EL ESTADO QUE PIDE A SU CONGRESO QUE VIOLE LA LEY

El vicepresidente Dick Cheney padeció ayer un doble revés y quedó al borde de ser procesado. Por un lado, el diario The Washington Post reveló que el número dos del gobierno de Bush concibió un plan para que la CIA quede exenta de la prohibición de torturar, que el Congreso de Estados Unidos está por aprobar. Por el otro, The New York Times denunció que fue Cheney quien reveló el nombre de una agente de la CIA que luego fue filtrado a la prensa, un acto que en Estados Unidos es considerado un crimen y por el cual puede ser procesado.
Ambas noticias plantean serios interrogantes sobre la manera en que se mueve el vicepresidente en el detrás de la escena de la Casa Blanca y sobre lo que algunos consideran "su gran impunidad".
Si bien Cheney quiere darle a la CIA el poder de seguir torturando, al mismo tiempo no parece tener ningún problema en divulgar el nombre de una agente de la CIA sólo porque su esposo, el embajador Joseph Wilson, lo contradijo públicamente cuando escribió un artículo diciendo que Irak no había intentado comprar uranio en Níger y, por lo tanto, no estaba a punto de fabricar una bomba nuclear. Eso decía la Casa Blanca para justificar la guerra en Irak.
Nadie sabe todavía si el fiscal Patrick Fitzgerald, encargado de investigar la filtración del nombre de la agente de la CIA Valery Plame a la prensa, tiene suficientes pruebas para procesar a Cheney. Pero lo que sí es seguro es que el vicepresidente tendrá muchas dificultades en que el Congreso apruebe su plan para que la CIA quede exenta de la prohibición de torturar.
La semana pasada, el Senado aprobó por 90 votos sobre 100 una enmienda a la ley del presupuesto de defensa que no sólo prohíbe la tortura, sino también todo "trato cruel, inhumano y degradante".
El plan que Cheney, acompañado por el director de la CIA Porter Goss, le presentó al senador John McCain es que la prohibición de los "tratos crueles, inhumanos y degradantes" no debería ser aplicada sobre las operaciones de contraterrorismo conducidas en el extranjero o sobre las conducidas por "elementos del gobierno de Estados Unidos" que no pertenecen al Departamento de Defensa, léase, la CIA.
El argumento que usó Cheney para ese pedido es que Bush "necesita el máximo de flexibilidad para llevar adelante la guerra global contra el terrorismo".
Si bien casi todos los detenidos están bajo custodia militar, se sabe que hay algunos en manos de la CIA. De acuerdo a ex agentes de inteligencia, la CIA mantiene a estos detenidos en campos clandestinos que se encuentran en el exterior. Estos detenidos —explican— son de particular interés para las operaciones de inteligencia. Entre ellos se sabe que figuran jefes de Al Qaeda como Khalid Sheikh Mohamed y Abu Subaida.
Según José Miguel Vivanco, de la organización Humans Rights, en derecho internacional una cosa es la tortura —es decir, los crímenes de lesa humanidad— y otra, los "tratos crueles inhumanos y degradantes", como los que tuvieron lugar en la prisión de Abu Ghraib.
"La buena noticia es que la enmienda de McCain busca prohibir todo. No sólo las torturas sino también los malos tratos (que son una forma de tortura) de detenidos nacionales o extranjeros. Es decir, quiere cortar de raíz el problema de manera tal que no empiecen con el jueguito de que no lo dejan dormir durante una semana y luego le hacen el submarino y eso no es tortura. Pero Cheney está buscando dos excepciones: con los extranjeros y con la CIA. Lo que equivale a una excepción para torturar", comentó.
El Senado norteamericano rechazó ayer el plan de Cheney. "Este es un tema que no desaparecerá y con el tiempo ganaremos", dijo el senador republicano John McCain, criticando la intervención de la Casa Blanca. Su colega demócrata Ted Kennedy se declaró "conmocionado" por el hecho de que la Casa Blanca tome en consideración la posibilidad de plantear el veto a la medida "de modo que la CIA pueda seguir utilizando la tortura". Pero el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, negó que el gobierno quiera favorecer prácticas abusivas. "El presidente dijo con claridad que no permite las torturas ni autorizará el uso de torturas", sostuvo.
Sin embargo, la Casa Blanca ha indicado que Bush vetará el proyecto de ley de gasto militar por 400.000 millones de dólares y la enmienda de McCain.

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Es la naturalización de la barbarie. Primero, con las vejaciones a los presos de Abu Graib, la Casa Blanca dijo que eran casos "aislados" de soldados que actuaban sin el conocimiento de sus jefes. Pero poco después alguien descubrió que eran "torturas de libro". Un manual de 1983, con instrucciones para la CIA, contenía el mismo catálogo de tormentos para ser aplicados contra los "izquierdistas" de Honduras. Y un hecho nada casual: en aquel momento era embajador en Tegucigalpa, John Negroponte, actual embajador en Bagdad. Pero hasta hace poco, eran acciones clandestinas porque socialmente estaba claro que pertenecían al orden de lo criminal. Hoy, llegamos a un tiempo en que un Estado pide a su Congreso que viole la ley.

ESTADOS UNIDOS: ANTECEDENTES
El uranio y la falsa pista de Niger
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El episodio por el cual el cerco de las sospechas empieza a rodear al vicepresidente estadounidense Dick Cheney se originó en julio de 2003, cuando el nombre de la agente de la CIA Valerie Plame —que por ley debe ser secreto—, apareció en una nota del periodista Robert Novak que publicó la revista Newsweek.
Alguien del gobierno lo había filtrado como venganza. Fue porque una semana antes el esposo de Plame, el ex embajador Joseph Wilson, había acusado públicamente al gobierno de George Bush de torcer la verdad para justificar la invasión a Irak. Ocurre que en 2002, Wilson había sido enviado por el gobierno de EE.UU. a Niger, con especial interés de Dick Cheney, según se supo luego, para investigar si Saddam Hussein había buscado comprar uranio en ese país africano para fabricar armas químicas.
Al volver a su país, el diplomático aseguró que no había nada entre Irak y Niger, y que por lo tanto las sospechas de la Casa Blanca sobre un supuesto arsenal de armas prohibidas por parte del régimen de Saddam eran falsas.
En enero de 2003, Bush dijo en un discurso a su país que había existido una operación sobre uranio enriquecido orde nada por Bagdad, en el marco de su supuesta capacidad para desarrollar armas de destrucción masiva. Un año antes, lo mismo había dicho el gobierno británico de Tony Blair. Y dos meses después que Bush, otro aliado hizo lo propio, el entonces jefe del gobierno español José María Aznar.
Sobre esa mentira se montó la invasión a Irak que ha dejado hasta ahora decenas de miles de muertos en el país árabe.
Ello, pese al veto de la Organización de las Naciones Unidas y de un dictamen de marzo de 2003 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) según el cual los documentos sobre el tema del uranio "no son auténticos", rezaba.
Karl Rove, principal consejero político de la Casa Blanca, fue uno de los sospechados de haber filtrado el nombre de Plame, de acuerdo con correos electrónicos que analizó la justicia.
Wilson lo había acusado en un primer momento de poner en riesgo a su familia, al dar a conocer la identidad de su esposa, aunque luego se retractó.
Los periodistas involucrados en el caso (no Novak de Newsweek, pero sí otros de la revista Time —que aportó pruebas— y del diario The New York Times), enfrentaron la justicia y Judith Miller, del Times, pasó un tiempo entre rejas por negarse a revelar la fuente que le dio el nombre de la agente de la CIA. Las sospechas ahora apuntan al entorno de Cheney, uno de los más agresivos defensores de invadir Irak.