Millones de palestinos de la diáspora que reclaman su derecho al retorno viven aún en campos de refugiados, particularmente en Líbano, donde a pesar de ciertas mejoras recientes, se ven inmersos en las luchas de facciones políticas y sus condiciones de vida siguen siendo muy precarias.
El atentado que mató a Mahmud Al-Majzub, un dirigente de la yihad
islámica palestina, y a su hermano, el 27 de mayo en Saida, capital del sur del
Líbano, reavivó el proceso de desestabilización que sufre actualmente Líbano. A
ello se agregó que al día siguiente el ejército israelí efectuó bombardeos sin
precedentes desde su retiro del país, el 25 de mayo de 2000, sobre la banda
fronteriza, en Bekaa y cerca de Beirut, en respuesta al tiro de cohetes imputado
a Hezbollah y al Frente Popular de Liberación de Palestina-Comando General
(FPLP-CG) de Ahmed Jibril; se reactivó así el debate en torno al desarme de
Hezbollah y de los palestinos. Olvidados de la historia y en las negociaciones,
los palestinos, la mayor parte de los cuales vive en campos de refugiados, se
ven nuevamente impulsados al frente de la escena política, donde tratan de hacer
valer su derecho al retorno, al que nunca renunciaron.
“Generalmente, la
prensa nacional e internacional presenta a los campos de refugiados, y
particularmente a Ain Helue (1), como zonas de no-derecho que albergan a
criminales y extremistas islamistas –se enerva Khadda, una de sus habitantes–.
Pero el campo somos nosotros: más de cuarenta y cinco mil personas, apegadas a
su identidad y a su historia; y no algunos incontrolables, a lo sumo doscientos,
que son también producto de una precarización y de una situación política sin
salida”. Khadda es la primera en temer las tensiones y los conflictos armados
que minan ese campo, el más grande del Líbano, ubicado en las inmediaciones de
Saida. De hecho, terminó por instalarse afuera, poniendo en peligro el
equilibrio familiar, ya que su marido, que tiene un pequeño comercio, sigue allí
y sus hijos vuelven sistemáticamente al campo todos los fines de semana. Pero
más que de las escaramuzas, Khadda está cansada sobre todo del ahogo de Ain
Helue, de la miseria que se muestra ostensiblemente en sus callejuelas estrechas
e insalubres y de las casas hechas pedazos, que sirven de terreno propicio para
la islamización.
La invasión israelí de 1982 y la partida forzada de la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de sus combatientes
marcaron un giro. En efecto, la Organización daba trabajo a cerca del 65% de los
palestinos y garantizaba el financiamiento de estructuras sanitarias y
educativas, que estaban también abiertas a la población libanesa desamparada.
Además, los palestinos del Líbano experimentaron el sentimiento de ser los
“olvidados” en los Acuerdos de Oslo de 1993, ya que la OLP concentró sus
esfuerzos diplomáticos en Cisjordania y Gaza. Por último, los fondos de los
países donantes fueron hacia esos territorios, y los presupuestos que la Agencia
de la ONU para la Atención de los Refugiados Palestinos (UNWRA) (2), las
agencias de Naciones Unidas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
internacionales dedicaban a Líbano se redujeron drásticamente, los campos
resultaron afectados directamente por la guerra y las dificultades económicas se
tornaron espacios de repliegue.
Las organizaciones islámicas, principalmente
la Yihad Islámica y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), se dirigieron
hacia las capas más pobres de la población brindándoles una asistencia material
de la que carecían totalmente. Hamas canalizó la cólera generada en diciembre de
1992 por la deportación hacia el sur del Líbano de 415 palestinos cercanos a la
organización, y luego por la política de “asesinatos extrajudiciales”, en
particular el del sheik Yassine en marzo de 2004 y el de Abdelaziz Al-Rantissi
el mes siguiente, cuyos retratos están en todas partes. Su victoria en las
elecciones legislativas palestinas de enero de 2006 también reforzó al
Movimiento en Líbano.
Um Fadi, cercana al Frente Popular, aunque sorprendida
“como todo el mundo”, se alegró del resultado y de lo que significaba en tanto
decisión “contra la corrupción y para la reivindicación de los derechos
palestinos, entre los cuales estaba al derecho al retorno”. Como muchos otros,
ella ya no reconoce a Ain Helue, donde nacieron sus hijos en una época en que
los campos eran el símbolo de la actividad política y de la construcción de una
sociedad palestina en el exilio: “Hoy la población es rehén de las facciones
políticas que ajustan allí sus cuentas. Hay regularmente muertes y la gente
tiene miedo, pero no quieren irse porque el campo es un espacio colectivo que
siempre simboliza la esperanza del retorno y de la lucha por nuestros derechos”.
El 1º de mayo un miembro de Fatah fue asesinado por un islamista de Usbat
al-Ansar (Liga de los campesinos, un grupo salafista sospechado de mantener
vínculos con Al-Qaeda) (3), muerte que se agregó a una ya larga lista. Estos
enfrentamientos son tanto de orden político como penal, superan con frecuencia
los desafíos internos, se inscriben en una estrategia de tensión –manipulada por
diferentes servicios secretos– y siembran confusión, ya que Ain Helue sigue
siendo el símbolo del campo político donde todos los partidos palestinos se
sienten como en casa, una verdadera capital de los palestinos en el
exilio.
Armas y derechos políticos y sociales
“La situación es
delicada”, dice sobriamente Abu Ali Hassan, ex dirigente de Ain Helue que ahora
cumple funciones en Mar Elias, el pequeño campo mayoritariamente cristiano de
Beirut, donde es el responsable de las relaciones con los partidos políticos
libaneses: “El desarme de las organizaciones palestinas, que exige la resolución
1559, firmada en septiembre de 2004, a propuesta de Francia y Estados Unidos,
constituye uno de los temas de la vida política libanesa (4). El gobierno de
unión nacional de Beirut formó un comité encargado de negociar el desarme de las
bases instaladas fuera de los campos, y la reglamentación del uso de armas
dentro de los mismos. Trabajamos en la creación de una delegación unificada y
con el objetivo de que este asunto no sea tratado desde un punto de vista
únicamente securitario, sino para que los resultados hagan avanzar nuestros
derechos políticos y mejoren la situación humanitaria en los campos”.
La
reapertura, el 16 de mayo de 2006, de la representación de la OLP en Jnah, en la
periferia sur de Beirut, representa para Hassan, un signo político fuerte. “El
gobierno no quiere emplear la fuerza en esta cuestión, pero lo que plantea
problemas es sobre todo la presencia armada palestina en una docena de bases
dispersas en la llanura de Bekaa y en la localidad costera de Nahme, 15 km al
sur de Beirut”.
En este contexto turbio, las declaraciones de Mahmud Abbas,
el presidente de la Autoridad Palestina, durante su visita a París, en octubre
de 2005, fueron mal recibidas cuando dijo que los palestinos que viven en Líbano
debían “someterse a la ley” y que estaban allí como “invitados”.
Los diarios
libaneses informan regularmente acerca de infiltraciones de militantes
palestinos de Siria en la llanura oriental de Bekaa, que han llevado al ejército
libanés a cerrar unos cuarenta pasos ilegales entre ambos países y a apretar más
sus tenazas en torno a las posiciones palestinas relacionadas con organizaciones
pro sirias con base en Damasco, como el FPLP-CG, el Fatah-Intifada (una escisión
del Fatah, conducida por Abu Mussa) y Al-Saika (el ala palestina del partido
Baas, que está en el poder en Siria).
“Por el hecho de haber conducido la
resistencia armada contra Israel, porque seguimos activos e influyentes, somos
vistos como un obstáculo para la paz”, comenta Nabil, dirigente del comité
popular del campo de Baddaui, al pie de Trípoli, en el norte. Con sus casas
menos encajonadas, su servicios de vialidad y limpieza y las canalizaciones de
agua rehechas, Baddaui, más alejado de la zona de conflicto, puede parecer
apacible pero, para Nabil, la guerra sigue siendo una amenaza: “Los aviones
israelíes siguen sobrevolando regularmente el Líbano, del sur al norte y del
norte al sur, con toda impunidad” y además, “Sabra y Chatila seguirá por siempre
en nuestra memoria; porque allí fuimos masacrados bajo la protección de la
fuerza internacional. Las armas están en los campos para garantizar nuestra
propia protección” (5).
Pero la cuestión de las armas sirve sobre todo de
pantalla para las condiciones de vida y de relegación de los palestinos. Según
la UNRWA, los refugiados palestinos en Líbano eran, en marzo de 2006, unos
404.000, de los cuales 220.000 residen en la docena de campos distribuidos en el
país. En Beirut: Mar Elias, Borj El Barajneh, Sabra y Chatila, Dbaye. En el sur,
cerca de Saida: Ain Helue y Mye Mye; y cerca de Tyr: El Buss, Rashidye, Borj El
Chemalhe; en Trípoli, en el norte: Nar El Bared y Baddaui; y en Bekaa, Waweel.
Hay que agregar a esta lista los “asentamientos”, es decir, pequeños
campos-guetos ilegales, no reconocidos por la UNRWA y que no gozan de su
asistencia. El ejército libanés mantiene su presión en torno a los campos, en
particular en los cuatro del sur, que albergan a unos cien mil refugiados y
donde la entrada y salida está controlada y sometida a la obtención de permisos.
Fatah sigue siendo la organización más poderosa, pero en los campos de Beirut,
en los del norte del Líbano y en la Bekaa, los prosirios mantienen una
importancia significativa, al mismo tiempo que en todas partes es notable el
refuerzo de las organizaciones islamitas lo que, según los observadores, coloca
a Fatah y Hamas en el mismo nivel.
Según la UNRWA, el 60% de los refugiados
palestinos vive por debajo de la línea de pobreza y su tasa de desempleo
alcanzaría el 70%. Hasta hoy les es imposible ejercer unos 72 oficios fuera de
los campos, tienen prohibido introducir en ellos materiales que puedan servir
para la construcción; tampoco pueden salir del territorio libanés o volver sin
una visa cuya vigencia dura como máximo seis meses.
Trad Hamadé, ministro
libanés de Trabajo, cercano a Hezbollah, firmó en junio de 2005 un memorándum a
favor de los palestinos nacidos en el territorio libanés e inscriptos en los
registros del Ministerio del Interior, que deja parcialmente sin efecto la
prohibición para practicar un oficio. Pero no alcanza a los palestinos con
diplomas universitarios, que seguirán sin poder ejercer la medicina, el derecho,
la arquitectura, etc. Ni una palabra en cambio sobre la reforma jurídica de 2001
que prohibió a los palestinos comprar casas y bienes inmobiliarios en Líbano, lo
que produjo verdaderos enredos legales, en especial referidos a la
herencia.
Samira Salah es directora del departamento de Asuntos de los
Refugiados Palestinos de la OLP y coordinadora de la campaña por los derechos de
los refugiados palestinos en Líbano y por el derecho al retorno, previsto en la
resolución 194 de la Asamblea General de la ONU. Para ella, las disposiciones
del ministro de Trabajo representan un progreso, pero en concreto, no cambian
nada: “ya en 1995 se hicieron propuestas que establecían que un palestino nacido
en Líbano tenía derecho a trabajar, siempre que tuviera un permiso de trabajo;
pero ese permiso sigue siendo casi imposible de obtener, y la propuesta del
ministro no incluye el acceso a la seguridad social y a los seguros”. Esta
campaña fue implementada a comienzos de abril de 2005 por un colectivo que
agrupa a 25 asociaciones palestinas, al Consejo Nacional Palestino, el
departamento de Asuntos de los Refugiados de la OLP, y miembros de la “sociedad
civil” palestina. Se organizaron talleres de reflexión y de formación en el seno
de la sociedad palestina; Salah quiere lograr el apoyo de la población libanesa
con el fin de crear un amplio movimiento de presión política. Con la consigna
“Derechos cívicos hasta el derecho al retorno, resistimos junto a los libaneses
la implantación y la naturalización de los refugiados”, la campaña comprende
cuatro reivindicaciones principales: el derecho al trabajo, el derecho a la
propiedad, el derecho de asociación y el derecho a la seguridad. Estas
reivindicaciones no son nuevas, pero hasta el día de hoy nunca han tenido
respuesta.
Arrojados al exilio por cientos de miles durante la creación del
Estado de Israel, los refugiados son unos 4 millones, o sea cerca del 60% de la
comunidad palestina, y el 90% de ellos vive en los territorios palestinos y los
países árabes limítrofes. Los palestinos del Líbano (6) cristalizan los desafíos
políticos más exacerbados, tanto a escala libanesa como regional. Nos recuerdan
que la evolución del conflicto árabe-israelí está ligada también a la solución
del problema de los refugiados.
1 Isabelle Dellerva, “Les camps
palestiniens au Liban, zones de non-droit”, Libération, París, 18-5-06.
2
Esta oficina de Naciones Unidas, de socorro y de trabajos de infraestructura
para los refugiados de Palestina en Medio Oriente, fue creada especialmente en
mayo de 1950 para brindar los servicios básicos a los refugiados palestinos (en
Cisjordania, Jordania, la Franja de Gaza, Siria y Líbano).
3 Para más
información, véase Bernard Rougier, Le Jihad au quotidien, PUF, París, 2004.
Véase también la entrevista de Claire Moucharafieh en Pour la Palestine, Nº 43,
París, 3-11-04.
4 Alain Gresh, “El viejo Líbano se resiste al cambio”, Le
Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2005.
5
Precisemos que se trata de armas ligeras y medianas, ya que todo el armamento
pesado fue entregado en 1989 a las autoridades libanesas.
6 Véase también el
notable estudio de Mohamed Kamel Doraï, Les réfugiés palestiniens du Liban, une
géographie de l’exil, CNRS Éditions, París, 2006.
Edición
Número 87, julio de 2006