|
GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA archivo del portal de recursos
para estudiantes |
Perspectivas del Debate a Veinte Años del Reporte a la Comisión Trilateral
enlace de origen
Adrián
Acosta Silva
1. EL ERRATICO CURSO DE LA DEMOCRACIA LIBERAL
2. LA DEMOCRACIA LIBERAL Y LA CRISIS DEL WELFARE STATE
3. GOBERNALIDAD Y DEMOCRACIA: EL INFORME A LA COMISION TRILATERAL 20 AÑOS DESPUES
En 1975 Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki elaboraron un reporte para los gobiernos de tres países occidentales (Japón, Estados Unidos y Francia), en el cual se hacía un diagnóstico de los problemas y causas que desde su perspectiva se constituían como centrales para el desempeño eficaz del gobierno y de la economía en las sociedades occidentales postindustriales con regímenes políticos democráticos. Si bien es cierto que la discusión de los asuntos de la eficacia y legitimidad del desempeño del sistema político en las sociedades capitalistas ya se desarrollaba con cierta profundidad en el seno de corrientes como el pluralismo, el neocorporatismo y el neomarxismo, los efectos que tuvo el informe en los medios académicos y políticos de occidente fue inmediato y profundo; y rápidamente ese informe fue etiquetado y hasta descalificado )como suele hacerse regularmente en esos medios) como la visión "neoconservadora" más acabada en torno al funcionamiento de la democracia en las sociedades de mercado.
A dos décadas de distancia, es posible discernir los alcances del debate producido en torno a ese documento. Más allá de las apreciaciones políticas o ideológicas que el reporte produjo hacia la segunda mitad de los setenta y durante buena parte de los ochenta, lo cierto es que tuvo la virtud no menor de poner sobre la mesa del debate de la filosofía y de la ciencia política contemporánea, algunos de los viejos y nuevos problemas cruciales que han poblado el debate clásico y contemporáneo sobre la democracia y la gobernabilidad, sus relaciones, su significado y sus límites.
Pero, como toda polémica que se respete )sobre todo en el campo de la sociología o la ciencia política), las cuestiones puestas en juego o activadas por la introducción de una perspectiva relativamente novedosa y pertinente no desaparecen, sino que adquieren un nuevo perfil y relevancia que invitan a desarrollar nuevos esfuerzos reflexivos en torno a ellas. Por ello, es posible que a la luz del intenso debate provocado por el informe se pueden delimitar con cierta precisión los difusos contornos de un polémico territorio que hoy, como hace veinte años, sigue minado por varios órdenes de preguntas: ¿son compatibles los múltiples desafíos de una sociedad cada vez más compleja y diferenciada con las formas democráticas de gobierno? ¿Qué relación existe entre el grado de gobernabilidad y el grado de democracia en las sociedad modernas? Más aún: ¿sigue siendo la democracia liberal una forma adecuada y suficiente para resolver las tensiones entre eficacia y legitimidad gubernamental, y métodos democráticos de participación?
Responder con amplitud y profundidad a estos cuestionamientos es un propósito que rebasa los límites de este ensayo. Sin embargo, se intentará ofrecer una visión panorámica de lo ocurrido en el debate sobre democracia y gobernabilidad )o mejor dicho, de la gobernabilidad de la democracia) a dos décadas de haberse conocido públicamente el informe de la Comisión Trilateral. Para ello, se parte de una tesis fundamental: el problema de la gobernabilidad no es sólo un problema propio y específico de los regímenes democráticos postindustriales, sino que surge también ligado a las nociones de la democracia liberal (o liberal-democracia) asociadas al desarrollo y crisis del modelo del Estado benefactor. En tal sentido, las tensiones entre dos conceptos conflictivos, como son "gobernabilidad" y "democracia", no han desaparecido del debate público sino que se han precisado sus alcances e implicaciones al filo del siglo XXI.
Para desarrollar esta tesis, el ensayo se divide en tres secciones. En la primera, se desarrolla brevemente un análisis del concepto y las implicaciones de la "democracia liberal" en el sistema económico capitalista. En el segundo, se puntualizan las relaciones entre el modelo democrático-liberal de la organización política y el modelo del Estado benefactor surgido de la postguerra. En la tercera parte, se hace un análisis del reporte a la Comisión Trilateral y sus efectos en el debate posterior, así como los perfiles del debate reciente sobre el tema, con el objeto de identificar las cuestiones que permanecen abiertas a la reflexión y las novedades añadidas en el transcurso de ese periodo. Finalmente, se presentan algunas consideraciones finales a manera de conclusiones.
1. El errático curso de la democracia liberal
Democracia y liberalismo son concepciones y cuerpos teóricos que no nacieron juntos. Por el contrario, sus orígenes son distintos no sólo en términos históricos )la idea de la democracia nació con los griegos, los ideales liberales con el capitalismo decimonónico), sino también en términos de sus preocupaciones, sus valores y fines últimos. Así, mientras que la democracia clásica tiende a subrayar la primacía del poder colectivo y del Estado, el liberalismo tiende justamente al sentido opuesto: proteger del Estado al individuo y sus excesos. Aunque ambas pugnan por la existencia de un Estado fuerte, una resulta con frecuencia en una visión maximalista del Estado; la otra su visión minimalista.
Una de las diferencias esenciales entre ambas concepciones gira en torno a la noción de libertad. Autores como Benjamin Constant observaron que mientras que la libertad en la democracia clásica (de los antiguos, o libertad "positiva") tendía a la supresión de la libertad de los individuos (y de los individuos mismos) en aras de la colectividad, en la libertad decimonónica (de los modernos, o libertad "negativa"), los derechos garantizan la protección y el desarrollo de la vida de los individuos proporcionándoles un amplio rango de libertades específicas en varios campos de su vida en la sociedad (laboral, religiosa, política, etcétera). Tocqueville, por su parte, advertía los riesgos de la "tiranía de la mayoría" y del poder "ilimitado" del gobierno, pugnando por el fortalecimiento de los "cuerpos intermedios" entre el Estado y la sociedad como mecanismo para contener al poder y garantizar un máximo de libertad para los individuos y las asociaciones; idea que numerosos autores retomarían después como uno de los núcleos articuladores entre liberalismo y democracia.
Pero el concepto de igualdad está también asociado a los orígenes de las tensiones entre democracia y liberalismo. Tanto para el pensamiento democrático como el liberal, la igualdad política es la base para el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar en la esfera pública. Sin embargo, había también posiciones encontradas en lo que respecta a los límites de dicha igualdad. Así, mientras pensadores como Rousseau no ponían límites a la "voluntad general" de la que derivaba la igualdad de los ciudadanos, Constant y Tocqueville consideraban prácticamente intocables los derechos individuales por sobre cualquier consideración igualitaria derivada de la democracia.
Ello, no obstante, de la articulación y complementariedad de las nociones de libertad e igualdad que están presentes en el surgimiento de la democracia liberal. Aquí se busca conciliar la libertad con la igualdad.
En último análisis, la igualdad es la ampliación horizontal y la libertad el lanzamiento vertical. La lógica de la libertad se resume en ésta fórmula: iguales oportunidades para llegar a ser desiguales. La lógica de la igualdad llega al revés: desiguales oportunidades para llegar a ser iguales. El demócrata espera la integración social, el liberal aprecia la emergencia y la innovación. La diferencia es que el liberalismo se apoya en el individuo, la democracia en la sociedad.
Pero es quizá C.B. Macpherson quien mejor ha desarrollado un análisis sobre la difícil relación entre democracia y liberalismo. Para él, la noción de una sociedad de "democracia liberal" implica dos ideas que se encuentran en tensión permanente: como la democracia de una sociedad capitalista de mercado y como una sociedad de igualdad de derechos para el desarrollo individual. Asimismo, señala, que cuatro son los modelos que de manera sucesiva representan las diversas articulaciones en que se han resuelto históricamente esas tensiones: el de la "democracia protectora", que se orientó en lo fundamental a la protección de los gobernados frente a la opresión del gobierno (a principios del siglo XIX); el de la "de-mocracia como desarrollo", que introdujo el principio moral que concibe a la democracia como medio de desarrollo de la personalidad individual (de mediados y fines del siglo XIX); el de la "democracia como equilibrio" (primera mitad del siglo XX), que concibe a la democracia como un sistema de competencia entre élites que produce un equilibrio sin mucha participación popular; y la "democracia participativa" (perfilada hipotéticamente para el último tercio del siglo XX), donde se establece la necesidad de una intensa participación de los ciudadanos en el gobierno, misma que supone dos requisitos previos: la figu-ra de los ciudadanos-consumidores y la reducción de la desigualdad económica y social.
Estos modelos de democracia liberal tienen como punto en común que funcionan en el contexto de economías capitalistas donde el mercado y la política funcionan con relativa independencia, y donde las esferas privada, social y pública han alcanzado un elevado nivel de autonomía. Los principios de igualdad política y de libertad individual que guían a la democracia liberal encontraron históricamente en las relaciones entre estas esferas el campo propicio para su desarrollo. Pero es bajo la crisis del modelo del Estado benefactor, a principios de la década de los setenta, cuando el "abrazo vital" ) aunque para otros pueda ser más bien "mortal", según afirma Bovero) entre democracia liberal y economía de mercado comenzó a toparse con problemas de gobernabilidad.
2. La democracia liberal y la crisis del Welfare State
La lógica del desarrollo del capitalismo implica una acelerada mercantilización de diversos órdenes de bienes públicos, colectivos, de la sociedad. En una situación de desigualdad económica y social, ello genera efectos conflictivos que se pueden trasladar del nivel de la economía a la esfera de la política. La democracia liberal es una fórmula que intenta responder a los efectos disruptivos del mercado en el sistema político, confiriendo autonomía a la vida política respecto a la vida económica. Sin embargo, la crisis de una fórmula exitosa de articulación política y económica )la crisis del Welfare State) puso de manifiesto la necesidad de repensar las articulaciones entre democracia y liberalismo en función de un eje particular: la gobernabilidad democrática de la sociedad.
Como ha sido ampliamente documentado, las causas históricas que explican el surgimiento del Estado de bienestar se encuentran no sólo en las insuficiencias y desajustes políticos y sociales que provoca el funcionamiento irrestricto del mercado en las sociedades capitalistas industriales de occidente, sino que intervienen también factores como la exis-tencia previa de un determinado modelo de sociedad, la necesidad de equilibrar las desigualdades económicas y so-ciales con la democracia política, y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos como vía para asegurar y materializar los efectos redistributivos implicados en la estructuración de un amplio sistema de bienestar social, dotando de titularidades diversas a los individuos que ganaron el derecho a la "ciudadanía social". Estos son, en resumen, algunos de los elementos clave que permitieron la emergencia, consolidación y crisis de un modelo específico del Estado intervencionista en occidente que se articuló en forma eficaz con los principios ordenadores de la democracia liberal en algunos países, y de la socialdemocracia en otros.
Pero es la dinámica de la formación de coaliciones políticas entre las clases y las élites la que explica fundamentalmente el surgimiento de las diversas modalidades que asumió el Welfare State en el periodo de la postguerra. De acuerdo a este enfoque, las diversas coaliciones específicas que se formaron en los países occidentales se expresaron no en uno sino en varios modelos de estados de bienestar. Así, mientras que en países como los escandinavos la presencia de fuertes tradiciones socialistas y sindicalistas se conjugaron con elementos democráticos para marcar lo que se ha denominado como la "ruta socialdemócrata" hacia el Estado benefactor, en países con poderosas tradiciones liberales y democráticas como Estados Unidos y Francia, la alianza cristalizó en una coalición liberal-demócrata para la construcción del Welfare State.
Por razones de espacio, no se tocará aquí el caso de la socialdemocracia. El análisis se centrará en el caso donde los regímenes políticos orientados bajo los principios de la democracia liberal se conjugaron con el establecimiento, desarrollo y crisis del Estado benefactor para producir los fenómenos de ingobernabilidad que dieron origen a la formación de la Comisión Trilateral.
3. Gobernabilidad y democracia: el informe a la Comision Trilateral veinte años después
Hacia fines de la década de los sesenta, las democracias occidentales experimentaron un conjunto de fenómenos que presagiaban el fin de una época y el nacimiento de otra. El 68 francés, los movimientos pacifistas en Inglaterra, las gigantescas marchas contra la intervención militar norteamericana en Vietnam, la crisis de las ideologías, el agotamiento de la fórmula de estabilización política y desarrollo económico surgida bajo el modelo del Estado benefactor, la crisis de la economía capitalista mundial a raíz de las modificaciones a los precios del pétroleo, se constituyeron como expresiones visibles y espectaculares de que los desequilibrios económicos internos e internacionales, junto con las "contradicciones culturales del capitalismo" )según expresión de Daniel Bell), estaban generando cambios profundos en la manera en que las sociedades y los Estados estaban procesando el agotamiento de un patrón de desarrollo, pero que todavía no alcanzaban a definir los perfiles de otro.
Para las élites políticas neoconservadoras, la imagen dominante era de una situación potencial de ingobernabilidad política y anomia social, riesgos que fueron interpretados como efectos de la sobrecarga de demandas de la sociedad hacia el gobierno; y en no pocas vertientes de ese espectro se atribuía al "exceso" de democracia los problemas de ingobernabilidad que aquejaban a los países occidentales. Del otro lado, la lectura que hacía de la situación la nueva izquierda atribuía básicamente a la erosión de la legitimidad del sistema político la causa de los disturbios y la incapacidad del gobierno para enfrentar los problemas.
¿Cómo se puede definir la "gobernabilidad"? Para decirlo brevemente, se puede afirmar que la gobernabilidad es la capacidad del gobierno para legitimar sus decisiones con base en un desempeño eficaz de sus funciones. En términos más amplios, la gobernabilidad también puede definirse como la
cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo.
Así entendida, resulta explicable el pragmático interés de los gobiernos occidentales por comprender lo que sucedía en sus sociedades a mediados de los setenta. En el conflictivo contexto descrito, surge entonces la iniciativa de tres países por realizar un diagnóstico de la situación y perspectivas de solución para los problemas y fenómenos de sociedades cada vez más complejas y desafiantes. Para ello, se acuerda la creación de un grupo de trabajo compuesto por tres especialistas para analizar las relaciones entre gobierno y democracia. El resultado fue el "Informe del Grupo Trilateral sobre la gobernabilidad de la democracia al Comité Ejecutivo de la Co-misión Trilateral".
En este reporte, sus autores concluían que después de un periodo relativamente "exitoso" de consolidación democrática y desarrollo económico (que coincidió con el ascenso y desarrollo del Welfare State), las sociedades occidentales postindustriales enfrentaban problemas que impedían el funcionamiento eficaz de los gobiernos democráticos. Dichos problemas eran, en síntesis:
1) La búsqueda de las virtudes democráticas de igualdad e individualismo han llevado a la ilegitimación de la autoridad en general y a la pérdida de confianza en el liderazgo.
2) La expansión democrática de la participación y compromiso políticos han creado una `sobrecarga' en el gobierno y una expansión desbalanceada de las actividades del gobierno, exacerbando las tendencias inflacionarias en la economía.
3) La competencia política, esencial a la democracia, se ha intensificado, llevando a una disgregación de intereses y a una declinación y fragmentación de los partidos políticos.
4) Las respuestas del gobierno democrático al electorado y a las presiones sociales han llevado a un provincialismo nacionalista en la forma en que las sociedades democráticas conducen sus relaciones exteriores.
De manera más específica, Huntington relaciona, para el caso estadounidense, la crisis de gobernabilidad con el grado de participación. Para él, estas relaciones llevan a una suerte de círculo vicioso donde,
a) el incremento de la participación política lleva hacia una mayor polarización de la sociedad; b) el aumento de la polarización produce desconfianza en las instituciones y la sensación entre los individuos de una creciente ineficacia política; y c) esta sensación conduce a su vez a una ba-ja en la participación.
Para los autores, el corazón del problema radica en las contradicciones inherentes relacionadas a la gobernabilidad de la democracia. Reconocían que "gobernable" y "democracia" son conceptos en conflicto. "Un exceso de democracia significa un déficit en la gobernabilidad; una gobernabilidad fácil sugiere una democracia diferente".
Para ellos, en consecuencia, era necesario restablecer el equilibrio entre el ejercicio del poder y la distribución de responsabilidades, en el marco de la preservación de un régimen democrático:
La restauración de este equilibrio requiere medidas que alinearán la distribución del poder con la distribución de la responsabilidad. Aquéllos que han adquirido nuevo poder, como son los medios de comunicación, los sindicatos, los intelectuales y los tecnócratas, deben ser inducidos a usar ese poder en una forma responsable. Aquéllos que han tenido la responsabilidad de la toma de decisiones en gabinetes, parlamentos y partidos políticos deben tener un poder proporcional a su responsabilidad. Las demandas constantemente crecientes sobre el gobierno por grupos de la sociedad y la necesidad del gobierno constantemente creciente de manejar las interrelaciones de una sociedad compleja, requieren de un incremento de los recursos materiales y de la autoridad política a disposición del gobierno.
Poder y responsabilidad eran vistos, en suma, como las dos caras del problema de la gobernabilidad democrática en las sociedades pluralistas de occidente. En consecuencia, el incremento de la autoridad política y la redistribución del poder y de las responsabilidades en la sociedad fueron perfilados como estrategias de solución para ese problema.
* * *
La perspectiva formulada en el seno de la Comisión Trilateral fue rápidamente combatida desde las posiciones del liberalismo democrático y de la nueva izquierda. Los primeros, reconociendo el problema del desempeño estatal y la sobrecarga de demandas al sistema político, se orientaron a fortalecer las virtudes pluralistas-representativas de la democracia y a repensar el concepto de la autoridad política democrática operando en el seno de un sistema económico de mercado. En el otro caso, desde la izquierda, el neomarxismo atribuyó a la crisis de legitimidad del sistema político del capitalismo la causa principal de los problemas de ingobernabilidad que se presentaron desde la década de los sesenta.
A raíz del informe, las posiciones se expresaron en dos dimensiones: la teórica y la política. En la primera, se pueden distinguir las que se orientan a una visión "sobrecargada" del Estado y las que se orientan a argumentar la crisis de legitimidad estatal y del sistema político:
Los teóricos del Estado sobrecargado argumentan que la forma y el funcionamiento de las instituciones democráticas son en la actualidad disfuncionales para una regulación eficiente de las cuestiones económicas y sociales. Por el contrario, los teóricos de la crisis de la legitimidad sostienen que hay que centrarse en las relaciones de clase y en las limitaciones que impone el capital a la política para poder establecer unas bases adecuadas para la comprensión de las actuales tendencias de la crisis.
En lo que respecta a la dimensión política, también se proponían, en general, dos tipos de soluciones: la neoconservadora, y la liberal-socialista. La primera sugiere que, dado el exceso de cargas y tensión en el gobierno, lo que se requiere es disminuir las expectativas de los ciudadanos, que haya menos participación política y que se desmantelen, al menos parcialmente, los servicios sociales del gobierno. Los liberal-socialistas, por su parte, concluían que la solución radica en una mayor participación, una mayor compenetración del gobierno en los servicios sociales y su suministro, y una mayor centralización gubernamental.
Pero más allá de las posiciones extremas que se desarrollaron antes y después del reporte, existen también posturas teóricas que en los terrenos intermedios del liberalismo y el marxismo, se esforzaron por reconocer los aportes de ambas tradiciones para comprender la cuestión de la gobernabilidad. Para Bobbio la ingobernabilidad es un problema que afecta sólo a los regímenes democráticos, no a los autocráticos. Ello ocurre porque la democracia implica participación, concurrencia de ciudadanos en organizaciones múltiples que representan intereses variados, lo que desafía constantemente la capacidad gubernamental para dar respuesta a intereses diversos y, a menudo, contrapuestos. Los regímenes autocráticos, en contraste, no requieren de participación intensa, sino que reducen al mínimo los procesos de intervención ciudadana en las decisiones públicas. En un caso, la democracia genera problemas de gobernabilidad. En el otro, es un problema que, por lo menos en el corto plazo, puede resultar inexistente.
Desde esta perspectiva, Bobbio señala tres grandes problemas de la gobernabilidad democrática que constituyen, a su vez, rasgos constitutivos de los regímenes democráticos postindustriales: 1) desproporción entre las demandas sociales y respuestas gubernamentales; 2) relación entre complejidad social y conflictualidad; y 3) distribución, dispersión y di-fusión del poder en las sociedades pluralistas.
El primero de ellos tiene que ver, a la vez, con el quantum de demandas sociales y la capacidad de respuesta estatal, y con el timing con que esos procesos se articulan. Es claro que la acumulación y velocidad de las demandas de la sociedad superan las capacidades y la velocidad de respuesta del aparato político-administrativo del Estado democrático.
El segundo tiene que ver con el aumento de la complejidad y la diferenciación de la sociedad, proceso que va irremisiblemente ligado al aumento del conflicto político-social. En sociedades pluralistas con sistemas representativos, nuevos actores demandan satisfacción de nuevas necesidades, ya sea por los canales tradicionales de negociación política )partidos, sindicatos, organizaciones empresariales) o por la vía de nuevos movimientos sociales, lo que aumenta el riesgo de los conflictos y la formación de disensos que no encuentran salida en las fronteras del sistema político.
Finalmente, Bobbio señala que el tercer factor tiene que ver con la difusión y dispersión del poder en los sistemas políticos democráticos. Merced a la dinámica participativa y de repre-sentación que exige la democracia liberal, el poder se encuentra distribuido de manera horizontal y vertical en la sociedad y el régimen político. Si bien es cierto que el gobierno centraliza una gran cantidad de poder, sólo lo hace por tiempos específicos y bajo reglas determinadas. En última instancia, la sociedad puede revocar ese mandato por la vía electoral y redistribuir el poder en otro gobierno y con otros actores sociales.
Desde una perspectiva semejante, Sartori afirma que es un hecho que "todos los gobiernos democráticos se encuentran sometidos a un proceso de pérdida de autoridad y trabas por causa de las múltiples demandas a las que no se puede dar cauce". Ello explica que vivamos una suerte de "democracia embotellada", acosada por presiones de diversa índole, caracterizada por la escasa capacidad de gobierno, es decir, "por la poca resistencia ante las demandas y por la insuficiente capacidad para adoptar decisiones y llevarlas a cabo".
Desde una perspectiva luhmanniana, autores como Danilo Zolo afirman que la amenaza de ingobernabilidad de los regímenes democráticos se puede explicar en la perspectiva de lo que él denomina como los "riesgos evolutivos" de la demo-cracia liberal. Con esta expresión, Zolo alude a la posibilidad de que los regímenes democráticos, aun conservando sus características exteriores formales, como los procedimientos electorales, el pluralismo de los partidos, y un cierto nivel de garantía de la "libertad negativa", estén sujetos a un vacío gradual de sus contenidos "representativos" a favor de lógicas "sistémicas" que responden a la exigencia primaria de asegurar la "gobernabilidad" del sistema político.
Luhmann mismo señala que la ingobernabilidad del sistema político es siempre un riesgo sistémico. Sin embargo, dado el alto nivel de autonomía alcanzado por este sistema en las sociedades democráticas postindustriales, las potencialidades destructoras de un conflicto político derivado de la ingobernabilidad, se disuelven en la politización misma del conflicto y en su posterior "normalización". El mecanismo sistémico consiste en ubicarlo, primero, en el seno del sistema político para trasladarlos después al sistema jurídico, "despolitizando" los conflictos y "estandarizando" sus posibles soluciones.
En suma, durante los veinte años posteriores a la publicación del multicitado reporte, es posible distinguir con cierta claridad tres grandes posiciones. Una, la que continuó la línea interpretativa desarrollada por los autores del informe, en la que se atribuye la causa de la ingobernabilidad a la sobrecarga del Estado. Otra, que critica precisamente esa posición, explica los riesgos de la ingobernabilidad en función de la crisis de legitimidad del Estado y del sistema político. Y una tercera, que explica, por el desarrollo mismo de la democracia y la creciente diferenciación sistémica de la sociedad, los problemas de la gobernabilidad.
Si observamos lo que ha ocurrido en el mundo durante los últimos veinte años, resulta paradójico que los riesgos advertidos por los autores del informe se hayan materializado abrupta y dramáticamente en el sector no capitalista y no democrático del globo: el del socialismo real. Ahí, a fines de la década de los ochenta, se materializaron todos los demonios y fantasmas de la ingobernabilidad política y el desastre económico que los autores del informe auguraban sombríamente a las democracias occidentales.
Éstas, por el contrario, han fortalecido su posición en el mundo. La democracia es hoy un valor en sí mismo y una forma deseable o perfectible de gobierno, y la gobernabilidad se ha vuelto un problema de grado, no un problema dicotómico. La creciente y acelerada diferenciación y complejidad social sigue constituyendo, sin embargo, una cuestión que desafía constantemente la regulación estatal o gubernamental de los conflictos. El neoliberalismo y el liberal-socialismo se perfilan desde hace varios años como los referentes teóricos e ideológicos para profundizar en la comprensión de un funcionamiento democrático en una sociedad capitalista, si bien el segundo está aún en un temprano proceso de formación teórica y con pocos simpatizantes en la esfera propiamente política en la mayor parte de las democracias occidentales.
El riesgo de la ingobernabilidad, sin embargo, sigue estando presente en el horizonte de la democracia. Aunque se han acotado los límites del riesgo )vía mecanismos sistémicos, vía negociaciones y mediaciones entre los gobiernos y la sociedad, o vía la reglamentación del pluralismo), lo cierto es que sigue siendo un fenómeno perfectamente posible en la medida en que la conflictualidad se ha consolidado como un rasgo inherente a las sociedades democráticas. El alcance de sus efectos, )y contrario a los sombríos pronósticos perfilados por el reporte de Crozier, Huntington y Watanuki), parece ser también limitado dado la enorme difusión y distribución del poder político en las sociedades occidentales contemporáneas.
Pero la conclusión tal vez más importante que se puede extraer del debate posterior al reporte a la Comisión Trilateral, tiene que ver con los paradigmas de gobernabilidad en las democracias occidentales. Visto a distancia, el mérito mayor de ese reporte fue el de atestiguar el fin de un paradigma de gobernabilidad asociado a un modelo de funcionamiento estatal y del sistema político (el Welfare State). Los años subsiguientes han sido de búsqueda de un nuevo paradigma de orden político y de gobierno en la sociedad, que permita construir los consensos y disensos básicos en una sociedad de mercado conflictiva, compleja y plural.