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DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL archivo del portal de recursos
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TEMA
1. INTRODUCCION.
El Derecho de la competencia
y la propiedad industrial es una rama con una característica principal:
la hiperosticidad, es decir, que es bastante reciente, moderno. Nace cuando
surgen los grandes núcleos industriales (finales del XVIII). Los
cambios económico - sociales son lo que más le afectan a lo
largo de su historia. Dividimos su evolución en tres etapas:
Etapa paleoliberal
Etapa profesional
Etapa social
Más
extensamente cada una de ellas:
1. Etapa paleoliberal. Se caracteriza porque
surge en el momento de las ideas liberales. Previamente el comercio había
estado controlado por gremios y era difícil acceder a estos círculos,
además existía una fuerte intervención del Estado.
Con el triunfo del liberalismo económico:
Desaparece el sistema
corporativista gremial
Se abandona la política intervencionista
del Estado
Se reconoce la libertad económica del mercado
Estas transformaciones conducen a la existencia de la libre competencia,
regulada por una serie de normas para encauzar las conductas concurrenciales,
las desviaciones y en definitiva las posibles actuaciones negligentes. Las
normas tenían un carácter "iuspublicista" y venían
dispuestas en rango de normas administrativas o penales.
2. Etapa profesional.
Se produce a petición de los empresarios, este colectivo se siente
fuerte. Piden al Estado una cierta intervención en vista de que en
el mercado impera la ley del más fuerte y eran necesarios ciertos
sistemas d control. Se trata de una etapa caracterizada por un cierto intervencionismo
estatal apoyado en parámetros profesionales. Se reconoce que un exceso
de liberta en el mercado tampoco es del todo bueno.
3. Etapa social. En los países europeos
surge tras la 2ª guerra mundial, pero en nuestro país se sufría
un retraso histórico que propicia una incorporación a esta
tendencia con bastante retraso, hasta después de la Constitución.
Es una etapa caracterizada porque el interés de la norma va a ser
más amplio, no sólo referido empresarios, se centrará
ahora principalmente en tres grupos:
Empresarios
Consumidores
Interés general en que exista un orden concurrencial suficiente para
el desarrollo normal del mercado.
El Derecho de la competencia y la propiedad industrial se especifica en
dos partes:
Derecho de la competencia: donde se incluye principalmente todo aquello referente a la
defensa de la libre competencia.
Derecho sobre
los bienes inmateriales: que agrupa lo referente
a derechos de explotación exclusivos sobre las creaciones resultantes
del esfuerzo de la empresa.
El Derecho de la competencia como un gran
bloque es aquel que recoge aquellos aspectos de la actividad empresarial
y profesional consistentes en mejorar las condiciones de la oferta y la
demanda de bienes y servicios disputándose en una misma clientela
y proveedores.
El Derecho sobre los bienes inmateriales comprende ciertas
creaciones de espíritu humano no perceptibles por los sentidos que
a través de los medio adecuados se hacen perceptibles y utilizables
en las relaciones socioeconómicas, y que por su gran importancia
económico - social y por su particular naturaleza física son
objeto de una tutela jurídica especial.
CONTENIDO
DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA
En el artículo
38 de la Constitución se hace referencia al principio de la libertad
de empresa, al que haremos referencia en dos bloques:
Derecho de defensa
de la competencia
Derecho de la competencia desleal
Estos dos apartados
se desarrollan en tres normas fundamentales:
Ley 16/89 18 octubre LDC
Ley 3/91 LCD
Ley 34/88 LGP (Ley General de Publicidad)
Estas
tres normas son las que articulan el Derecho de la competencia.
El principio
de la libre empresa reflejado en el 38 de la Constitución es fundamental,
ya que a este principio le es connatural el principio de la libre competencia.
La libertad de empresa es uno de los principios neocapitalistas. Conjuntamente
existen otros: derecho a la libre elección de profesión, derecho
de la propiedad privada y medios de producción y derecho de fundación
y asociación para la realización y explotación de actividades
económicas.
El principio de la libertad de empresa supone una
doble vertiente:
Los empresarios son libres de crear y dirigir las
condiciones de desarrollo de su actividad pudiendo utilizar todos los medios
oportunos para afirmarse en el mercado: libertad de adquirir factores de
producción, etc. Pero con un límite impuesto que se sobrepasa
si el ejercicio de este derecho supusiere una infracción en el fin
social. Esto también tiene su aspecto negativo, ya que haciendo uso
de su libertad el empresario puede ocasionar un daño a un competidor.
Este daño nos un daño ilícito si no se respetan los
límites que establece la ley.
Los poderes públicos deben
garantizar que es el mercado el que regula la ley de oferta y demanda, quien
mediante la fuerza de las dos magnitudes regula y fija los precios y otras
condiciones de los bienes y servicios. Una vez más se impone un límite,
que será el respeto a lo establecido en la Constitución.
Límites de la libertad de empresa.
Reserva al sector público: el Estado, por
ley, puede reservarse determinadas materias siempre que sean esenciales
e indemnizando del perjuicio que ocasione esta reserva por parte del Estado.
Se podrá hacer cuando se cumpla un fin social de interés general.
Por ejemplo Telefónica.
Expropiación: el Estado puede
privar a los empresarios de la titularidad de sus empresas con el requisito
de que se indemnice a los propietarios y siempre que así lo exija
el interés social general. Por ejemplo el caso Rumasa!
Intervención
de empresas: parecido a la expropiación. No se produce modificación
ni pérdida de la titularidad por parte del empresario, sino que el
Estado pasa a tener poder de control sobre el órgano de decisión
de la empresa, que se encuentra en una situación crítica,
para poder reflotarla. Por ejemplo Banesto.
CONTENIDO
DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El
Derecho de los bienes inmateriales (propiedad industrial) reviste de una
importancia grande para las empresas. Por ejemplo, ¿qué sería
Coca - cola sin su marca?
Los bienes inmateriales son importantes por:
Ser factores diferenciadores de los productos y en ellos deberán
basarse las políticas de marketing y las estrategias de captación
de cuotas de mercado.
Conceder al empresario titular el derecho de
uso en el mercado en exclusiva.
Permitir defenderse al titular de sus
competidores y proteger la exportación de sus productos.
Actuar
como auténticas barreras que tabican mercados y reservan éstos
en favor del empresario titular.
Encontramos cuatro grupos que clasifican
estos bienes inmateriales objeto de Derecho de la propiedad industrial:
1) Invenciones. Compuestas por cinco instituciones fundamentales:
Patentes
Modelos de utilidad
Ambas reguladas por la Ley de patentes de
20 marzo de 1986
Obtención vegetal
Regulada por la Ley
de 12 mayo de 1975 o Ley de protección de obtenciones vegetales
Topografía de los productores semiconductores. Ley 1988.
Secreto
industrial o Know - How.
2) Diseño industrial. Encontramos dos
principales instituciones:
Modelo industrial: tridimensional.
Dibujo industrial: bidimensional.
Ambas reguladas por el EPI ( Estatuto
de la Propiedad Industrial)
3) Signos distintivos.
Marca
Nombre
comercial
Rótulo de establecimiento
Reguladas las tres
por la Ley de marcas de 1988
Indicaciones de procedencia: son denominaciones
de origen, cada una se regula por su propio reglamento, como por ejemplo
el Estatuto de la Viña y los Alcoholes (1970). Cada denominación
de origen tendrá su propio reglamento que será configurado
a imagen de los estatutos. Las denominaciones son genéricas y específicas
de productos alimentarios.
4) Propiedad Intelectual: regulada por la
Ley de propiedad intelectual de 1993 que modifica la Ley del 87.
TEMA 2. LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. LEGISLACIÓN
ANTI - TRUST.
El Derecho de defensa
de la competencia se va a encargar de prevenir y reprimir los obstáculos
artificialmente creados por la concentración entre competidores,
los abusos de posición de dominio y la concentración de poder
económico. Pretende garantizar la existencia de competencia suficiente
y protegerla de todo ataque contrario al interés público.
En España está formado por dos bloque normativos:
Derecho
comunitario
Derecho interno o nacional
En el Derecho comunitario
resaltan dos preceptos: los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma.
Integrado por los Tratados de Roma y la CECA.
En el Derecho interno
resaltar la Ley de Defensa de la Competencia de 1989 (LDC).
Como precedentes
a estas disposiciones encontramos principalmente dos: la Ley Sherman y la
Ley Clayton, pioneras en el Derecho de la Competencia.
La ley Sherman
es una ley para la protección del comercio que pretende atajar situaciones
de concentración de poder económico prohibiendo la adopción
de acuerdos restrictivos de la competencia y prohibiendo actuaciones monopolizadoras
del mercado. En su contenido se recogen una serie de medidas que pretenden
sancionar estas conductas prohibidas mediante fuertes multas, penas de prisión,
reparación económica de los daños causados.
La
ley Clayton aborda las po
sibles
deficiencias de la ley Sherman prohibiendo conductas no recogidas como la
discriminación de precios, etc, suplementando la legislación
anterior contra restricciones legales y monopolios.
EL
DERECHO COMUNITARIO
Está integrado
por dos bloques normativos:
Derecho directo: contenido en los tratados
Derecho derivado: integrado en los reglamentos del consejo y de la
comisión, que también tiene eficacia directa.
En el Derecho
directo encontramos dos fuentes:
Tratado de la CECA (Carbón
y Acero)
Tratado de la CEE o Tratado de Roma (1957) ratificado por España
el 1/1/86.
Normas dentro de los tratados que regulan la competencia:
Regímenes de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas.
Los que regulan la represión del abuso de posición de
dominio.
Regulan el régimen de las concentraciones de empresas
Tratan sobre regímenes de intervenciones sobre precios de los
estados miembros
Prohibición de los estados miembros de establecer
limitaciones cuantitativas a las exportaciones o importaciones o medidas
equivalentes y admisión de restricciones en áreas de protección
de los derechos sobre bienes de propiedad industrial y comercial.
Régimen de las ayudas estatales.
ARTÍCULOS 85 Y 86 DEL TRATADO DE ROMA
Artículo
85. Declara dos claves de actuación restrictivas de la competencia.
Acuerdos, asociaciones y prácticas concertadas que persigan
limitar la competencia.
Recoge el abuso de posesión de dominio.
Más explícitamente: "serán incompatibles con el
mercado común y quedarán prohibidos, todos los acuerdos entre
empresas, las decisiones de asociación de empresas y las prácticas
concertadas que puedan afectar al comercio entre los estados miembros y
que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de
la competencia dentro del mercado común".
Conductas prohibidas
y tipificadas por el artículo:
Fijar directa o indirectamente
los precios de compra o venta u otras condiciones de transacción.
Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo
técnico o las inversiones.
Repartirse el mercado las fuentes
de abastecimiento.
Aplicar a los terceros contratantes condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a éstos una
desventaja competitiva.
Subordinar la celebración de contratos
o la aceptación por los contratantes de prestaciones suplementarias
que por su naturaleza o según los usos mercantiles no guarden relación
alguna con el objeto de dichos contratos.
Se produce para todos estos
comportamientos ilícitos el efecto de que eran declarados nulos,
a excepción de que contribuyan a mejorar la producción o distribución
de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico,
y que reserven a los usuarios una participación equitativa en el
beneficio resultante.
Artículo 86.
"Será incompatible
con el mercado común y quedará prohibido en la medida que
pueda afectar al comercio entre los estados miembros la explotación
abusiva por parte de una o más empresas de una posición dominante,
en el mercado común o en una parte sustancial del mismo". Las
prohibiciones coinciden en su mayoría con las del artículo
85.
TRATAMIENTO DE LA MATERIA EN
EL DERECHO ESPAÑOL: LA LEY DE PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA
DE 1963.
La Ley de Prácticas Restrictivas
de la Competencia nace porque quiere ordenar y regular la competencia en
el mercado español. Cogió como referencia el tratado de Roma
de 1957, aunque pese a ello la norma adolecía de carencias graves.
Por ello pasamos a la actualidad. Los fallos en la Ley de 1963 obligan a
elaborar una norma que tratara la misma materia y que protegiere los intereses
de todos los sectores: Ley del 17 de julio de 1989. Esta Ley consta de 55
artículos más cinco disposiciones, una derogatoria y un final.
La estructura se establece en tres títulos:
Libre competencia:
recoge tres capítulos más un tratado de los cuerdos y prácticas
restrictivas o abusivas: concentraciones económicas y ayudas políticas.
Organos de defensa de la competencia.
Tratado sobre el procedimiento
LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ESPAÑOLA
Conductas prohibidas. Recogidas en el artículo
1 de la ley y que coinciden con el precepto. Se prohibe todo acuerdo, decisión
o recomendación colectiva, concertada o conscientemente paralela
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir restringir
o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional.
Los requisitos
para que se cumplan prácticas colusorias:
Que exista concierto
de voluntades y sea expreso
Que tenga por objeto o produzca impedir,
restringir o falsear la competencia.
Que afecte al comercio dentro del
mercado español
También se desprenden del artículo
1 las conductas prohibidas colusorias:
Acuerdos, decisiones o recomendaciones
que son adoptados por empresarios, siempre que las personas que los adopten
tengan capacidad y puedan crear esa conducta ilícita.
Compuesta
por las prácticas concertadas o actos que realicen los empresarios
en ejecución de los actos, decisiones o recomendaciones mediante
los que se atenta contra la competencia.
Conductas conscientemente
paralelas: las que realizan dos o más empresarios competidores entre
si que son conscientes de esta actuación coincidente aunque no la
hayan pactado ellos.
Por tanto del artículo primero se derivan
dos ideas generales:
La intencionalidad de las partes es en definitiva
indiferente, no importa si se quiere atentar contra la competencia. Se da
l hecho y por tanto se prohibe.
Es indiferente que el resultado de impedir
l competencia se produzca, basta con que se de la posibilidad de que el
hecho se produzca para que el acuerdo se anule.
Requisitos para que
se produzca una práctica colusoria.
Concierto de voluntades.
Para que el concierto de voluntades exista tiene que existir previamente
una pluralidad de empresas. Desde aquí las formas de que se de este
concierto de voluntades son:
Acuerdo. Se trata de un convenio jurídicamente
vinculante, todo tipo de contrato. Distinguimos:
Acuerdos horizontales:
se dan entre las empresas de un mismo estadio de producción o distribución.
Acuerdos verticales: se producen entre las empresas situadas en diferentes
estadios de producción o distribución.
Es indiferente
la forma o naturaleza de estos acuerdos: orales, escritos, pacto entre caballeros.
Decisión. Asociación de empresas o empresarios que toman
decisiones en el seno de un grupo a fin de potenciar sus intereses. Las
decisiones que se tomen en estas asociaciones son vinculantes a todos los
miembros sean puestas en práctica o no.
Recomendación.
Se trata de un práctica no vinculante, una recomendación se
puede seguir o no, se trata de una invitación a seguir una determinada
práctica.
Prácticas paralelas. Para que se den las prácticas
paralelas, es decir, que se produzca una situación que contemple
estas dos características:
Coincidencia de conductas
Existencia
de cierto entendimiento. Aunque al llevar a cabo la práctica no estén
al tanto de que la otra parte lo hace. Si se mantiene la forma de atentar
contra la competencia y las partes son conscientes.
No es necesario
demostrar que un acuerdo tiene efectos restrictivos. No se requiere intencionalidad.
Mercado español.
No es necesario que afecte a todo el territorio,
basta con que suceda en una parte importante.
Tiene que ocurrir dentro
del mercado español, de otra manera no sería competencia de
la ley española.
* Comportamientos tipificados:
Fijación
de forma directa o indirecta de precios u otras condiciones comerciales
o de servicios.
Limitaciones o control de la producción, la
distribución, el desarrollo tecnológico o las inversiones.
Reparto del mercado o las fuentes de aprovechamiento.
Aplicación
de las relaciones comerciales o de servicio de condiciones desiguales para
pretensiones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación
de desventaja frente a otros.
Subordinación de la celebración
de contratos a la adaptación de prestaciones suplementarias que por
su naturaleza o con arreglo a los usos comerciales no guarden relación
con el objeto de tales contratos.
La tipificación de estos supuestos
no significa que se trate de los únicos prohibidos. Es una lista
ejemplificativa pero no cerrada.
Descubrimos por tanto dos tipos de
estrategias generales que pueden perseguir la limitación de la competencia:
Estrategia de tabicación. Dificultan el acceso al mercado de
nuevos competidores. Se puede dar de tres formas:
Colusión entre
productores
Colusión entre productores y distribuidores
Colusión entre distribuidores
Estrategia de ahogo. Neutraliza
los mecanismos de la oferta y la demanda entre los competidores. Pretende
una homogeneización de las conductas d los operadores quitándoles
libertad de acción.
* Conductas autorizadas:
Las que, aunque
produzcan efectos anticoncurrenciales, la ley autoriza, puesto que contribuyen
a mejorar la producción y la distribución de los productos
o a promover la mejora tecnológica. Para ser autorizables deben ser
el resultado de la aplicación de una ley y cumplir los requisitos
del artículo tercero:
Permitir a los consumidores o usuarios
participar de forma adecuada de sus ventajas.
Que no impongan a las
empresas interesadas res
tricciones
que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos.
Que no consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar
la competencia respecto de una parte sustancial de los servicios o productos
contemplados.
Se podrán autorizar de dos formas:
Autorización
en bloque: concedida por el Gobierno.
Autorización singular:
pronunciada por el TDC.
* Abuso de posición de dominio.
La ley española no prohibe la posición de dominio en el mercado,
sino el ejercicio de su abuso. Según el artículo sexto de
la LDC: "queda prohibida la explotación abusiva por una o varias
empresas de su posición de dominio en todo o parte del mercado nacional".
La base sobre la cual se distingue una situación de abuso de posición
dominante es que la competencia ha dejado de existir. Existen varias formas
de abuso de posición de dominio:
Individuales
Colectivas:
implican un acuerdo, si además se abusa de este acuerdo se infringe
la posición de dominio según el artículo sexto y a
su vez también el artículo primero.
Para determinar si
una empresa se encuentra en una posición d dominio es necesario llevar
a cabo el análisis de unos determinados factores:
Cuota de mercado.
Avance tecnológico
Marca
Mercado relevante
Espacio geográfico
Ámbito de la producción o servicios homogéneos
o intercambiables: cuanto menor sea la sustituibilidad del producto mayor
será la posición de dominio.
Temporalidad del producto:
a mayor temporalidad mayor posición de dominio.
Existe reflejada
en la ley una tipificación de los comportamientos que suponen un
abuso de la posición de dominio estos ejemplos son idénticos
a los que vienen reflejados en el artículo primero de la LDC; solamente
cambia el punto tercero:
* Negativa injustificada a satisfacer las demandas
de compras de productos o de prestación de servicios.
Régimen de concentraciones económicas.
(art 14)
Podrán ser autorizadas o declaradas
improcedentes por el gobierno todo proyecto u operación de concentración
de empresas o de toma de control de una o de varias empresas por parte de
otra persona, empresa o grupo de empresas siempre que afecte o pueda afectar
al mercado español y especialmente mediante la creación o
reforzamiento de una posición de dominio.
Para determinar si
es o no procedente esta operación de concentración de empresas
se abre una investigación que pude ser emitida por dos cauces: el
Ministerio de Economía y Hacienda, y que será realizada por
el TDC, y por otra parte por las propias empresas que se van a concentrar.
El TDC analiza si est `proyecto d concentración plantea obstáculos
al mantenimiento de la competencia, considerará la contribución
que esta operación económica pueda realizar a los sistemas
de producción y comercialización o si contribuye al desarrollo
tecnológico. El TDC emitirá un informe que elevará
al Ministerio para llevarlo a decisión del Gobierno. El órgano
gobernante emitirá el veredicto de procedente, improcedente, o bien
subordinará la concentración a unas determinadas condiciones
en razón a este informe.
Ayudas
públicas a las empresas.
Toda ayuda
directa o indirecta o la subvención concedida a una empresa pública
o privada sitúa a la empresa en una situación ventajosa en
relación a las empresas no agraciadas por la ayuda, en este sentido
se infringe la competencia. En este caso el TDC informa al Gobierno, que
decide si la ayuda es procedente o no.
Organos
de protección de la competencia y régimen sancionador.
Servicio de defensa de la competencia
Depende
del Ministerio de Economía y Hacienda y realiza las funciones:
Instruir los expedientes por conductas incluidas en la LDC.
Vigilar
la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en
aplicación de esta ley.
Llevar el registro de defensa de la competencia.
Estudio e investigación de los sectores económicos
Información,
asesoramiento y propuesta en materia de acuerdos y prácticas restrictivas,
concentración y asociación de empresas y el resto de materias
relativas a la competencia.
Cooperación en materia de competencia
con organismos extranjeros instituciones internacionales.
Tribunal de Defensa de la Competencia
Organo independiente del Poder Judicial, se trata de un órgano
administrativo que realiza sus funciones al amparo del Ministerio de Economía
y Hacienda. Esta formado por un conjunto de juristas de prestigio, tiene
su sede en Madrid y su competencia se extiende a todo el territorio. Funciones:
Aplicar y hacer aplicar la ley
Instruir los expedientes del servicio
de defensa de la competencia
Autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones
en su caso.
Función de arbitraje que le encomiendan las leyes
Función consultiva y de emisión de informes:
Informes
y dictámenes
Resoluciones administrativas firmes, solo recurribles
en vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional.
* Régimen sancionador
Se dan sanciones:
Multas coercitivas:
por valor de entre 10.000 y 15.000 pesetas, con intenciones intimidatorias.
TEMA 3.
EL DERECHO DE LA COMPETENCIA
DESLEAL
Introducción.
El Derecho de la competencia desleal es una materia vieja y nueva a la vez.
Vieja en tanto que sus inicios van ligados al despegue económico
propugnado por la revolución industrial y la consiguiente libertad
de empresa. Nueva en tanto que su eclosión en nuestro país
se ha propiciado recientemente tras la publicación de la primera
ley que desarrolla el tema de manera especializada (Ley de 10 enero de 1991
3/91 de la Competencia Desleal), que ha sido producto tanto de las necesidades
que el propio mercado adolecía como de las nuevas exigencias económicas
derivadas del texto constitucional de 1978.
La disciplina de la competencia
desleal ha sufrido cambios y transformaciones al igual que la realidad social
y económica a la que se refiere y regula.
En un primer momento
nos encontramos con que la actuación del Estado en la materia era
en principio nula, debido a la libertad de empresa propia de un sistema
de economía liberal. Dado que la intervención estatal hubiera
perturbado la naciente industria del momento se sacrificó en el mercado
la existencia de una competencia saneada en aras de una mayor actividad
económica.
Pasa además de ser un derecho creado como respuesta
a la demanda de los empresarios y para defensa y uso, a proteger a los consumidores
y el interés general, tal y como indica el artículo 1 de la
Ley de Competencia Desleal.
Veremos también cómo en la
evolución de la materia se distinguen tres fases diferentes que harán
que la disciplina pase de ostentar en un principio una naturaleza propiamente
penal o administrativa a tener un alcance privado (empresarial), para convertirse
más tarde en un derecho regulador de las relaciones de mercado que
extiende su radio de acción a los consumidores y el propio interés
público.
En la actualidad la definición de competencia
desleal viene recogida en la nueva ley de la CD 3/91 de 10 de enero: se
reputará desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario
a las exigencias de la buena fe
En otras palabras la competencia desleal
es toda actividad concurrencial encaminada a la captación de clientela
que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través de
formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral
comercial.
1) La Ley 3/91 de 10 de Enero de la Competencia Desleal.
Comentario general.
La nota más significativa de esta Ley,
es como ya hemos visto, la de ser la culminación del Derecho Español
en la materia. Esta Ley rellena pues un hueco importante que había
sido suplido anteriormente por preceptos y normas fragmentarias sin demasiado
éxito.
Esta Ley supone también la integración total
en el modelo social como la propia ley declara: los intereses que confluyen
en el sector son: el interés privado de los empresarios y el público
del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado.
La Ley también tiene vocación integradora respecto del resto
de la normativa comunitaria e internacional lo cual redunda a su vez en
este marco social del que se hace eco la legislación. Como última
manifestación de la adecuación de la Ley al modelo social
destacamos el hecho de que se pretende adecuar el ordenamiento concurrencial
a los valores que han cuajado en nuestra Constitución económica,
que responde totalmente a una óptica social del Derecho.
Esta
Ley se redactó bajo los auspicios y objetivos de que fuera una ley
que cumpliera las siguientes características:
Generalidad. La
ley es aplicable a todos los territorios del Estado y supera la dispersión
en varias leyes
Modernidad. La ley recoge la últimas tendencias
europeas sobre la materia, adecuándose a las normativas europeas
más avanzadas.
Institucionalidad. De lo que realmente trata
es de la "institución" de la competencia y concretamente
del abuso de esta institución. Se concibe como institución
porque tiene estabilidad y capacidad para llevar a cabo su función
y protege el interés general.
La ley consta de veintiséis
artículos, más una disposición transitoria más
una disposición derogatoria. La ley a su vez se divide en cuatro
capítulos, que tratan de materias concernientes a los diferentes
aspectos redundantes en la competencia desleal. Vamos realizar un análisis
pormenorizado capítulo a capítulo:
Capítulo
I
El capítulo primero "
Disposiciones
Generales" consta de cuatro artículos que regulan de modo general
los ilícitos concurrenciales (actos desleales) recogidos en el capítulo
segundo. En el artículo primero se describe la finalidad de la ley
3/91: La presente Ley tiene por objeto la protección de la competencia
en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin
establece la prohibición de los actos de competencia desleal.
De la estructura del artículo primero podemos diferenciar dos partes:
La propia finalidad del mismo: protección de la competencia
en interés de todos los que participan en el mercado:
Los medios
que para tal fin el legislador establece: la prohibición de los actos
de competencia desleal. En esta segunda parte no es el ejercicio de la competencia
lo que se reprueba, sino los comportamientos desleales o abusivos que se
efectúan en el desarrollo de estos actos de competencia, aunque en
la letra del precepto aparezca "prohibición de los actos",
lo cual puede dar lugar a confusiones.
El artículo dos encontramos
los presupuestos necesarios para que se produzca un acto desleal desde el
ámbito objetivo, es decir, qué tipo de actos deben ser o a
qué deben hacer referencia, los requisitos objetivos que se exigen
para que el acto que se produce pueda recogerse según los preceptos
establecidos por la ley: 1.- Los comportamientos previstos en ésta
ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal
siempre que se realice en el mercado y con fines concurrenciales. 2.- Se
presume la finalidad concurrencial del acto, cuando por las circunstancias
que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar
la difusión en el mercado de las prestaciones propias de un tercero.
Por tanto, para que exista acto de competencia desleal basta con que
se cumplan las dos condiciones previstas en el artículo dos:
Que el acto se realice en el mercado.
Que se lleve a cabo con fines
concurrenciales.
El artículo aclara además que no es
necesario que al acto concurrencial efectúe un daño a terceros,
sino que basta con que se produzca el comportamiento con la intencionalidad
de ser competitivo.
En el artículo tres se establece el ámbito
subjetivo de esta Ley: 1.- La Ley será de aplicación a los
empresarios y a cualquier otra persona física o jurídica que
participe en el mercado. 2.- La aplicación de la Ley no podrá
supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre
el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.
En este artículo tercero se vuelve a mostrar la fidelidad de la ley
al modelo social al que nos referíamos con anterioridad, puesto que
la ley se declara en defensa de los consumidores y de todas las personas
o agentes que participen en el mercado. El campo de acción de la
ley es por tanto muy amplio.
En el artículo cuarto se recoge
el ámbito territorial: La presente Ley será de aplicación
a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos
sustanciales en el mercado español.
Este artículo delimita
el ámbito de aplicación de la ley, que es todo el territorio
español, se aplicará a aquellas conductas desleales que afecten
al espacio económico español, el cual está delimitado
por las fronteras españolas, pero no será aplicable para proteger
la competencia fuera del mercado español.
Capítulo II. Actos de competencia desleal.
La cláusula general
de este capítulo comienza relatando el precepto que define a los
actos concurrenciales como de competencia desleal: se reputará desleal
todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a la exigencia de
la buena fe.
Por medio de esta cláusula general se pretende recoger
aquellos comportamientos desleales que estén tipificados en la Norma,
es por tanto un precepto elástico y amplio que se inclina por la
buena fe objetiva. De esta manera, a partir de la cláusula general
y partiendo de principios no tipificados, se puede aplicar el caso particular
no recogido en los supuestos especiales. Dada la flexibilidad de este precepto
por tanto, se pueden contemplar comportamientos desleales no tipificados
tratándolos de igual forma que aquellos supuestos tipificados.
Por otra parte nos encontramos en este capítulo dos con una serie
de cláusulas especiales, supuestos de comportamiento desleal tipificados
en la Norma. Se recogen estas cláusulas tipificadas en doce artículos:
Actos de confusión, imitación y explotación de
la reputación ajena.
El artículo 6 de la ley atiende
a los llamados "actos de confusión", textualmente: Se considera
desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión
con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo
de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia
de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de
la práctica.
Este artículo podría integrase dentro
de aquellos ya existentes que defienden los derechos de los consumidores,
pero la LDC va más allá y prevé la declaración
de desleal, para la actividad que pueda generar confusión con los
productos de un empresario competidor, si se imitan las formas o prestaciones
del producto ajeno.
Además, no importa la intención que
tuviere el ejecutor del acto en el momento de realizarlo, la mera actuación
creando confusión es óbice para que se produzca la conducta
desleal.
El segundo párrafo del precepto debe relacionarse con
el apartado dos del artículo 11 de la Ley "actos de imitación",
puesto que todo acto de confusión presupone inevitablemente un acto
de imitación y se imita con la finalidad de confundir, que dice lo
siguiente:
La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales
ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva
reconocido por la ley
No obstante, la imitación de prestaciones
de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para
generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la
prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación
o el esfuerzo ajeno.
La inevitabilidad de los indicados riesgos de
asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye
la deslealtad de la práctica.
Asimismo, tendrá la consideración
de desleal la imitación sistemática de las prestaciones o
iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle
directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en
el mercado, y exceda de lo que, según las circunstancias pueda reputarse
como una respuesta natural del mercado.
El párrafo dos de este
precepto parece que contenga una imitación servil o parasitaria.
Se define imitación servil como el acto por el cual un empresario
copia deslealmente de otro un producto del último, de tal manera
que en ausencia de otro carácter diferenciador no presenta ninguna
característica que pueda distinguirlos. Es decir, servil por un supeditación
completa del objeto imitador al imitado.
En el párrafo tres se
nos habla de los supuestos de competencia parasitaria, casos de imitaciones
de las iniciativas de otro, de tal manera que excede del comportamiento
natural del mercado. Se concibe este como un supuesto de competencia desleal
por obstaculización.
En cuanto al párrafo número
dos, está íntimamente ligado con el artículo siguiente,
puesto que se refiere a casos de imitación que comporten un aprovechamiento
indebido de la reputación o esfuerzo ajeno.
El precepto referente
e la "explotación de la reputación ajena dice lo siguiente:
se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o
ajeno, de las ventajas de reputación industrial, comercial o profesional
adquirida por otro en el mercado. En particular se reputa desleal el empleo
de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados
de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto
o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo",
"clase" y "similares"
Lo que nos viene a decir este
precepto es que el lícita la imitación, pero en este caso
será desleal, cuando se indique la fuente copiada, suponiéndose
que quiera hacerse pasara por el verdadero producto. Pero en el supuesto
que contempla éste artículo 12, más que casos de imitación,
nos encontramos que se produce el ilícito por una utilización
indebida, aprovechándose indebidamente de la reputación ajena.
Actos de engaño.
En el artículo 7 de la Ley se recogen los
que llama "actos de engaño", el artículo indica
lo siguiente: se considera desleal la utilización o difusión
de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas
y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en
que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las
que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación
o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad
y cantidad de productos y en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas.
Como características de este precepto hemos de decir que, abarca
el ilícito desleal con carácter general y se extiende tanto
a los competidores como a los consumidores, e incluso a aquellos que no
tuvieran una directa relación. Prohibe los actos de engaño
positivos (por acción) como aquellos que se produzcan por falta de
actuación o silencio (omisión), y todo ello enunciando detalladamente
una amplia serie de supuestos en los que pudiere encontrarse el acto engañoso.
Finalmente podríamos decir que en realidad éste artículo
es una pequeña cláusula general, porque los actos de engaño,
aparecen en gran medida en muchos otros comportamientos desleales.
Actos de denigración.
El
artículo 9 referente a los actos de "denigración"
define a los mismos de4l modo siguiente: se considera desleal la realización
o difusión de manifestaciones sobre la acti
vidad,
las prestaciones, el establecimiento o las relaciones ,mercantiles de un
tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado,
a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. En particular no se
estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad,
las creencias e ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias
estrictamente personales del afectado.
Se prohiben por tanto los actos
denigratorios siempre que estos sean falsos, puesto que son actos de obstaculización
en el mercado y dificultan el ejercicio de la actividad profesional de un
tercero. Sin embargo se admite claramente la "exceptio veratis",
permitiéndose por tanto entre competidores, la denigración
como forma indispensable de valoración de las prestaciones ofrecidas
en el mercado, siempre que esta denigración sea "leal".
Licitud de la comparación pública.
Esta cláusula especial está
recogida en el artículo 10 de la ley como "actos de comparación"
y dice lo siguiente: 1.- Se considera desleal la comparación pública
de la actividad, las prestaciones o el establecimiento de propios o ajenos
con los de un tercero cuando aquella se refiera a extremos que no sean análogos,
relevantes, ni comprobables. 2.- Se reputa también desleal la comparación
que contravenga lo establecido por los artículos 7 y 9 en materia
de prácticas engañosas y denigrantes.
Vemos como, al igual
que en los actos denigrantes, las actuaciones comparativas no son desleales
"per se", sino que en un principio es incluso bueno para la libertad
de competencia que requiere el mercado, sobre todo mediante la publicidad,
la publicidad comparativa en sí es buena. La comparación es
lícita por tanto, cuando cumpla los tres requisitos exigidos en el
apartado 1 del articulo 10: extremos análogos, relevantes y comprobables.
Venta mediante obsequios, ventajas o primas.
En el precepto número 8 se incluye esta
cláusula especial que indica que: 1.- La entrega de obsequios con
fines publicitarios y prácticas comerciales análogas se reputarán
desleales cuando, por las circunstancias en que se realicen, pongan al consumidor
en el compromiso de contratar la prestación principal. 2.- La oferta
de cualquier clase de ventaja o prima para el caso de que se contraste la
prestación principal se reputará desleal cuando induzca o
pueda inducir al consumidor a error acerca del nivel de precios de otros
productos o servicios del mismo establecimiento, o cuando le dificulte gravemente
la apreciación del valor efectivo de la oferta o su comparación
con ofertas alternativas. Estas últimas circunstancias se presumirán
verificadas cuando el coste efectivo de la ventaja exceda el 15% del precio
de la prestación principal. 3.- La Subordinación de la conclusión
de un contrato a la aceptación de prestaciones suplementarias que
no guarden relación con el objeto de tal contrato se reputará
desleal cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado
anterior.
Por tanto, según se desprende del precepto anterior,
el ilícito devendrá por el hecho del compromiso psicológico
al que se somete al consumidor, que le fuerza a adquirir el bien que de
otro modo no hubiese sido adquirido. Nos encontramos aquí también
con un supuesto que no es desleal per se, la oferta y entrega de premios,
primas y lotes no puede ser desleal cuando no se encuentre en los casos
de los comportamientos que están tipificados por el artículo
8 como abusivos.
El párrafo primero de este precepto declara
desleal por tanto la "venta agresiva", que se supone cuando se
hace publicidad en especie, la cual será abusiva en el momento que
se coaccione al sujeto pasivo a la contratación. El segundo párrafo
indica que serán desleales los actos cuando la ventaja o prima que
se ofrece puede inducir al error al consumidor, por ejemplo si se ofrece
un regalo a cambio de la contratación de unos servicios que luego
resultan ser diferentes de los normales. El párrafo tercero se reputará
desleal cuando tienda a confundir al cliente sobre lo que se adquiere, porque
se dificulte la apreciación del valor efectivo de la oferta.
Conductas de agresión directa
a otros competidores.
Bajo este apartado podemos
encontrar dos tipos de conductas, recogidas respectivamente en los artículos
13 y 14.
El primer supuesto, de violación de secretos, tiene
un carácter claramente desleal, puesto que perjudica fundamentalmente
a los empresarios competidores, y es un modo directo de atacar abusivamente
al empresario contrincante. Está recogido en el artículo 13
y declara: 1.- Se considera desleal la divulgación o explotación,
sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier
otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente,
pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna
de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo
14. 2.- Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición
de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. 3.- La
persecución de las violaciones de secretos contemplados en los apartados
anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos
en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación
haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un
tercero, o de perjudicar al titular de un secreto.
Hay que indicar,
que a éste artículo no se le aplica el precepto número
2 de las Disposiciones Generales, tal como se dispone en al apartado tercero
del mismo. La concepción de este ilícito es tan amplia, que
puede considerarse como un ilícito no concurrencial.
Este precepto
viene añadirse a la defensa del empresario. El Ordenamiento protege
a la empresa que tiene un derecho de patente, de marca o de propiedad intelectual,
pero existen en el ámbito empresarial, otra serie de actuaciones
(conocimientos, técnicas, ideas...) conocidas como "trade secrets",
que pueden tener un alto valor concurrencial, y a las que se reconoce el
derecho de reserva por abarcar el conjunto de secretos relacionados con
la empresa.
Los sujetos que concurren al acto desleal pueden acceder
al mismo de diversos modos:
De una manera legítima, pero con
deber de reserva
De un modo ilegítimo: mediante espionaje o
prácticas similares, o mediante inducción a la infracción
contractual.
Para realizar estos actos, y constituir el ilícito
tipificado, se requiere que se efectúen deliberadamente.
No se
requiere por tanto finalidad concurrencial, bastará el ánimo
de obtener algún provecho, para que se produzca éste ilícito.
La segunda conducta está reflejada en el artículo 14, el cual
dice lo siguiente: 1.- Se considera desleal la inducción a trabajadores,
proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes
contractuales básicos que han contraído con los competidores.
2.- La inducción a la terminación regular de un contrato o
el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de un infracción
contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo
conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un
secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias
tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor
del mercado u otras análogas.
Aquí si que el acto tiene
que ser concurrencial, puesto que con el acto se pretende destruir la organización
empresarial del competidor, aunque no tienen porqué mantener el agresor
y el agredido una relación de competencia.
En el primer apartado
el agente agresor mantendrá una actitud activa y consciente, que
consistirá en inducir a los que contratan con el competidor a incumplir
sus deberes contractuales básicos.
El segundo apartado es un
poco más delicado, puesto que incitar a la terminación regular
de un contrato no es desleal, sino más bien lo que pretenderá
realizar cualquier competidor. Pero lo que si será un práctica
desleal es que, para conseguir esta terminación se interfiera en
la relación contractual y se realice con el fin descrito en el precepto.
Violación de las leyes.
Esta cláusula se encuentra tipificada en
el artículo 15 de la Ley bajo el epígrafe "violación
de las normas", disponiendo lo siguiente: 1.- SE considera desleal
prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la
infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. 2.-
Tendrá también la consideración de desleal la simple
infracción de las normas jurídicas que tengan por objeto la
regulación de la actividad concurrencial.
Este precepto viene
a proteger el interés general del mercado, contra aquel competidor
desleal, que adquiere una ventaja (significativa) infringiendo las normas.
Por tanto del apartado primero de este precepto se derivan tres circunstancias
que deben concurrir para que se cumpla el precepto:
Infracción
de leyes
Obtención de una ventaja competitiva derivada de dicha
infracción
Que la ventaja sea significativa o relevante.
Discriminación en los precios.
Se regula en el artículo 16 de la Ley la
discriminación. El artículo dice lo siguiente:
1.- El
tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás
condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que mediante causa
justificada. 2.- Así mismo se reputa desleal la explotación
por parte de una empresa den la situación de dependencia económica
en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan
de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad.
Este artículo,
sobre todo el apartado primero, intenta suplir determinadas lagunas dentro
del ordenamiento. La libre fijación de precios es un principio constitucional
a favor de la libertad de mercado, pero se considerará desleal cuando
se discriminen los precios entre grupos de consumidores sin mediar una
causa
justa. Estas causas justificadas a las que se refiere el precepto son la
admisión de redes de licencias y franquicias, y "rappels"
o descuentos proporcionales al volumen de compra.
En el apartado segundo
se contempla el abuso que las gr5andes empresas que ostentan posiciones
dominantes frente a las pequeñas, no se refiere a dominio de mercado,
sino a superioridad frente a proveedores o clientes que no tienen otra fuente
de suministro.
Venta a pérdida.
Este supuesto está recogido en último
lugar dentro del capítulo de los actos desleales. Viene especificado
en el artículo 17 "venta a pérdida", que establece
lo siguiente: 1.- Salvo disposición contraria de las leyes o de los
Reglamentos, la fijación de precios es libre. 2.- No obstante, la
venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición se reputará
desleal en los siguientes casos:
Cuando sea susceptible de inducir
a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos
o servicios del mismo establecimiento
Cuando tenga por efecto desacreditar
la imagen de un producto o establecimiento ajenos
Cuando forme parte
de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores
del mercado.
TEMA 4.
LA REGULACION
DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL.
Consideraciones
generales. Referencias al Derecho comunitario europeo.
Desde la antigüedad,
el hombre siente la necesidad de prestar información que a la vez
le produzca beneficios. Es decir, acude a las técnicas de difusión
de la información (publicidad) para transmitir mensajes con ánimo
comercial.
Como consecuencia de ello el Derecho de la publicidad nace
como una pieza básica en nuestro ordenamiento jurídico para
la protección de los consumidores y usuarios, así como para
establecer la normativa que deben seguir los empresarios publicitarios.
La normativa publicitaria circunscribe su ámbito y desarrollo en
torno a la actividad publicitaria y su ejercicio legítimo, que está
fundamentado en los siguientes derechos:
Derecho a persuadir. Negar
el derecho a persuadir sería negar el derecho a hablar, a comunicarnos.
Derecho a resistir a la persuasión. Que obliga al persuasor
a estudiar mejor sus propios argumentos.
Derecho de todo hombre a ayudar
al prójimo en sus empresas.
La publicidad no tiene por tanto
un papel negativo en la sociedad, y en concreto en el mercado, tal y como
se le ha atribuido en ocasiones. Podemos decir que ocurre todo lo contrario,
la publicidad juega un papel vitalizador, que impulsa a la industria, solventa
la problemática empresarial de la distribución y perfecciona
el comercio.
Nuestro Derecho en la materia en la actualidad, nace de
la necesidad de adaptación a la directiva europea de aproximación
de las disposiciones legales de los Estados miembros en materia de publicidad
engañosa.
La directiva europea no es un texto destinado exclusivamente
a la defensa de los consumidores. También está destinada a
la protección de los competidores "honestos" y a la del
público en general.
Esta directiva incluye también un
apartado relativo al ejercicio de actividades de radiodifusión televisada,
donde se destacan las siguientes condiciones de la publicidad televisada,
la cual no debe:
Atacar el respeto a la dignidad humana
Incluir
discriminaciones en cuanto a razas, sexo o nacionalidad
Atentar contra
convicciones religiosas o políticas
Estimular comportamientos
perjudiciales para la salud y la seguridad
Estimular comportamientos
perjudiciales para la protección del medio ambiente
Otra cuestión
que también recoge la directiva es la publicidad comparativa, vista
desde la perspectiva de la publicidad engañosa, en la medida en que
corre el riesgo de inducir a error cuando las comparaciones quedan, casi
inevitablemente, incompletas.
Es en esta norma europea donde encontramos
una primera definición, de carácter sumamente amplio, en el
concepto legal de publicidad. La directiva en su artículo 2 nos dice:
será publicidad toda forma de comunicación efectuada en el
marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal cuyo objetivo
es promocionar el suministro de bienes o servicios, incluyendo los bienes
inmuebles, los derechos y las obligaciones.
El Derecho español
de la publicidad. Significado y contenido.
La ley 34/1988 es la encargada
de regular la materia de la publicidad en nuestro país en la actualidad.
La aprobación de esta ley derogó la anterior legislación
en la materia, representada por el Estatuto de la publicidad de aprobación
en la ley 61/1964. Como referencia a este precedente normativo de la publicidad
en nuestro ordenamiento, cabe decir que nació para regular el vacío
normativo que existía dada la relevancia económica de la actividad
publicitaria. Este texto se caracterizaba principalmente por su marcado
carácter institucionalizador. Establece un tipo de conducta en la
actividad publicitaria permitiendo a la vez que una jurisprudencia amplia
y progresiva cristalice las infracciones que quebranten el principio de
legalidad.
A todo lo largo del Estatuto se observa la importancia que
se exige en cuanto a la veracidad en la publicidad, este principio de veracidad
condicionaba todo el texto.
En cuanto a la ley que rige en la actualidad
(34/1988), ésta se encuentra inspirada, como ya hemos dicho, en la
directiva 84/450 de 1984. La ley se encuentra distribuida en cuatro títulos.
La ley es de carácter concreto y preciso y su horizonte básico
es el de constituir el marco normativo para la actividad publicitaria, buscando
el equilibrio, tanto para los consumidores y usuarios como para los sujetos
intervinientes en el ámbito de la publicidad.
Es en el artículo
segundo de la ley donde encontramos una primera definición de publicidad,
que dice así: "A los efectos de esta ley, se entenderá
por:
Publicidad: toda forma de comunicación realizada por una
persona física o jurídica, pública o privada, en el
ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional
con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación
de bienes o inmuebles, servicios derechos y obligaciones.
Destinatarios:
las personas a las que se dirija el mensaje publicitario a de las que esté
al alcance.
Después de leer el párrafo segundo donde
se define quiénes son los destinatarios, podemos distinguir quiénes
son los sujetos de la publicidad:
Los destinatarios: que son las personas
a las que se dirige el mensaje publicitario o a las que éste alcanza
de hecho.
El anunciante: que será la persona física o
jurídica en interés de la cual se realiza la publicidad.
Las agencias de publicidad: las personas que se dedican profesionalmente
y de manera organizada, a crear, preparar o ejecutar publicidad por cuenta
del anunciante.
Medios de publicidad: que serán las personas
que se dedican a la difusión de la publicidad a través de
los soportes o medios de comunicación social cuya titularidad ostentan.
La publicidad ilícita. Clases y régimen
jurídico.
En el artículo tercero
de la ley se enuncian cinco supuestos de "publicidad ilícita":
La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere
los valores y derechos reconocidos en la Constitución, en especial
los que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer.
La publicidad
engañosa
La publicidad desleal
La publicidad subliminal
La publicidad que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad
de determinados productos, bienes, actividades o servicios.
Como observamos,
la normativa publicitaria clarifica la publicidad ilícita consiguiendo
un afianzamiento de los principios de veracidad y autenticidad que debe
contener cualquier mensaje publicitario, lo cual redunda en beneficio de
los consumidores y usuarios, así como de los intervinientes en el
mercado.
El primer supuesto abarca la utilización morbosa o denigrante
del cuerpo de la mujer o del hombre, la exhibición de las ideas de
desigualdad entre sexos, razas, nacionalidades o leguas, el fomento de la
superstición, el desprecio a la vejez, enfermedad, minusvalías
o fealdad, o las convicciones religiosas o políticas, el fomento
de los comportamiento perjudiciales para la salud o la seguridad y para
la protección del medio ambiente, las expresiones o imágenes
obscenas, de crueldad o soeces o de mal gusto etc.
El segundo supuesto
trata de la publicidad engañosa, que aparece definida en el artículo
4 de la misma ley, que dice: es publicidad engañosa la que de cualquier
manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error
a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico,
o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. Es así mismo
engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes,
actividades o servicios, cuando dicha omisión induzca a error de
los destinatarios.
*Como podemos observar, a la norma publicitaria
le es indiferente que el empresario haya actuado con dolo o negligencia,
careciendo de relevancia para la misma norma, la intencionalidad del actor
del acto engañosos.
En el segundo párrafo de la definición
nos encontramos con la figura del engaño por omisión. En este
sentido, no se considera el silencio engañoso per se, sino que dichos
datos que se silencien deben ser fundamentales, de tal modo que la omisión
de datos intranscendentes no originaría la existencia de publicidad
engañosa. Y en segundo lugar, es necesario que la omisión
induzca efectivamente a error a los destinatarios.
Este artículo
cuarto recoge también la fórmula de la publicidad encubierta
(es engañosa la publicidad que de cualquier manera incl
uida
su presentación sea susceptible de inducir error a los destinatarios).
Nos encontramos aquí ante la denominada publicidad oculta o disfrazada.
Esta surge cuando el público no es consciente de que una determinada
manifestación constituye una actividad publicitaria. En el artículo
5 de la ley encontramos los elementos e indicaciones que habrán de
tenerse en cuenta para la determinación de una publicidad como engañosa.
El supuesto tercero trata sobre la publicidad desleal. Esta temática
aparece desarrollada en el artículo 6 de la ley que trata la publicidad
denigratoria, confusionista y comparativa.
Publicidad denigratoria:
Es publicidad desleal: la que por su contenido, forma de presentación
o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio
directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios
o actividades.
Este artículo es paralelo al 9 de la LCD, pero
el que recoge la Ley de publicidad es un concepto de denigración
publicitaria amplísimo y además absoluto, porque a diferencia
de su paralelo en no se aplica la "exceptio veritatis", siendo
por tanto indiferente que la alegación denigratoria sea verdadera
o falsa, si esta menosprecia a una persona o empresa o sus productos o servicios.
Publicidad confusionista: Es publicidad desleal: la que induce a confusión
con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos
distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado
de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas
o instituciones, y, en general, la que sea contraria a las normas de corrección
y buenos usos mercantiles.
El riesgo de confusión infringe el
interés de los consumidores a la diferenciación en el mercado,
diferenciación que es la base misma de la competencia económica;
el riesgo de confusión supone que los consumidores pueden sufrir
un error sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios
que le brindan en el mercado, por ello la publicidad confusionista se suele
producir principalmente sobre los signos distintivos.
Dentro de este
apartado dedicado a la publicidad confusionista nos encontramos también
con la publicidad adhesiva, al decirnos que es desleal la publicidad que
haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos
de otras empresas o instituciones. Por medio de la publicidad adhesiva o
parasitaria el anunciante equipara sus servicios con los del competidor,
con el fin de aprovecharse del crédito de las mercancías del
competidor. Mediante esta práctica el anunciante se apropia de la
reputación ajena, en beneficio propio.
Publicidad comparativa:
Es publicidad desleal: la publicidad comparativa cuando no se apoye en características
esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios,
o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no similares o desconocidos,
o de limitada participación en el mercado.
Por tanto, este precepto
admite la publicidad comparativa si reúne los siguientes requisitos:
La comparación debe versar sobre características afines, esenciales
y objetivamente demostrables.
La comparación debe versar además
sobre bienes similares y conocidos.
Los bienes deben tener una cuota
de mercado importante.
Encontramos un precepto paralelo también
en la LDC, concretamente en el artículo 10, el cual no se diferencia
de su análogo más que en cuestiones puramente terminológicas.
En el supuesto cuarto del artículo 3 de la LGP se nos habla de la
publicidad subliminal: será publicidad subliminal la que mediante
técnicas de producción de estímulos de intensidades
fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar
sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida.
La prohibición de este tipo de publicidad se prohibe en virtud de
la esencial condición del hombre como ser libre y racional que exige
que no se determine su conducta mediante procedimientos que escapen al control
de su razón, y la publicidad subliminal, es un medio de distorsión
de la libre capacidad de actuación del ser humano.
Protección
frente a la publicidad ilícita. Aspectos procesales.
Dentro del
título cuarto de la ley encontramos el procedimiento que se aplica
en materia publicitaria para proteger a la misma de posibles ilícitos.
Según el artículo 25: los órganos administrativos competentes,
las asociaciones de consumidores y usuarios, las personas naturales o jurídicas
que resulten afectadas y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo
o interés legítimo podrán solicitar del anunciante
la cesación o en su caso, la rectificación de la publicidad
ilícita. Esta solicitud se hará de forma escrita en forma
que permita tener constancia fehaciente de su fecha, de su recepción
y de su contenido.
El anunciante una vez recibida la notificación
de alguno de estos grupos deberá contestar en tres días, manifestando
su voluntad de cesar su publicidad ilícita y procediendo efectivamente
a hacerlo. Solamente en los casos de silencio, de negativa o cuando no hubiere
tenido efecto la cesación el requirente podrá iniciar un procedimiento
por la vía civil ordinaria.
La acción de cesación
significa que todos los comportamientos ilícitos publicitarios podrán
ser reprimidos por la correspondiente acción de cesación,
contemplándose además la posibilidad de un arreglo extrajudicial
abriendo así un camino para la autorregulación publicitaria.
La contratación publicitaria.
La LGP regula cuatro tipos de contratos publicitarios:
Contrato
de publicidad: aquel por el que un anunciante encarga a una agencia de publicidad,
mediante una contraprestación, la ejecución de publicidad
y la creación, preparación o programación de la misma.
Contrato de difusión publicitaria: a cambio de una contraprestación
fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga a favor de un anunciante
o agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio
o tiempo disponibles y a desarrollar la actividad técnica necesaria
para lograr el resultado publicitario.
Contrato de creación publicitaria:
a cambio de una contraprestación una persona física o jurídica
se obliga a favor de un anunciante o agencia a elaborar un proyecto de campaña
publicitaria, una parte de la misma o cualquier otro elemento publicitario.
Estas creaciones publicitarias podrán gozar de los derechos de propiedad
intelectual o industrial, pero salvo pacto en contrario se considerarán
cedidos en exclusiva al anunciante o agencia.
Contrato de patrocinio:
el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización
de su actividad deportiva, benéfica o cultural, científica
o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del
patrocinador.
TEMA 5.
LAS INVENCIONES
INDUSTRIALES ( I ).
Las invenciones industriales.
Fundamentos del Derecho de patentes de invención.
En las invenciones
podemos establecer una clasificación en función de su tipo:
Patentes
Modelos de utilidad (patentes de segundo grado)
Las invenciones son un instrumentos que implica el desarrollo económico,
técnico e industrial de la sociedad. La exclusividad que aporta el
Derecho de patentes a estas invenciones es una consecuencia del desgaste
en recursos (I+D) que se invierten en la creación de la patente.
Mediante el derecho de exclusividad sobre la patente el inventor puede resarcirse
del desgaste económico que se haya producido durante el período
de desarrollo de la invención.
Podemos definir la patente por
tanto como: un pacto entre el Estado y el inventor que tienen validez mundial,
mediante el cual el Estado confiere un derecho de exclusiva sobre la invención
a su inventor a fin de que pueda explotarla, el inventor proporciona la
descripción del invento de forma que cualquier experto en la materia
pueda ponerla en funcionamiento.
El derecho de exclusividad es de carácter
temporal, concretamente tiene una vigencia de 20 años improrrogables,
de manera que una vez transcurrido este período la patente pasa a
ser de dominio público, es decir, cualquier persona podrá
fabricarlo e intentar explotarlo libremente.
La esencia de la fórmula
de la patente es clara. El inventor ha sufrido un desgaste económico
durante el proceso de invención, de manera que el estado le permite
resarcirse de dicha inversión mediante la concesión de un
monopolio legal sobre la patente. Una vez se considera que dicho resarcimiento
ha concluido la patente pasa a ser de dominio público de manera que
se elimina el monopolio en el mercado.
La tutela de esta materia viene
reflejada en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986, la cual deroga todo
régimen anterior recogido en el Estatuto de la Propiedad Industrial.
Mediante esta ley España se coloca en una situación acorde
con los países más industrializados y modernos.
La ley
nos da una definición más concreta y completa de patente:
la patente de invención es un certificado expedido por el Estrado
en el cual se reconoce al concesionario el derecho exclusivo a fabricar
o producir, vender o utilizar, el objeto de la patente como explotación
industrial y lucrativa.
Vemos por tanto como la patente significa un
monopolio de explotación temporal (20 años), que requiere
para serlo, la publicación completa de la invención en el
Boletín de Patentes, lo cual asegura el monopolio para su autor.
Requisitos para patentar.
Dentro de los requisitos necesario para que la patente tenga efectos
legales encontramos una diferenciación en dos grupos:
Requisitos
objetivos (son condición necesaria)
Novedad
Existencia de
actividad inventiva ( lo cual excluye los descubrimientos)
Susceptibilidad
de aplicación industrial
Requisitos formales
Aquellos que
realiza el titular de la patente en el momento de realizar la solicitud.
Son necesarios para conseguir la patente, en otro caso no se tendrá
derecho a la tutela de la patente.
Requisitos subjetivos
Sólo
ostentará la tutela de la patente el titular o los herederos del
mismo.
Requisitos objetivos.
Novedad. La invención que se
pretende patentar debe ser una invención nueva a nivel mundial. Este
requisito es una norma de seguridad. En cuanto al criterio que se aplica
para la determinación de si la invención es novedosa o no
es la comparación con algo conocido. Para esta comparación
se aplican tres subcriterios:
Momento en que se establece la comparación:
se considera iniciado este momento en el mismo instante en que se demande
la solicitud de patente. Es en el momento en que se presenta la solicitud
cuando se añade la fecha, la hora y los minutos de la presentación.
Elementos con los que se establece la comparación: la comparación
se realiza con el denominado estado de la técnica, en esta base de
datos se incluyen todos los conocimientos accesibles al público en
todo el mundo antes del momento de la solicitud.
Metodología
comparativa: la invención que opta a la patente es comparada con
cada uno de los conocimientos incluidos en el estado de la tecnología,
por separado, individualmente y uno a uno.
Actividad inventiva. En el
artículo 8 de la ley de patentes se establece que una invención
supondrá actividad inventiva si aquella no resulta del estado de
la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
Susceptibilidad de aplicación industrial. La invención debe
cumplir tres características en este caso:
Ejecutable
Reproducible
De utilidad
La invención debe poder ser fabricada y/o utilizada
en cualquier industria incluida la agricultura.
Distinguimos tres categoría
de invenciones patentables:
De productos
De instrumentos
De
aplicación nueva de medios o procedimientos ya conocidos.
Requisitos negativos (exclusiones de patentabilidad)
En el artículo 2 de la Ley de patentes
encontramos unos supuestos en los cuales se considera excluido el derecho
de patente:
Descubrimientos, teorías científicas y métodos
matemáticos
Obras literarias o artísticas y cualquier
otra creación estética así como las obras científicas
Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades económicas, comerciales, así
como los programas informáticos.
Las formas de presentación
de la información
Así mismo, en el artículo 4 apartado
4 encontramos una serie de exclusiones por razones de carácter industrial:
quedarán excluidos los métodos de tratamiento quirúrgico
o terapéutico del cuerpo humano o animal. También los métodos
de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.
Tampoco serán
patentables según el artículo 5:
Invenciones cuya publicación
o explotación sea contraria al orden público o a las buenas
costumbres
Las variedades vegetales
Las razas animales
Los procedimientos
esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales
(excluida la microbiología)
Solicitud y concesión de la
patente: procedimiento.
La solicitud de patente es una acto administrativo.
La patente en si es una concesión administrativa. Esta concesión
se basa en el reconocimiento por parte del Estado hacia el titular de la
patente, den unas facultades que éste último poseerá
sobre la patente.
La finalidad de éste trámite es filtrar
las solicitudes defectuosas tanto en su forma como en su contenido, se aceptarán
únicamente como solicitudes válidas aquellas que cumplan los
requisitos marcados por la ley.
La ley de patentes de 1986 reconoce
tres sistemas de concesión de la patente:
Provisional de simple
registro. Ya no se encuentra en vigor, pero este sistema permitía
al inventor obtener fácilmente la patente. El defecto estribaba en
las pocas garantías que este procedimiento ofrecía, ya que
únicamente se examinaba la forma y el carácter industrial
de la invención, sin realizar la comprobación en el estado
de la técnica.
Concesión de examen previo. Antes de la
concesión las autoridades competentes comprueban si la invención
reúne los requisitos de patentabilidad mediante un examen del estado
de la técnica. Será el gobierno quién a través
de un Real Decreto establezca qué sectores de la técnica están
sometidos al sistema de concesión de examen previo.
Procedimiento
general con informe obligatorio del estado de la técnica. Se trata
del sistema habitual. La solicitud supone un paso importantísimo,
ya que el instante de la presentación de dicha solicitud supondrá
la base en la prioridad internacional. La solicitud se debe presentar en
el Registro de la Propiedad Industrial en la oficina de patentes, aunque
también puede presentarse en las direcciones provinciales de industria
o en las consejerías de industria de las Comunidades Autónomas
que tengan reconocida la competencia de ejecución de la materia.
La solicitud se realizará en impresos normalizados, en castellano
o en el idioma oficial de la comunidad. Nunca se podrá realizar de
oficio la entrega o concesión de una patente. La solicitud requerirá
la presentación de una serie de documentos, con lo cual, y en función
de ello, podremos encontrarnos con:
Solicitud completa. Compuesta por:
Instancia dirigida al director del RPI
Descripción del invento.
Se explicará de una forma clara y precisa cuál es la innovación
que se pretende patentar. De la lectura de esta descripción cualquier
técnico en la materia podría fabricar o usar el invento.
Reivindicaciones concretando las reglas de la técnica
Dibujos
Resumen de la invención.
Solicitud abreviada. Unicamente
requiere:
Declaración acerca de la invención sobre la
que se solicita la patente
Identificación del titular
Descripción
y una o varias reivindicaciones
Si en el plazo de ocho días
se abonan las tasas correspondientes y en ocho meses se acompaña
de los documentos que faltaban la solicitud tendrá validez.
Concesión
de la patente.
La concesión es un procedimiento administrativo
que consta de cuatro pasos:
Examen formal de la solicitud: en él
se analiza si la solicitud a cumplido las reglas mínimas formales
que han exigido a la documentación. Admisión a trámite
en el caso de que se hayan cumplido estos requisitos.
Clasificación
del documento dentro de un campo específico de la técnica.
En 1971 se creó la clasificación internacional de patentes.
Para su mantenimiento existe un comité de expertos que se encarga
de la actualización en períodos de cuatro años.
Establecimiento de cuál era el estado de la técnica en el
campo industrial correspondiente en el momento en que dicha solicitud fue
presentada. Este constituye el documento más importante. El RPI será
quien se encargue de realizar este informe en un plazo de tres meses, la
comparación que el RPI efectuará mediante la elaboración
de este informe se referirá a las reivindicaciones que se hayan solicitado.
(Reivindicaciones: condensación de la descripción de la invención
en unas pocas líneas debiendo resumirse de forma breve y concisa
el contenido y los límites del monopolio industrial que se solicita
para el inventor). Las reivindicaciones deben enunciarse correlativamente
y de manera clara, cada una de ellas es considerada y valorada individualmente.
Decisión acerca de la existencia de novedad. En el caso de que no
exista novedad se denegará la patente.
Las patentes concedidas
se registran en un archivo y se publican en el BOP para conocimiento de
terceros.
Efectos de la patente.
La patente tiene una duración de 20 años
improrrogables. Los derechos que otorga son:
Efecto negativo: nadie
que no sea el titular puede explotar la patente. Según el artículo
348 CC: el propietario tiene derecho a gozar y disponer de una cosa sin
más límites que lo establecido por la ley. El titular de una
patente, además de encontrar la limitación específica
de este precepto, se encuentra a su vez sometido a la limitación
de tiempo. El efecto negativo conllevará lo siguiente:
Prohibición
de fabricar productos patentados
Prohibición de comercializar
la patente
Prohibición de ofrecer este producto con fines comerciales
Prohibición de utilización con fines industriales.
A estas prohibiciones encontramos a su vez una serie de excepciones:
Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales
Actos realizados con fines experimentales
Preparación de
medicamentos individualmente y a pequeña escala.
Derechos que
aporta la patente al inventor:
Derecho moral o personalisimo: el derecho
de invención es algo que nadie le puede quitar.
Derechos patrimoniales
Derecho de prioridad nacional
Derecho a la reclamación
de daños y perjuicios
Todos los derechos y facultades que conlleva
el derecho de patentes
Protección del titular de la patente.
Si se violara el derecho de exclusividad del titular de la patente la ley
concede un conjunto de acciones civiles y penales para la protección
de éste.
Actos civiles.
Cesación de los actos que
violen sus derechos
Indemnización de los daños y perjuicios
sufridos
Embargo de los objetos producidos o exportados como consecuencia
de la violación de su derecho
Atribución en propiedad
de los objetos embargados
Adopción
de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de
la patente
La transmisión de la patente.
En las fórmulas
de transmisión de la patente encontramos dos tipos:
Transmisión
plena: supone el cambio de titular de la patente. Consiste en la transferencia
al concesionario de la totalidad de facultades que integran el derecho de
exclusiva. La transmisión plena se puede dar de dos maneras:
Mortis causa: cuando muere el titular pasa, a través de la herencia,
la titularidad a los herederos o causavientes.
Intervivos:
Por fusión
de la sociedad: normalmente en estos casos la titularidad corresponde a
la persona jurídica. Mediante la fusión todos los elementos
que componen la empresa pasan a la nueva persona jurídica que se
crea.
Venta de la empresa: no se vende la patente, pero el régimen
jurídico de transmisiones se establece que la empresa se transmite
con todos sus elementos, incluidas las patentes industriales.
Sucesión
particular: (verdadera cesión) El titular cede la patente. Si por
ejemplo una empresa decide desprenderse de ella o bien el inventor no puede
explotarla.
Transmisión limitada: se establece
mediante un contrato de licencia, en virtud del cual el licenciante autoriza
a un tercero denominado licenciatario a ejercitar todos o algunos de los
derechos que se derivan de la patente, mediante una correspondiente contraprestación.
Por tanto el titular de la patente sigue siendo el titular original, de
forma que únicamente se ceden unos derechos sobre ella, la titularidad
no varía.
Contrato de licencia limitada: tiempo de vigencia de
la cesión de derechos es inferior a la vida de la patente
Contrato
de licencia ilimitada: el contrato de licencia dura toda la vida del monopolio
legal.
Posibilidad de expropiar la patente.
La patente será
expropiable siempre que se busque una de estas dos finalidades:
Que
la invención pase a formar parte del dominio público y pueda
así ser explotada por cualquiera.
Que el monopolio permanezca
en manos del Estado.
Obligación de explotar la patente.
Se
trata de una obligación impuesta por la ley, cuyo incumplimiento
surtirá efecto si no se ha puesto en marcha la explotación
en un plazo de tres años desde la concesión de la patente
o de cuatro años a contar desde la solicitud. En caso de que la patente
no se explote la ley concede un sistema muy severo de licencias obligatorias
aún en contra de la voluntad del titular.
El titular podrá
ser excluido del efecto de incumplimiento de obligación mediante
justificación de causa mayor.
Casos de aplicación del
sistema de licencias obligatorias.
Es necesaria la exportación
de la invención.
Existe dependencia entre las patentes (la no
explotación de una menoscaba otra patente)
Motivos de interés
público
Sentencia condenatoria
Insuficiencia o falta de explotación.
Nulidad y caducidad de la patente.
Mediante la acción o declaración
de nulidad se considera que la patente no ha tenido nunca validez, incluso
previa explotación de la misma. Casos de nulidad:
La patente
carece de uno o más requisitos de patentabilidad.
La descripción
de la patente no es clara
Si el objeto excede del contenido de la solicitud
Si el titular de la patente no ostenta el derecho subjetivo a ser titular,
es decir, si el supuesto titular no lo es en realidad.
La caducidad
implica que la patente que la patente ha sido válida hasta el momento
en que se declara la caducidad. Casos:
Transcurso de la vida legal
de la patente
Renuncia del titular
Impago de las tasas (esta es
la única posibilidad que permite subsanación)
No explotación
en los años siguientes a la concesión
Incumplimiento de
la obligación de explotar el cual no es necesario que se produzca
una vez transcurridos los tres primeros años desde la concesión.
TEMA 6.
LAS INVENCIONES INDUSTRIALES
( II ).
El modelo de utilidad
y las invenciones laborales.
El modelo de utilidad es invención
de fondo cuyo régimen temporal es de 10 años. Al contrario
que la patente es de ámbito nacional. En España un 80% de
las invenciones se realizan a través del modelo de utilidad, cuyo
régimen se incluye en la Ley de Patentes.
El artículo
143 se define el modelo de utilidad como: innovaciones que siendo nuevas
e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración,
estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente
apreciable para su uso o fabricación. En particular, se protegerán
como modelos de utilidad:
Utensilios
Instrumentos
Herramientas
Aparatos
Dispositivos o partes de los mismos.
Los cuales reúnan
las características enunciadas en el artículo anterior.
Podemos hablar de los modelos de utilidad por tanto, como cosas inventadas
a las que se les incluye una ventaja apreciable que sea digna de protección.
Requisitos para constituir modelo de utilidad:
Forma espacial de un
objeto en estado físico o sólido
Perceptible por los
sentidos sin necesidad de que sea una forma externa (debe ser algo más
que un simple diseño, debe ofrecer una ventaja técnica nueva)
La ventaja que aporte se ha de revelar en un determinado funcionamiento
en la posición estática o dinámica del objeto.
Observamos cómo el modelo de utilidad requiere una dosis de inventiva
menor que la patente en sus requisitos de constitución.
La invenciones
laborales son aquellas que se realizan en el seno de la empresa, que suelen
ser por tanto colectivas. Los requisitos que precisa son:
Han de ser
patentables o protegibles a través del modelo de utilidad
El
inventor debe estar vinculado a la empresa en concepto de asalariado.
Los tipos de invenciones laborales son:
Por encargo: resultado de una
actividad inventiva de investigación para cuya realización
fue contratado el inventor. El titular será la empresa o empresario,
aunque los derechos morales serán por supuesto del inventor. En caso
de que el invento exceda las previsiones económicas iniciales se
recompensará adicionalmente al inventor.
De servicio: las invenciones
son realizadas por un trabajador por un trabajador que no ha sido contratado
para investigar, pero la invención debe cumplir dos condiciones:
La invención debe estar relacionada con la actividad profesional
del trabajador en la empresa
Para obtener la invención deben
haber sido necesarios y decisivos los conocimientos adquiridos en la empresa
o la utilización de los medios proporcionados por la empresa.
La titularidad de la patente recae en el inventor, pero el empresario puede
asumir la titularidad o reservarse un derecho preferente de utilización
de la misma.
Libres: aquellas que no están incluidas en las casos
anteriores, la titularidad recae en el inventor.
En las invenciones
laborales, en defensa del empresario debe existir un deber de información
y colaboración por parte del trabajador inventor, esto siempre que
la invención se incluya en cualquiera de los dos primeros casos.
En defensa del inventor, será nula toda renuncia anticipada a los
derechos que la ley otorga en materia de invenciones laborales.
TEMA 7.
PROTECCIÓN JURÍDICA DE
LA MARCA
1)
Concepto y función de la marca. Composición.
Dentro del grupo de signos distintivos encontramos tres tipos :
Nombre
comercial: distingue a la empresa o empresario en su actividad de tráfico
económico.
Rótulo del establecimiento: distingue el establecimiento
o local de negocio de la empresa.
Marca: distingue los productos o servicios
de la empresa.
Las características que deben cumplir los signos
distintivos para ser reconocidos como tales son:
Novedad. El signo
distintivo que comience a utilizarse debe ser distinto al anterior usado
por otros competidores.
Veracidad. El signo distintivo debe carecer
de indicación engañosa o que lleve al error.
Accesoriedad.
Respecto a la empresa el signo distintivo no debe transmitirse independientemente.
Especialidad. Debe ser un signo distintivo exclusivo en relación
al sector donde la empresa actúe.
En cuanto a las excepciones
o especialidades respecto de estas características de los signos
distintivos hay que decir que:
Se pueden utilizar dos signos distintivos
iguales para distinguir dos productos que no estén en el mismo sector
En casos de marcas renombradas este principio decae ya que se considera
que se puede realizar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.
El signo distintivo tal y como lo conocemos ahora se origina con la proclamación
y vivencia de la libertad de industria y de comercio y el régimen
de libre competencia, y por tanto la libertad de mercado. Es a partir de
la Revolución Francesa desde cuando el concepto de marca comienza
a evolucionar y por tanto a actuar como una verdadera señal para
indicar una gran cantidad de información sobre ese producto o servicio.
Hoy en día los grandes mercados han aumentado la importancia de la
marca, puesto que suele ser el punto de referencia de los consumidores.
Por esta razón requiere un medio de defensa o protección territorial
a nivel incluso internacional.
En la actualidad existen tres regímenes
diferentes de protección de la marca, que tienen su punto de partida
en el principio de territorialidad:
La
vía nacional. Presupone la acumulación de marcas nacionales,
teniendo el titular de la marca que se pretende proteger, que estar obligado
a seguir los trámites propios de cada Estado donde quiera proteger
su marca. (Convenio Unión de París 1883)
La vía
internacional. Pretende facilitar la protección de marca en los diferentes
Estados firmantes del Arreglo y Protocolo de Madrid, mediante la unificación
de la solicitud de la marca, pero los efectos son los mismos que los de
las marcas nacionales.
La vía comunitaria. Es un sistema regional
(Mercado Común) y no internacional, y coexiste con los diferentes
sistemas nacionales. Surge como respuesta al principio de libre circulación
de mercancías dentro del mercado común, que chocaba con la
excepción impuesta a los derechos de propiedad industrial, por lo
que, al no ser una excepción absoluta, fue configurándose
a través de la jurisprudencia y de la legislación comunitaria.
La Ley española que regula las marcas es la Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, que regula además los otros dos signos distintivos, el
rótulo y el nombre comercial. Esta ley ejerce sus efectos en el territorio
español, y pese a ser coetánea a la directiva europea en la
materia se anticipó a la promulgación de ésta última,
por lo que nos encontramos con una ley contemporánea la directiva
europea pero incomprensiblemente inadaptada parcialmente.
El concepto
que la Ley española de marcas da a las mismas es amplio. El artículo
primero indica lo siguiente: "Se entiende por marca todo signo o medio
que distinga o sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios
idénticos o similares de otra persona" De este concepto deducimos:
La marca se identifica como un signo o medio (incluye al mencionar
signo o medio un olor o fragancia por ejemplo, esta es una de las inadaptaciones
respecto de la directiva europea)
Ha de tener fuerza distintiva
Su ámbito es el mercado
Se ha de tratar de productos o servicios
idénticos o similares. Por el principio de especialidad o relatividad,
puesto que el Derecho protege el uso exclusivo de un signo para determinados
productos o servicios. (Decae en el caso de marcas renombradas)
La ley
de marcas española fortalece las funciones de la marca. Por eso,
si añadimos lo dispuesto en la Doctrina y Jurisprudencia encontramos
que las funciones de la marca son las siguientes:
indicadora de la
procedencia empresarial
indicadora de la calidad que la marca desempeña
en la realidad económico-social
esencial de individualizar la
marca, distinguiendo productos o servicios en el marco económico
donde éstos se ofrecen: el mercado
Función condensadora
del goodwill, es decir, el prestigio o la buena fama que los productos o
servicios identificados con dicha marca adquieren en el mercado.
publicitaria.
2) El Nombre Comercial.
Aparece reflejado en la Ley de marcas en el artículo 76 - 81:
Artículo 76. Nombre comercial es el signo o denominación que
sirve para identificar a una persona física o jurídica en
el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de
las actividades idénticas o similares.
Se diferencia de la marca
en que la empresa puede tener un único nombre comercial, pero en
cuanto a las marcas puede haber tantas como quiera la empresa.
Composición
del nombre comercial:
Nombres patronímicos
Razones sociales
En cuanto a la razón social como nombre comercial hay que distinguir
que cuando se establece como razón social ésta se inscribe
en el Registro Mercantil, en cambio si usamos la razón social como
nombre comercial deberemos inscribirlo en el Registro de la Propiedad Industrial.
Denominaciones de las personas jurídicas
Denominaciones
de fantasía
Alusivas al objeto de la actividad empresarial
Anagramas
Cualquier combinación de los signos que con carácter
enunciativo se contemplen en los apartados anteriores.
El nombre comercial
tendrá vigencia de exclusividad en todo el territorio nacional. La
solicitud de licencia debe ir acompañada de una licencia fiscal.
Su régimen de transmisión implica que se realizará
con la totalidad de la empresa. La duración de este derecho de exclusividad
es de diez años prorrogables indefinidamente.
3)
Rótulo de establecimientos.
Viene recogido
en los artículos 82 - 86 de la Ley de marcas española.
Artículo 82. Rótulo será todo signo o denominación
que sirva para dar a conocer al público un establecimiento y para
diferenciarlo de otros destinados a actividades idénticas o similares.
El rótulo tiene vigencia municipal. La constitución del
rótulo coincide enteramente con la del nombre comercial. Las características
son las mismas que para el resto de signos distintivos.
4) Composición de la marca.
En cuanto a la composición de la marca el artículo dos de
la ley realiza una enunciación ejemplificatoria de algunos signos
que podrán constituir marca:
Palabras o composiciones de palabras,
incluidas las que sirven para identificar a las personas.
Las imágenes,
figuras, símbolos y gráficos.
Las letras, las cifras
y sus combinaciones.
Las formas tridimensionales entre las que se incluyen
los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación
Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter
enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.
En cuanto a
las clases de marcas existen distintas clasificaciones:
Por el objeto
designado
Marcas de fábrica o industriales: puestas por los fabricantes
a sus productos
Marcas de comercio: las ponen los distribuidores (Pryca)
Marcas de servicio: suelen figurar en los anuncios, establecimientos o documentación
de la empresa.
Por su composición.
Denominativas. Consisten
en palabras:
Significado propio
Nombres patronímicos
Nombres del titular
Nombres de un tercero
Personas jurídicas
Nombres de fantasía
Creación arbitraria
Combinación
de vocablos
Nombres extranjeros
Gráficas o figurativas
Dibujos
Formas tridimensionales
Marcas mixtas
Combinan figuras
gráficas o tridimensionales con denominaciones.
Por el régimen
de protección
Marca registrada
Marca no registrada
Por la naturaleza de su titular
Individuales. Su titular es una persona
física o jurídica.
Colectivas. Las utilizan las asociaciones
de productores, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciarse
en el mercado de los productos o servicios de las personas que no forman
parte de esta organización.
Marca de garantía. Recoge
los requisitos que incluye el producto. Existirán unos métodos
de control para que todos los productos con esta marca los cumplan. Esta
marca se superpone a la propia marca del producto. En este tipo de marca
se pierde por tanto la función de identificación del origen
del producto. Esta marca muchas veces suple la negativa al acceso a otro
tipo de denominación de calidad.
Por el ámbito de objetos
que designan.
Marcas generales (por ejemplo Renault = autos)
Marcas
especiales (por ejemplo Renault 5)
Por el perfeccionamiento de la marca
Principal (Ariel)
Derivada (Ariel Ultra)
Modificada: cambio en el titular o la dirección que implica un cambio externo en el producto
(Mr. Proper ®
Don Limpio)
6) Prohibiciones de registro.
En el apartado de prohibiciones de registro de las marcas
nos encontramos con dos tipos:
Prohibiciones absolutas: cuya acción
de nulidad es irrevocable, y que se refiere a aquellos signos distintivos
que no cumplan las condiciones establecidas para su inscripción en
el registro. Las razones, de una manera más explícita, pueden
Por carecer de fuerza distintiva: se prohiben las marcas que no sirvan para
diferenciar los productos y servicios, cuando esto sucede se está
infringiendo el requisito que viene implícito en el concepto de marca.
Se distinguen varias formas o razones para que esto suceda:
Si utilizamos
un nombre coincidente dentro del género de productos al que pertenece.
Cuando un signo distintivo ha sido vulgarizado con el paso del tiempo,
que se ha hecho habitual en el lenguaje común.
Cuando un signo
indique la especie o las características propias de los productos
o servicios globalmente definidos a través de la denominación
genérica.
Cuando el signo consista en formas, bien impuestas
por la naturaleza del producto, o porque se precisa para obtener un resultado
técnico, o las que afecten al valor intrínseco del producto.
El color por si solo, siempre que no esté delimitado por una
forma determinada.
Los signos que sean contrarios a la ley, el orden
público o las buenas costumbres
Los signos que induzcan al error
público acerca de la naturaleza, la calidad, las características
o la procedencia geográfica de los productos o servicios.
Los
signos que sean de uso privativo del Estado, Comunidades Autónomas
y otros Entes Administrativos, así como los de interés público.
Prohibiciones relativas o débiles. Son aquellas
en las que existe la posibilidad de
anularlas en un plazo de cinco años desde la publicación de
su concesión. SE recogen en el artículo 12 de la Ley de Marcas,
que al igual que el anterior enuncia una serie de circunstancias limitativas:
Los signos que guarden semejanza fonética, gráfica o conceptual
con una marca, con un nombre comercial o con un rótulo anteriormente
solicitado o registrado. Hay que destacar que basta con que exista semejanza
para que se aplique el supuesto, no se requiere identidad.
El nombre
civil de las personas, imagen o seudónimo, cuando ya estuviere solicitado
o inscrito con anterioridad, incluso sólo con que existiere semejanza
con el que estuviera anteriormente inscrito.
El nombre o cualquier otro
medio que los consumidores identifiquen con persona distinta al solicitante.
Los que supongan aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por los
derechos de propiedad industrial o intelectual. En este caso se permitiría
en el caso de que mediara el correspondiente permiso del titular del derecho
de exclusiva.
7) Procedimiento de
concesión de la marca: solicitud de registro,
oposición y resolución.
La Ley española de marcas
establece de forma detallada el procedimiento que debe seguirse para obtener
y registrar una marca en nuestro país.
La primera fase, aunque
no es exigida, es de realización conveniente. Este primer paso en
la solicitud de la inscripción de la marca supone la tarea de información
previa, es decir, la investigación de los antecedentes previos registrales
de la marca que se pretende obtener. Se buscará en la base de datos
INPAMAR, que puede ser de dos tipos:
Informa de entidades: ofrece los
datos fundamentales de las denominaciones concedidas o solicitadas anteriormente
a la fecha del informe que sean "idénticas" a ella, en
todas las clases y modalidades de signos distintivos.
Informe de parecidos:
ofrece los datos fundamentales de semejanza, entre las denominaciones concedidas
o solicitadas dentro de la clase a la que pertenece. Es decir, las que son
más parecidas a ella.
La segunda fase será la de solicitud.
La solicitud de la marca deberá contener:
Una instancia dirigida
al Director del Registro de la Propiedad Industrial, que se presentará
en el propio registro o en cualquiera de sus dependencias territoriales.
Una descripción de la marca, que deberá como mínimo
contener:
Identificación del titular
Fecha de solicitud
Reproducción del signo o medio solicitado como marca
Descripción
del signo o medio y de sus elementos
Enumeración de los productos
o servicios a los que haya de aplicarse la marca
En caso de marcas con
elementos gráficos, las pruebas válidas para su reproducción
Además se deberá adjuntar el justificante de pago de una determinada
tasa.
Una vez realizada la solicitud de la marca nace el derecho de
prioridad, en el día, hora y minuto en que ha sido presentada. En
el caso de que se produjera alguna modificación durante el tiempo
que tarda en publicarse en el BOPI, la prioridad se obtendría en
el momento de la justificación.
En caso de que el Registro de
la Propiedad Industrial encontrara alguna anomalía en la documentación
presentada se informará al solicitante, que tendrá el plazo
de un mes para subsanar el error, en caso contrario la solicitud se tendrá
por no presentada. Este organismo se encargará también de
controlar si la solicitud de registro de marca supone una violación
de los supuestos expresados en el artículo 11 de la ley de marcas,
dentro de las prohibiciones absolutas. En su caso se suspenderá la
publicación de la solicitud de marca y se dará el plazo de
un mes al solicitante para presentar las oportunas alegaciones. En caso
de que no se consideren válidas se denegará la solicitud de
registro de marca.
Las solicitudes que sean admitidas será publicadas
en el BOPI, conteniendo la siguiente información:
Nombre y dirección
del titular o titulares
Fecha y solicitud de prioridad
Reproducción
clara del signo o medio utilizado como marca
Lista de productos o servicios.
Aquellas personas que se sientan perjudicadas con la marca tendrán
un plazo de dos meses para presentar alegaciones.
8) Contenido del derecho de marca:
efectos del registro y de su solicitud.
El derecho de marca tiene un
efecto positivo y otro negativo.
En el primer aspecto (efecto positivo)
la marca confiere a su titular un derecho de exclusiva que se descompone
en una serie de facultades:
Utilizar la marca en exclusiva en el tráfico
económico: publicidad y todas aquellas operaciones concernientes
a su actuación comercial
Derecho de cesión de la marca
con o sin la empresa
Derecho para licenciar la marca
Con relación
al aspecto negativo, el titular de un derecho de marca podrá impedir
y prohibir que los terceros no autorizados utilicen la marca u otro signo
confundible para distinguir productos o servicios similares a través
de una serie de acciones y medidas civiles. Concretamente podrá prohibir
a un tercero no autorizado:
Poner el signo en sus productos o presentación
Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer
o prestar servicios con el signo.
Importar los productos o exportarlos
o someterlos a cualquier otro régimen aduanero
Utilizar el signo
en los documentos oficiales y en la publicidad.
La duración del
derecho de marca es de 10 años contados desde la fecha del depósito
de la solicitud, renovables indefinidamente por períodos de 10 años.
El ámbito de protección se extenderá a todo el territorio
nacional.
9) Límites del
derecho de la marca.
La ley de marcas en los
artículos 32 y 33 establece una serie de limitaciones al derecho
subjetivo sobre la marca registrada:
Art. 32: Agotamiento del derecho
de la marca. "El derecho conferido por el registro de marca no permitirá
a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados
en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento
expreso". Es decir, una vez haya sido un producto o servicio comercializado
en España con una marca determinada, su titular no podrá oponerse
al uso de la misma por terceros sobre los mismos productos. La marca se
agota por la primera comercialización del producto de marca. En definitiva,
el titular del derecho de la marca no podrá restringir la distribución
de sus productos a terceros.
Art. 33: limitaciones derivadas del "uso
atípico" por parte de terceros. Los terceros de buena fe, podrán
utilizar sin consentimiento del titular de una marca registrada:
Su
nombre completo y domicilio
Indicaciones relativas a las características
y origen de los productos o servicios, cuando dicho uso no sea a título
de marca.
Con efectos informativos
No podrán impedir a los
comerciantes y distribuidores que usen sus propias marcas junto a la marca
registrada.
10) Obligaciones del
titular la marca. Renovación de la marca.
El titular de la marca, además de gozar de unos derechos debe responder
también a una serie de obligaciones para conservar su derecho de
exclusiva sobre la marca:
Obligación de uso. El titular de la
marca debe darle el uso correspondiente, debiendo ser un uso efectivo, es
decir designando los productos o servicios para los que fue registrada.
En el sector del mercado correspondiente...
Obligación de pago
de la consiguiente tasa.
Obligaciones de renovación.
11) Extinción de la marca.
Existen tres causas por las cuales la marca se extingue:
Nulidad. Cuando el registro de la marca no es válido y por tanto
no tuvo efectos. Para que esto ocurra deberá existir una sentencia
en este sentido con efectos retroactivos originada por la existencia de
alguna de las prohibiciones de tipo absoluto o relativo en el momento de
la solicitud.
Caducidad. Se produce por la no renovación o la
renuncia de su titular, o bien cuando se cumple la sentencia en firma declarativa
de la caducidad.
Renuncia. La renuncia es un tipo de caducidad de la
marca, que puede ser total o parcial. La parcial sería aquella que
comprende sólo una parte de los productos o servicios para los que
la marca figurase registrada.
12) Defensa del
derecho de la marca: acciones por violación
del derecho de la marca.
La ley de marcas establece un sistema de defensa
para el titular de un derecho de marca compuesto por una serie de acciones
civiles y penales.
Acciones civiles contempladas:
Acción
de cesación. Para evitar que prosiga la violación económica
del derecho de marca Indemnización de daños y perjuicios.
Publicación de la sentencia a cargo del condenado
Medidas
cautelares
Acciones penales:
Seis meses a dos años y multa
de seis a veinticuatro meses aquel que, con fines industriales o comerciales,
sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado
conforme a la legislación de marcas, y con conocimiento del registro,
reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo
idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos
o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los
que el derecho de propiedad industrial está registrado.
Las
mismas penas se impondrán al que, a sabiendas posea para su comercialización,
o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que,
suponen un infracció
n
de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aún cuando
se trate de productos importados del extranjero.
Por tanto, para que
se considere defraudación de la marca se requiere:
Finalidad
comercial o industrial
Modificación o imitación de una
marca registrada, que induzca a la confusión
Conocimiento del
registro
Ausencia de consentimiento del titular
Las denominaciones.
Las
denominaciones en general, que engloban a las de carácter geográfico
y a las de calidad, tienen unas concretas semejanzas con el resto de signos
distintivos y también diferencias. La principal semejanza entre las
dos categorías es la función, la naturaleza distintiva que
les caracteriza.
Como diferencias:
Sistema de protección.
Las denominaciones canalizan su protección a través de cauces
públicos, las marcas en cambio lo hacen a través de acciones
privadas.
Duración del derecho de exclusividad. La marca tiene
una validez exclusiva para su titular limitada, en cambio la denominación
tiene una vigencia indefinida.
Organo de dependencia. Las marcas dependen
del Ministerio de Industria, en cambio las denominaciones son dependientes
del Ministerio de Agricultura.
Denominaciones
geográficas.
Las denominaciones geográficas
son indicadores de procedencia. Cuando se trate de designar directa o indirectamente
un nombre geográfico sobre un producto indicando simplemente el lugar
de fabricación, recolección o extracción del mismo.
La denominación de origen, que está creada a imagen de las
marcas comerciales, pretende también mostrar una calidad contrastada,
por tanto, la diferencia con la geográfica es que, además
de designar procedencia indica calidad.
Según el Convenio de
Lisboa de 30 de octubre de 1988 se entiende por denominación de origen:
la denominación geográfica de un país, región
o localidad que sirve para designar un producto originario del lugar en
cuestión, la calidad o características las cuales se deben
exclusivamente al medio geográfico, comprendidos en él los
factores naturales y humanos.
Los pasos para que se establezca una denominación
de origen son:
Delimitación de la zona a través de Orden
Ministerial.
Constitución de un Consejo regulador
Reglamento
Las denominaciones de origen vienen reguladas por la ley 25/1970 denominada
de la viña, vino y alcoholes.
El reglamento del Consejo regulador
de la denominación es elaborado mediante la participación
de todos los estamentos que intervienen en el proceso de creación,
distribución... del producto. En este reglamento se establecen las
directrices generales:
Zona de producción
Materia prima
a utilizar
Practicas de producción y elaboración.
Características del producto final
Registros y funcionamiento
del Consejo regulador.
Los miembros de dicha asociación adecuarán
un logotipo al producto que deberá incluir la leyenda "denominación
de origen"
Hay que aclara que no únicamente los productos
agroalimentarios se pueden amparar bajo un denominación de origen.
Denominaciones genéricas y específicas.
El estatuto del vino en el año 1996 aportó
dos nuevos tipos de denominaciones:
Denominaciones genéricas
Denominaciones específicas.
En referencia al primer grupo
de denominaciones hemos de decir que las características de los productos
amparados bajo un denominación genérica no provienen en absoluto
del medio geográfico sino de la naturaleza de los productos, de los
sistemas de producción o de los métodos de elaboración
o transformación de este producto. El método pesa más
que el ámbito geográfico.
La denominación genérica
es aquella que se aplica a productos que tienen caracteres comunes y especiales
debido a su naturaleza, a los sistemas de producción o a los procesos
de transformación empleados. Un buen ejemplo de denominación
genérica sería la de "agricultura ecológica",
que implica que los productos bajo esta denominación no estén
tratados ni contengan ningún producto químico de síntesis.
Existe la posibilidad de solapar una denominación genérica
con la denominación de origen, sobre todo si la denominación
genérica puede utilizar el nombre de una región o país.
Esto es una consecuencia del artículo 25, que permite utilizar nombres
geográficos como denominaciones genéricas, siempre y cuando,
los métodos de transformación y elaboración que caracterizan
el producto reconozcan o hagan referencia a un nombre geográfico.
Por otra parte, nos topamos con las denominaciones específicas. Una
denominación específica es aquella que se aplica a los productos
que tengan cualidades diferentes entre los de su misma naturaleza debido
a la materia prima base de su elaboración, al medio natural o a los
materiales de su elaboración (Pe: Pacharán de Navarra)
Una denominación específica no puede hacer referencia a l
mismo tiempo al marco geográfico de la materia prima y al marco geográfico
del proceso de elaboración o transformación.
Para la
constitución de las denominaciones genéricas y específicas
es también necesario cumplir unos requisitos:
Definición
del producto
Delimitación de la zona de producción
Variedades o razas
Materia prima
Registros
Logotipo que incluya
la leyenda correspondiente.