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COLOMBIA Y EL TRÁFCIO ILEGAL DE ARMAS archivo del portal de recursos
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de origen
Bernardo Pérez Salazar
Director del Observatorio del Manejo del Conflicto,
Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
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Arms trafficking and Colombia.
Kim Craig and Bruce
Hoffman, Sta. Monica,
CA. Rand Corporation / National Defense
Institute, 2003, 81 pp.
Cuando en Abril de 2003 las tropas de la coalición ocuparon las principales ciudades, instalaciones de gobierno e infraestratuctura petrolera de Irak, el mando militar se vió corto para detectar y cubrir con unidades muchos lugares estratégicos, entre ellos, el museo en Bagdad, de donde de inmediato se perdieron tesoros de la civilización Mesopotámica saqueados por la turba. Entre otros lugares que también quedaron sin detectar y proteger debidamente, figuraron los depositos y caletas de armas pequeñas y ligeras, municiones y explosivos convencionales con los cuales, en el primer año trascurrido después de la invasión, la resistencia iraquí ha producido miles de bajas, tanto entre la población civil como en las tropas militares y policiales a cargo de la seguridad del país.
¿Por qué subestimó así el mando militar de la coalición la amenaza representada por una resistencia armada con armas convencionales pequeñas y ligeras? Probablemente porque al inicio de la ocupación, los objetivos políticos dictaban que la prioridad era ganar el apoyo masivo para la invasión por parte de la opinión pública estadounidense, asegurando con rapidez los trofeos de guerra prometidos: descubrir los depósitos de armas de destrucción másiva y capturar al Carnicero de Bagdad, Saddam Hussein. A la vez, quizás también haya incidido un rasgo idiosincrático de la doctrina militar norteamericana, que la hace propensa a exlcuir de entre los elementos contemplados en la definición de “amenazas de seguridad” la circulación de armas convencionales pequeñas y ligeras.
El libro en reseña, que fue preparado por la División de Análisis del Terrorismo del Instituto del Invevestigación de Defensa Nacional de la Corporación RAND para la Agencia de Inteligencia para la Defensa del gobierno de EE.UU., enfatiza la necesidad de revaluar está noción doctrinaria dentro del establecimiento de seguridad norteamericano. Destaca el papel desestabilizador que juega el tráfico ilegal de armas pequeñas y ligeras en el contexto de países afectados por violencia política persistente, como es el caso colombiano, al dotar a actores no estatales con la capacidad de desafiar y desestabilizar la autoridad del Estado.
Los hallazgos presentados en este pequeño libro, cuyo propósito explícito es explorar los patrones de tráfcio ilegal de armas hacia y dentro de Colombia, son el producto del análisis de fuentes abiertas de información sobre el tema entre Enero de 1998 y Agosto de 2001. Durante ese período un equipo de investigación compiló más de 500 artículos de prensa, revistas y artículos académicos sobre el tema. En aproximadamente 200 de estos artículos, se encontraron referencias concretas sobre eventos de interdicción de armas pequeñas y ligeras, así como el descubrimiento de caletas ilegales relacionadas de alguna manera con Colombia. A partir de esta información los investigadores desarrollaron un conjunto de datos que incluye entre otros, el origen de las armas, métodos de transporte, rutas de tránsito, países de interdicción, intermediarios, certificados de usarios finales, mercados negros, números y tipo de armas, cantidad y tipo de municiones y otras actividades sospechosas relacionadas con el tráfico ilegal de armas.
Esta base de información se complementó con tres viajes de trabajo de campo. El primero fue a la Argentina para explorar la importancia real de la zona tri-fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay en el escenario suramericano del tráfico ilegal de armas pequeñas y ligeras. Los dos siguientes fueron a Colombia, uno en Abril y el otro en Junio de 2001. En el primero, los investigadores se entrevistaron con ciudadanos involucrados en actividades de resolución del conflicto, líderes de organizaciones no gubernamentales reconocidas, periodistas y académicos, con el fin de contrastar sus percepciones con la información obtenida de las fuentes escritas consultadas. En el segundo, se entrevistaron funcionarios de agencias de inteligencia y seguridad, militares y funcionarios tanto de las adminstraciones locales como de las Naciones Unidas, con el fin de de despejar ciertas versiones e instuiciones confusas o equívocas en torno al tema.
Con base en este fondo informativo, el trabajo de Craig y Hoffman documenta que durante el período de estudio, en Colombia el 78% de las actividades de tráfico de armas registrado tuvo lugar a través de mercados ilegales. Entre los sitios de origen de las armas pequeñas y ligeras, destacan aquellas provenientes de depósitos y caletas de armas ilegales que quedaron en El Salvador, Honduras y Nicaragua, luego de que estos países fueran inundados con armas –hay estimativos que mencionan un orden de magnitud de 2 millones de armas– por EE.UU. y la Unión Sovietica en la década de los 80. Las armas centroamericanas ingresaron a Colombia generalmente por vía de Panamá, a través de 37 rutas conocidas, (aun cuando las autoridades panameñas reconocen que hay por lo menos 200 trochas en el Darien por las cuales transitan armas y municiones, en la zona fronteriza entre ese país y Colombia), por donde entraron pequeñas cantidades de armas pequeñas y ligeras y municiones de manera permanente. Las armas que ingresaron por la costa Caribe colombiana –Acandí, Tolú, Santa Marta, Riohacha y Porte, entre otros– iban con destino prinicpalmente a grupos paramilitares, mientras que la FARC ingresó sus armas por diversos puntos sobre la costa Pacífica, entre ellos, Juardó, Bahía Cupica, Golfo de Tribugá, Bahía Solano y Buenaventura.
El mercado ilicito de armas en Colombia también se surte a través de otras importantes fuentes internacionales. Se registaron ingresos de armas y municiones ilegales por puntos fronterizos terrestres y fluviales con Venezuela (21 rutas conocidas) y Ecuador (26 rutas). En relación con este último país se registraron cerca de 22 casos en los cuales se descubrieron a empresas de seguridad privada involucradas en el tráfcio ilegal de armas en Quito, Tulcan y Nueva Loja. Leticia se menciona como un centro importante en el mercado ilegal de armas pequeñas y ligeras, muchas de ellas provenientes de la zona de tres fronteras entre Brasil, Argentina y Paraguay, un conocido punto de encuentro y transacciones entre organizaciones criminales rusas, chinas mexicanas e israelis, todas ellas involucradas extensamente en el tráfico de armas pequeñas y ligeras.
De otra parte, los investigadores estiman que para cubrir las necesidades urgentes y remediar escaceses puntuales o reemplazar pérdidas inesperadas, los grupos armados ilegales en Colombia con frecuencia recurren a fuentes internas, entre ellas, los depósitos de la Industria Militar –Indumil–: hay registros de por lo menos 10 ocasiones en las cuales armas fueron sustraídas de Indumil durante 1999. También se registra el presunto suministro ilegal de armas ligeras por parte de personal militar simpatizante tanto con grupos paramilitares como grupos guerilleros, y se documentan casos de denuncias de irregularidades de esta naturaleza en la 5ª Brigada de Bucaramanga, la 4ª Brigada en Medellín, la 13ª Brigada en Bogotá y la 12ª Brigada en Florencia. En palabras de los autores, si bien todos estos informes no han sido verificados, los registros de prensa analizados sí demuestran que “por lo menos hay un interacción limitada entre las fuerzas de seguridad colombianas y el mercado negro interno de armas”.
Igualmente preocupante resulta la interacción entre una creciente demanda de armas por parte de la ciudadanía –incentivada por la inseguridad creada por las amenazas constantes de secuestros y extorsiones y la percepción de desprotección por parte de las autoridades– y el mercado interno de armas ilegales. Sólo en Bogotá habría 165.000 residentes que poseen armas personales legales. El seguimiento por parte de las autoridades de estas armas es fluctuantes e irregular, de manera que este control no representa mayor desincentivo para que los individuos compren o vendan armas de origen legal o ilegal. Se estima que por cada arma de fuego registrada legalmente, hay por lo menos tres o cuatro personas que poseen armas ilegales, entre los cuales no estarían incluidas las que están en manos de integrantes de grupos guerrelleros o paramilitares. Para el caso de Bogotá, en particular, el informe menciona acceso a la compra de armas ilegales en San Victorino, El Cartucho, Patio Bonito, Ciudad Bolívar y Corabastos, donde típicamente operan pequeñas células de traficantes de armas ilícitas, que toman órdenes de compra en la calle directamente o a través de servicios de mensajería cuando se trata de pedidos más grandes y complejos. En ocasiones, la entrega de estos pedidos se realiza en taxis.
Entre las conclusiones de los autores, se destaca que la situación del mercado ilegal de armas en Colombia, –donde no sólo intervienen los grupos armados ilegales, sino también organizaciones criminales, algunos integrantes de las fuerzas de seguridad de colombianas al igual que de países vecinos, algunas empresas de segurdad privada y la ciudadanía en general– dificulta su caracterización y dimensionamiento, y más aún, su control. Frente a un influjo diario al país de pequeños cargamentos de armas y municiones ilegales a través de centenares de rutas a lo largo de las extensas y porosas fronteras del país, al igual que al reciclaje de armas legales que fácilmente entran a los mercados ilegales por la acción de ciudadanos así como de funcionarios corruptos, los autores señalan que resulta muy dificil estimar la importancia táctica y estratégica de incautaciones como la que se realizó en la Operación Gato Negro en el febrero de 2001, en la cual las fuerzas de seguridad decubrieron en el departamento de Guanía una caleta con 560 fusiles y 2.252 pistolas.
Por consiguiente, consideran que las medidas de control usualmente establecidas en las convenciones y protocolos internacionales para la venta de armas –los certificados de usuario final así como las guías de transporte– resultan poco relevantes en circunstancias como las descritas para el caso colombiano. Además sugieren que los patrones de tráfico ilegal de armas en Colombia son indicativos del grado de corrupción y descomposición de las instituciones públicas, y representan una medida del grado de precariedad de la confianza de la población en el gobierno. En sus palabras:
[…] una responsabilidad básica de un Estado-Nación es la de proteger a su población. Si la ciudadanía intenta establecer milicias o, incluso, busca armas para su protección personal, ello parecería indicar la propagación generalizada de la creencia de que el gobierno es incapaz de cumplir con esta responsabilidad fundamental. La presencia de milicias, por lo tanto, ofrece una métrica visible de la autoridad y credibiliad del gobierno, al igual que un indicador del declive de esa autoridad y crdibilidad (p. 61).
La abundante circulación de armas personales en la sociedad norteamericana, amparada bajo la provisión constitucional que protege el derecho de los individuos a portar armas, es un caso que pone en duda la validez de esta conclusión, por lo menos expresada de manera tan general. Sin embargo ello no resta relevancia de la reiterada insistencia de los autores a lo largo del libro sobre el peligro que representa una economía paralela y activa como la que sostiene el tráfcio ilegal de armas en Colombia, la cual eventualmente podría convertirse en una amenaza a la seguridad del Estado colombiano.
Llama la atención que la mayoría de estos hallazgos y conclusiones haya atraído poca atención, tanto entre la opinión pública como en los círculos especializados en el tema Colombia. Cuando el libro apareció en inglés a finales de 2003, sólo recibió un breve registro periodístico en Colombia, en el que se destacó la eventualidad de que el escalamiento de la violencia en el país a partir de 1998 sería el reflejo de una carrera armamentista interna entre insurgencia y grupos paramilitares, empeñados en obtener o defender rutas estratégicas para su abasatecimiento de armas ilegales. Tampoco se hizo referencia alguna a la conclusión de Craig y Hoffman en el sentido de que ese escalamiento también habría sido una reacción al Plan Colombia, con el cual se incrementó la asistencia militar de EE.UU. a Colombia a partir de ese momento. Todo lo cual sugiere que se trata de un libro que hay que traducir, leer y discutir con detenimiento en nuestro país.
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