Tras el secuestro de un soldado israelí al cabo de un ataque palestino, el pasado 25 de junio, Israel lanzó una ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, que resulta en un castigo colectivo desproporcionado sobre la población. John Dugard, enviado especial de la ONU, declaró que Israel violaba las “normas más elementales” de los derechos humanos.
“Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a
las personas civiles (...) Se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar
los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil”. Las
implicaciones del artículo 54 del Protocolo Adicional N°1 de 1977 a la
Convención de Ginebra (1) son claras: el bombardeo de centrales eléctricas en
Gaza por parte de las fuerzas armadas israelíes, el bloqueo de la población
civil, y los castigos colectivos contra la misma, constituyen crímenes de
guerra.
El protocolo adicional precisa además otro principio del derecho
internacional violado por la ofensiva israelí: el de la proporcionalidad. El
texto estipula que “se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes
tipos de ataque; (...) cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos
y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas
cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y
directa prevista” (2). ¿Quién puede pensar un solo instante que el objetivo
declarado –salvar un soldado– justifique toda esa destrucción?
Contrariamente
a lo que afirmaron varios diarios franceses, entre ellos Libération (3), Israel
negoció varias veces intercambios de prisioneros: en 1985 liberó 1.150 detenidos
palestinos para recuperar tres de sus soldados que habían sido capturados por el
Frente Popular de Liberación de Palestina, Comando-General (FPLP-CG); y en 2004,
en el marco de un acuerdo similar con el Hezbollah libanés, intercambió 400
detenidos palestinos contra un coronel israelí y los cuerpos de tres soldados
muertos. ¿No sería más factible obtener la liberación de Gilad Shalit por medio
de negociaciones en lugar de lanzar operaciones militares que pueden llevar a la
muerte del rehén?
Como lo señala el editorial del diario israelí Haaretz (4)
del 30 de junio: “Bombardear puentes que se pueden evitar fácilmente, a pie o en
auto; tomar el control de un aeropuerto que está en ruinas desde hace años;
destruir una central eléctrica y dejar a oscuras una gran parte de Gaza;
distribuir volantes donde se le dice a esa gente que estamos preocupados por lo
que les pasa; sobrevolar el palacio presidencial de Bachar El-Assad, y detener a
los responsables electos de Hamas. Y el gobierno quiere convencernos de que hace
todo eso sólo para liberar al soldado Gilat Shalit”. Y el editorialista añade:
“Olmert debería saber que detener dirigentes sólo sirve para reforzarlos, a
ellos y a sus partidarios. Pero no se trata sólo de un razonamiento torcido:
detener personas para utilizarlas como moneda de cambio es un acto digno de una
banda de delincuentes, no de un Estado”.
En realidad, como lo revelaron los
medios israelíes, esa ofensiva –incluso la detención de los principales
responsables de Hamas, comenzando por diputados electos y ministros– había sido
planificada desde hace tiempo. ¿Con qué motivos? La idea es terminar de una vez
por todas, no sólo con el gobierno palestino surgido de las urnas en enero de
2006, sino con cualquier forma de autoridad palestina. Tal es la lógica del
“plan de retirada” decidido por Ariel Sharon y retomado por Ehud Olmert: afirmar
que no existe ningún interlocutor palestino, para así poder trazar
unilateralmente las fronteras de Israel. Esa estrategia no data de la victoria
de Hamas; durante todo 2005, mientras que Mahmoud Abbas estaba al frente de la
Autoridad y gobernaba con una mayoría de Fatah, el primer ministro Ariel Sharon
se negó sistemáticamente a negociar con él y continuó, a pesar de la decisión de
la Corte Internacional de Justicia, la construcción del muro de separación. Esa
opción por el unilateralismo significa un cuestionamiento del último logro de
los acuerdos de Oslo: la convicción (confirmada por el documento de
reconocimiento mutuo (5) entre Israel y la OLP, firmado el 9 de septiembre de
1993 por Itzhak Rabin y Yasser Arafat) de que la solución del conflicto
palestino-israelí exige una negociación bilateral entre la OLP y el Estado de
Israel.
La victoria de Hamas en las elecciones de enero de 2006 (6) permitió
al gobierno israelí profundizar su propaganda sobre el tema “no hay interlocutor
palestino”. Estados Unidos y la Unión Europea (con el aval de Francia) (7)
pusieron tres condiciones al nuevo gobierno palestino –reconocer al Estado de
Israel; poner fin a toda acción armada y aceptar el proceso de Oslo– y
suspendieron la ayuda directa, contribuyendo así de manera significativa al
sufrimiento de una población cuya culpa es haber “votado equivocadamente”.
Frente al gobierno israelí, que se niega a reconocer el derecho de los
palestinos a tener un Estado independiente en los territorios ocupados en 1967,
que utiliza el terrorismo contra los civiles, y que reniega de todos los
compromisos de los acuerdos de Oslo, vemos una tolerancia ilimitada. Se ha
podido incluso oír a la comisaria europea para las Relaciones Exteriores, Benita
Ferrero-Waldner, calificar el unilateralismo del gobierno israelí de “decisión
valiente”.
Seguramente, no es casualidad si la actual ofensiva israelí
coincide con la firma de la declaración común (8) de todas las organizaciones
palestinas (salvo la Yihad Islámica) que prevé el establecimiento de un Estado
palestino independiente sobre todos los territorios ocupados en 1967, con
Jerusalén-Este como capital, lo que representa un reconocimiento de facto de
Israel. El gobierno israelí quiso también bloquear esa nueva perspectiva de paz
que se abría. Es algo similar a lo ocurrido en 2002, cuando la Cumbre Árabe de
Beirut había aprobado un plan que preveía el reconocimiento del Estado de Israel
a cambio de la creación de un Estado palestino: por entonces, el gobierno de
Sharon había respondido –con el pretexto de un atentado kamikaze– con una
ofensiva generalizada contra todos los territorios ocupados.
Sin embargo,
“Lluvia de verano”, romántico nombre dado a la ofensiva militar israelí,
confirma el fracaso de la política unilateral: la retirada del ejército israelí
de la Franja de Gaza, sin negociaciones con los palestinos, no puede llevar a la
paz; aplicada a Cisjordania, donde la imbricación de colonias y de población
palestina es inextricable, cualquier evacuación unilateral desembocará en nuevos
actos de violencia.
1 Ver el texto completo del Protocolo adicional N°1
en el sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas: http://193.194.138.190/spanish/html/menu3/b/93_sp.htm
2 Idem,
artículo 51, 5 b. Ver además “Principe de proportionnalité”, in Crimes de
guerre. Ce que nous devons savoir, Autrement, París, 2002.
3 “L’enlèvement,
une arme sans effet”, Libération, París 29-6-06.
4 “The government is losing
its reason”, Haaretz, 30-6-06.
5 Ver en nuestro dossier sobre Medio Oriente
(en francés en http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/
) las cartas de
reconocimiento mutuo intercambiadas entre Arafat y Rabin, fechadas en septiembre
de 1993.
6 “Hamas a prueba del poder”, por Wendy Kristianasen, Le Monde
diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2006; en inglés: “Hamas
besieged” y “Honestly, only in Palestine”, Le Monde diplomatique, edición
inglesa, junio de 2006: http://mondediplo.com/2006/06/04women
.
7 Ver “Fatigue
au Quai d’Orsay, misère à Gaza”, Le Monde diplomatique, París, junio de
2006.
8 “The Prisoners’ National Conciliation Document”, Palestine Center,
28-6-06 (en inglés):
www.thejerusalemfund.org/images/informationbrief.php?ID=166
.
Edición
Número N° 85, julio de 2006