio. Así se explicaba el hecho de que entre los molenderos, o 'mortiris', a diferencia de los mitayos de las minas, existieran en algunos casos trabajadores que efectivamente 'descansaban' en ciertas semanas. Las máquinas de molienda necesitaban un cierto número de operarios que las atendieran y aseguraran su funcionamiento continuado. Esto se lograba mediante jornadas de 24 horas para dos grupos de operarios, los luneseros, que entraban a servir los lunes por la mañana, y los marteseros, que lo hacían los martes por la mañana, alternándose luego cada 24 horas. Dependiendo de la relación entre número de mitayos y número de máquinas de molienda, se daban casos en los que un cierto número de los trabajadores forzados 'descansaba'.

Mencionamos ya el hecho fundamental de que toda la migración familiar participaba del proceso de trabajo minero para poder cumplir la agobiante carga de las tareas. Citamos también evidencia de que el mitayo buscaba ser acompañado por una cantidad importante de parientes para ayudarle a afrontar esa exigencia. Visto el problema desde el punto de vista de la elite indígena como también desde el de los integrantes de la superestructura burocrático-eclesiástica española conectada localmente con la comunidad de origen del migrante, este aspecto familiar extendido de la mita era especialmente corrosivo de la capacidad de la comunidad de hacer frente a sus demandas de excedente. Vuelto a enfocar el tema desde el ángulo de los empresarios potosinos, la familia migrante, más aun si era numerosa, daba ocasión para nuevos beneficios adicionales. Las fuentes son poco elocuentes a este respecto. Sin embargo, la reiteración de disposiciones que prohibían a hijas y mujeres de mitayos la residencia en casa de los empresarios sugiere que ellas cumplían allí funciones domésticas. Por lo menos en un caso la mujer de un capitán enterador fue asignada, en 1793, al servicio de la cocina del empresario. Más en general, hacia 1755, se reclama contra el empleo de los hijos de los mitayos de Quispicanchis como "campaneros", es decir, transmisores de órdenes e información entre las minas del Cerro, el ingenio y la casa del empresario, así como también se denuncia el desempeño de las hijas de los trabajadores como hilanderas y en otros servicios.

Sabemos muy poco de la vida del mitayo en Potosí fuera de-sus vinculaciones con la actividad minera. Las consecuencias que el trabajo forzado traía para su salud apenas si son aludidas en las fuentes. Los ranchos que esperaban en Potosí a las familias migrantes eran muy elementales y, en general, "necesitaban refacción". Ya en el proceso de trabajo mismo las condiciones eran especialmente duras para el mitayo de las minas. Sin bajar del Cerro durante toda la semana, comían " ... sólo al reír del alba de cada día unos mendrugos de pan barato que es el que llaman mollete. El jueves solamente... por la mañana comen algún comistrajo que sus mujeres les llevan". Existía el riesgo de ser atrapado en derrumbes o explosiones, pero sólo conocemos referencias concretas a dos casos en todo el período. En sus intentos de recopilar antecedentes sobre la mita, Villava pidió informaciones a curas párrocos de los pueblos que enviaban trabajadores a Potosí acerca del número de muertes atribuibles a la minería, pero no obtuvo respuestas concluyentes. Existía, sin embargo, un aspecto en el que la mita potosina era reconocidamente letal. Se trata del "choco", una enfermedad pulmonar que afectaba a los molenderos de los ingenios como consecuencia del polvo que se desprendía de la molienda y el cernido del metal en ambientes de escasa o nula ventilación.

Frente al cuadro que hemos descrito hasta aquí no puede sorprender que los tributarios destinados a la mita intentaran eludir el servicio en Potosí. La consecuencia más general y más conocida de esa voluntad fue el éxodo hacia los pueblos exentos de la carga mitaya. Los que no optaban por una alternativa tan radical tenían aun ante sí otras posibles opciones. Un pago en moneda al cacique encargado de establecer la lista de los futuros migrantes podía lograr la exención de la carga. Este mecanismo parece haberse consolidado como una especie de tributo anual sui generis que el cacique cobraba de los más acaudalados de entre los tributarios año tras año. El mismo ya estaba presente a fines del siglo XVII y perduró hasta los días finales de la mita. Los afectados eran conocidos, según las regiones, con los nombres de Colque-haques, Tasa-runas o Colqueruna-haques, todas expresiones equivalentes a 'hombres de dinero'; en la segunda mitad del siglo XVIII pagaban entre 50 y 100 pesos por año. Curas, corregidores y, más tarde, subdelegados, aceptaban la práctica en tanto garantizaba que los más acaudalados quedaran residiendo en el pueblo, lo que facilitaba el cobro de repartos forzosos de mercancías, tributos o fiestas. Sin embargo, la costumbre podía tener consecuencias indeseadas para algunos de aquéllos cuando los caciques, para asegurar la continuidad de su propia exacción, eximían a sus tributarios más acaudalados de otras cargas, como las eclesiásticas, y destinaban para los servicios de Iglesia sólo a los miembros más pobres de la comunidad. Existían también eximiciones "de segunda clase" cuando tributarios menos acaudalados pagaban ocasionalmente entre 10 y 25 pesos al cacique para no ir a Potosí. El resultado de esas prácticas fue que la migración recaía con más frecuencia sobre los tributarios que efectivamente eran destinados a ella, reduciendo el período entre mitas, teóricamente de seis años, a cuatro, tres y aun dos años.

Pero más allá de las conmutaciones consuetudinarias, las fuentes abundan en referencias a deserciones y ausencias, lo que sugiere que no era materialmente difícil abandonar la unidad de producción, o la ciudad misma. La deserción se constituía entonces en el único límite relativo que el empresario debía considerar a propósito de la intensidad de la explotación a la que sometía al trabajador forzado. Visto el problema desde el punto de vista del mitayo, la huida presentaba las mismas desventajas que el ya mencionado abandono definitivo de su pueblo de origen, pues en ambos casos el tributario perdía sus derechos en la comunidad. En la práctica, sin embargo, las situaciones eran mucho más matizadas y se establecía un continuum entre conmutaciones, huidas y ausencias. Oigamos el testimonio de un mitayo cochabambino. Lucas Camilo fue a mitar "pasado el alzamiento de Indios" de 1780-1, al ingenio Chaca. Tras dos meses de trabajo "se le abrió el pecho", y contra pago al empresario de 50 pesos se pudo ir de la ciudad. Recién diez años después, en 1793, volvió a Potosí destinado esta vez al ingenio San José. Seguía enfermo y le ofreció al arrendatario del ingenio, Vicente Gareca, pagarle 70 pesos por la conmutación de sus obligaciones. Este le pidió 100 pesos que el mitayo no pudo pagar y por tanto tuvo que empezar a cumplir su tanda. Transcurridos dos meses, Gareca convocó a Lucas Camilo y le aceptó entonces los 70 pesos. Además de una vívida ilustración de la flexibilidad contractual presente hasta en las formas de trabajo forzado con mayor grado de explotación, este ejemplo nos sugiere que, mientras por las conmutaciones consuetudinarias los empresarios aceptaban sumas entre 52 y 60 pesos, en las negociaciones a lo largo del año presentaban mayores exigencias. Esto era una lógica consecuencia del aumento de tareas que hemos registrado más arriba, y de las modalidades del proceso de trabajo. (Si te cagó el hijo de puta de Daniel Arana, podés cursar álgebra Gutiérrez lunes y jueves de 19 a 21 y 21 a 23 hs. en Paternal). En efecto, la suma de 52 pesos era obtenida multiplicando las 17 y 113 semanas de trabajo mitayo obligatorio anual por el monto de 3 pesos semanales. Mientras este último importe se sigue reiterando en todo el período, sabemos que la cifra de 17 y 113 semanas ha perdido todo significado concreto en un proceso de trabajo que, en promedio, es de más de 46 semanas por año. Consecuentemente, cifras superiores a los 70 pesos se hacen habituales para conmutar la tanda anual.

Es hora de volver nuestra mirada a la mitad libre de la fuerza de trabajo.

La oferta de trabajadores libres en Potosí no fue abundante en ningún momento del siglo XVIII. Recordemos que la población indígena del Alto Perú continuó su descenso hasta 1750 y que aun después la recuperación fue lenta y desigual. No disponemos de datos fidedignos acerca de la población de Potosí, pero según estimaciones de cronistas habría caído de más de 150.000 habitantes, hacia 1650, a 70.000 en torno de 1700, para continuar su descenso hasta los 22.622 que registra el censo de 1779; la década siguiente marcó un aumento que se estabilizó entre 1790 y 1800 en torno de los 40.000 trabajadores forzados, a los libres no “…se les puede obligara a tarea fija por no exponerse a quedarse sin gente y que pare el trabajo…” En consecuencia, mientras los mitayos ven regulados sus salarios por las ‘tareas’ cumplidas, los trabajadores libres reciben “…por lo que sacasen (de las minas) el jornal completo…”. Se estima que por jornales superiores hasta un 50 % al de los mitayos, los trabajadores libres producían en el desempeño de las mismas funciones, entre 30 y 50 % menos que aquellos.

En contraste absoluto con la aparentemente ilimitada sumisión de los trabajadores forzados con los que coexistían en las mismas empresas, los trabajadores libres eran, entonces, muy indóciles. Además de la escasez ya mencionada, otro factor explicativo de esa situación radica en el hecho mismo de que la renta mitaya fuera la relación de producción dominante en la industria. Como vimos, el proceso de trabajo y la remuneración salarial de la fuerza de trabajo forzada estaban estructurados a partir de la noción de 'tareas' fijas a cumplir; como también, dijimos, se disminuían así los costos de supervisión eventuales y el rendimiento del mitayo en cada turno no era una preocupación fundamental del empresario. Se debilitaba entonces la supervisión hasta el punto de que pasaban noches y días sin que el supervisor subiera al Cerro, y los trabajadores libres actuaban en consecuencia.

Más allá de su escasez y de la falta de supervisión adecuada, la indisciplina y la amenaza, muchas veces efectivizada, de abandono de la empresa remiten a la existencia de esferas económicas propias del trabajador libre fuera de su dependencia salarial en la minería potosina. Así, ausencias temporarias de la ciudad, en particular en épocas de cosecha, apuntan a vínculos con la economía campesina. Pero mucho más importante fue la existencia de una actividad productiva independiente en la misma minería potosina. Se trata del 'kajcheo', práctica que consistía en el libre acceso a las minas durante los fines de semana para apropiarse allí de minerales, sin control alguno por parte del empresario o sus supervisores. Esta práctica parece haberse originado a fines del siglo XVII como medio de atraer trabajadores libres a la minería potosina, y perduró durante todo el siglo XVIII. Los minerales así extraídos eran beneficiados en plantas muy elementales llamadas 'trapiches' y la plata resultante era también vendida al Banco estatal. En uno de los momentos de auge del 'kajcheo', en 1759, más de un tercio de la plata extraída del Cerro pasaba por el circuito de los trapiches. Esa elevada proporción se conseguía mediante la apropiación de cantidades no muy importantes de mineral que, sin embargo, eran muy ricas en plata pura. Se calculaba que, en promedio, los minerales procesados en los trapiches contenían diez veces más plata pura que los beneficiados en los ingenios mayores. Este resultado se conseguía gracias al entrenamiento técnico de los cabecillas de las bandas invasoras, los 'kajchas' propiamente dichos, capaces de ubicar ese rico mineral en las minas y de desprenderlo de la veta.

Muy frecuentemente esos cabecillas no eran otros que los barreteros, quienes retornaban durante el fin de semana a la mina donde habían trabajado en los días anteriores para aplicarse por su cuenta al aprovechamiento de un mineral especialmente rico que habían ubicado previamente. Los otros integrantes de la banda, entre los que se encontraban también mitayos o sus parientes, no necesitaban entrenamiento previo y, consecuentemente con su papel subordinado, obtenían beneficios muy inferiores a los del cabecilla. No eran, entonces, sólo las borracheras las que ocupaban a los barreteros los lunes y aun los martes, sino también la molienda y el beneficio de los minerales apropiados durante el fin de semana, efectuados por ellos mismos en trapiches 'alquilados' al efecto. Más en general, la posibilidad de un acceso independiente a las riquezas del Cerro Rico atentaba contra la regularidad en la contratación de los trabajadores y su disciplina en el proceso de trabajo.

El ejemplo de la minería mexicana del mismo período sugiere que una intervención decisiva del Estado colonial podría haber alterado las condiciones de subordinación de los trabajadores libres. En efecto, hasta fines de la década de 1760 había sido habitual en la minería mexicana autorizar a los barreteros a extraer de las minas una cierta cuota de mineral que se repartía entre ellos y los empresarios, beneficio que se sumaba al salario nominal. En esa época la indisciplina laboral era tan general allí como entre los trabajadores libres de Potosí. Más tarde, los empresarios mexicanos decidieron unilateralmente eliminar el derecho del barretero a aquella cuota de mineral; a pesar de protestas por parte de los trabajadores, y aun conatos de rebelión, la represión militar y el establecimiento permanente de piquetes paramilitares en los centros mineros impusieron la innovación, y más aun, provocaron una reforma de la disciplina laboral en general. En Potosí existieron varios proyectos de represión militar del 'kajcheo', aun algunos que contemplaban la destrucción física de los trapiches. Sin embargo, los empresarios optaron, en definitiva, por la tolerancia ante el riesgo de que la eliminación del 'kajcheo' alejara de la ciudad a posibles trabajadores, en una situación demográfica del Perú menos favorable que la mexicana. Las autoridades, por su parte, pensaban que el reclutamiento de la mita era subsidio suficiente por parte del Estado a la minería potosina, y no encararon nunca con seriedad la perspectiva de una intervención militar.