DETERMINANTES EN LA COMISIÓN DE DELITOS

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Lic. Martha Fabiola García Álvarez
22/09/03

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El delito es policausal, porque son varios los motivos que se encuentran entrelazados, para que uno de ellos se origine. Un delincuente tiene dentro de sí y a su alrededor,  influencias determinantes que lo hacen incitan a delinquir, entre ellas se encuentran el ambiente social en que vive, familia, herencia, nivel cultural, situación laboral, factor socioeconómico, habitación y vicios, entre otros.

Una fuente del delito lo constituye la familia desequilibrada emocional y psicológicamente, que contiene un bajo nivel cultural, engendra, en muchos de los casos, un delincuente, situación que se agrava al conjuntarse con las adicciones. Sin que la misma sociedad donde se creó el delincuente y las leyes que existen para erradicar la delincuencia, estén a la altura, para solucionar los conflictos.

Al ser humano se le va moldeando y conforme recibe más conocimiento, se le inculcan las bases necesarias para que piense y actúe en su entorno y contexto con coherencia, congruencia y criterio social, y no deje de lado sus emociones o preocupación por aquellos que no tienen las mismas oportunidades que él o quienes han nacido y desarrollado en un ambiente difícil.

Ante la realidad actual, la sociedad requiere lograr uno de los sus más importantes fines, la armonía en común, basada en el bienestar social y con equilibrio en el derecho de los hombres; entre más crece la población, menos se logra dicha armonía, debido a que  principalmente conductas delictivas cíclicas, es decir, sociedad-familia-medio ambiente-delito-sociedad, no cuentan con una adecuada respuesta legal.

Una supervisión familiar deficiente aunada a disciplina severa, falta de armonía en el hogar y entre los integrantes de la misma, el rechazo a los hijos, el desinterés marcado hacia la educación del niño y la presencia de agresividad desencadenando la violencia intrafamiliar; son algunos de los aspectos que mayor impacto e influencia tienen en la motivación hacia una conducta delictiva temprana en una persona.

Lo anterior se une invariablemente a otros factores del contexto familiar, entre ellos hereditarios, vicios y lo que se denomina como nivel socioeconómico, concepto que ha cambiado, por la globalización, los nuevos paradigmas u otros motivos y que lo conceptualiza no como sinónimo de pobreza, sino como las condiciones económicas en que vive la sociedad, sea cual fuere su clase social.

Un ambiente socio-económico desequilibrado influye significativamente en la manifestación de la conducta delictiva y en su reincidencia.

La criminalidad tiende a aumentar de forma espectacular en periodos de desempleo masivo y los criminólogos, con una visión más amplia y profunda del problema, lo culpan de la mayoría de los delitos por todos los requisitos de necesidad y carencia que se asocian con la situación económica.  Las condiciones vitales de quienes se hallan en la miseria, de forma muy en especial en los barrios más marginados, se caracterizan por la superpoblación, falta de privacidad, espacios inadecuados para permanecer, carencia de medios para diversión y problemas de sanidad.

Este tipo de condiciones generan sentimientos de necesidad y desesperación que conducen al crimen como salida y resultan estimulados por el ejemplo de aquellos que por esta vía, han logrado escapar de la extrema pobreza, hacia lo que aparece como una vida mejor.

El comportamiento delictivo involucra variadas formas y frecuencias de infracciones que derivan en constante incidencia social cometidas contra el orden público mediante comportamientos de criterios combinables; algunas de estas manifestaciones se han incrementado  en el presente, entre ellas, la delincuencia familiar, la considerada  como menor, la juvenil, la imprudencial, los abusos sexuales y los atentados a las normas y al orden público, principalmente. 

Los vicios forman parte de los factores determinantes en una conducta delictiva debido a que en la mayoría de casos, la provocan, porque alteran la conducta de los individuos de tal forma, que se vuelven dependientes del vicio, lo cual se ha considerado también como una enfermedad, llámese alcoholismo o drogadicción.

El alcohol se encuentra presente con mayor frecuencia en hechos delictuosos, como las lesiones personales, incidentes de tránsito, homicidios, incestos, abusos deshonestos,  violencia carnal, etc.

La ingestión de los estupefacientes iguala y quizá supera los resultados del consumo de alcohol en cuanto a la captura de adictos; su consumo produce alteraciones sicosomáticas, que generan dependencias físicas, síquicas y secuelas.  La relación que existe entre estupefacientes y criminalidad es doble ya que la compulsiva necesidad de ingestión, produce alteraciones de comportamiento que generan delincuencia y por otra parte,  acciones que derivan de su consumo, están legalmente tipificadas como delitos.

Por otra parte, aquellos individuos que han tenido el privilegio de tener una educación superior, quienes tienen el conocimiento y capacidad necesarios para aportar soluciones al problema antes planteado, tienen un compromiso serio  con la sociedad, a su vez, ésta misma sociedad moderna requiere de las instituciones en que se imparte la educación superior en materia de Derecho, que se lleve a cabo en forma más amplia en la pedagogía, con la finalidad de que el estudiante de esta licenciatura, desarrolle una forma de pensar que implique amplitud de criterio, interrelacionada con el aprendizaje, para que en su  desempeño profesional, contenga una visión actual y futura de la problemática a enfrentar. 

Al mismo tiempo resulta prioritario afirmar con mayor intensidad la relación entre las instituciones de educación superior y las empresas del sector privado, para que los estudiantes adquirieran la posibilidad de llevar a la practica los conocimientos adquiridos en las aulas y que esos desempeños sirvan de apoyo a la creación de fuentes de trabajo a su egreso, independientemente de la prestación del servicio social, llevado a cabo mediante prácticas profesionales.

Con respecto a los planes de estudio que se cursan en la Licenciatura de Derecho y en los postgrados, debe considerarse profundizar en lo interdisciplinario, involucrando así otras áreas como son psicología, sociología, antropología, criminalística, contaduría, administración, etc., con métodos de enseñanza más flexibles y que permitan al alumno adquirir en mayor grado, capacidad de análisis, comprensión, razonamiento y de concertación.  Actualmente se requiere de egresados con mayor especialización, perspectiva y sensibilidad para atender los dilemas que se presentan en otros campos; no debe limitarse el aprendizaje al estudio del Derecho, porque se limita al profesionista y se establece el riesgo de caer en la incomprensión de los problemas sociales.

Los docentes y tutores académicos, con calidad en la enseñanza deben comprometerse en mayor grado a infundir en cada estudiante, entusiasmo, motivación a la creatividad, dedicación a la lectura,  sentido común, deseos de innovación, el espíritu del estudio y la aplicación de la ética profesional; el Derecho básicamente es autodidáctico, lo que implica que de cada estudiante dependa el nivel de conocimiento al que se desea llegar.  En cuanto al énfasis en la aplicación de la ética profesional, implica recobrar desde las aulas, el prestigio de nuestra profesión y terminar con la competencia desleal. 

En cuanto a la actualización legislativa con respecto a la delincuencia, es un problema mundial que se presenta en forma cíclica debido al progreso y a los deseos individuales por incrementar la calidad de vida; esta actividad de legislar es impostergable, y en el pasado ha sido expuesta por doctrinistas, juristas y pensadores, quienes proclamaron la necesidad de otorgar soluciones reales, reformando las Leyes Suprema, Penal y de Readaptación, proponiendo además, una efectiva participación de Estado-Gobierno-Sociedad, para que las reformas se efectúen en concordancia con las necesidades reales del pueblo y tomando en cuenta los factores de riesgos económicos que influyen en las conductas antisociales.

Importantes criminólogos del siglo XIX, principalmente los relacionados con los movimientos socialistas, consideraron el delito como un efecto derivado de las necesidades de la pobreza. Estos autores señalan que quienes no disponen de bienes suficientes para satisfacer por las vías legales y pacíficas sus necesidades y las de sus familias, se ven empujados con frecuencia al robo, el hurto, la prostitución y otros muchos delitos.

En la República Mexicana se observa la necesidad de reformar la Carta Magna y las leyes secundarias como el Código Penal; para ello, se lleve a cabo un exhaustivo análisis previo que considera los estudios familiares, psicológicos, sociales, ambientales y culturales para que se reforme conforme a las diferentes causas que motivan el delito, con visos de que la aplicación de la ley, se efectúe de acuerdo a la realidad social actual.

Es de considerar que las vías de comunicación rompen con mayor celeridad las fronteras de acceso a las mismas, e infieren en el ambiente social que rodea al ser humano impactando en su formación, por la imperante necesidad de relacionarse entre sí; a la vez ello requiere contemplar un orden en que se establezca la adecuada convivencia humana, sin que se violen el derecho y las garantías individuales.

No importa si el nivel económico es bajo o alto, el resultado de vivir en ambientes y entornos con  inadecuadas circunstancias físicas, sociales y culturales, generalmente se traduce en la producción delincuentes de todo tipo de nivel; Esto resulta problemático, desgastante  y destructivo para la sociedad que, a través del Estado, debe afrontar esa grave carga, a la cual se agregan los costos ocasionados por el esfuerzo de ambientar socialmente a los delincuentes, mediante su readaptación.

Entre nuestras leyes y la realidad social, se encuentra un vacío y la normatividad no corresponde a la realidad social del delincuente, en virtud de que se aplican leyes imputándose delitos, considerando que aumentando la pena se dejará de delinquir, los resultados reflejan un efecto contrario que se suma a la falta de una verdadera prevención del delito tanto por el Estado, como por la misma sociedad.

Por lo antes mencionado, al legislar deben tomarse en cuenta los factores de riesgo de una conducta delictiva, averiguando y tomando en cuenta la historia de vida, siendo esto el punto clave donde hay que enfocar la importancia de tomar en cuenta el factor de riesgo socioeconómico, familia, cultura, vicios, entre otros, para la creación o modificación de leyes que se apliquen a la realidad.

Que las sentencias varíen en relación con las circunstancias concretas del delito, como la edad, el grado intelectual y estado psicológico del delincuente, los motivos y otros factores que pudieran haberlo incitado a la comisión del delito, así como los antecedentes penales y anteriores intentos de rehabilitación.

No elevar penas, sino, modificar leyes y prevenir el delito, mediante la aportación de los conocimientos de especialistas como criminólogos, sociólogos, psicólogos, abogados, entre otros, además de la misma sociedad.

Incrementar a las familias sus oportunidades de empleo, lo que elevaría la calidad de vida y podría ayudar a la sociedad y al estado, a disminuir las tasas de delincuencia.

Promover mediante programas dirigidos a escuelas y público en general, la “Instrucción Temprana y Previa” desde la niñez, de los valores, significado, modo operativo del delito y consecuencias del mismo.

Debe darse una participación y cooperación comunitaria, una enseñanza previa desde la niñez, para infundir valores, disminuir en lo posible las opciones de la adicción y lograr que exista una detección temprana del delincuente. Además de darle prioridad a la violencia intrafamiliar.

Un certero análisis del delito y del delincuente en lo general y en lo particular, deberá contar con una aplicación certera y adecuada de la ley, para el beneficio social.

 

Lic. Martha Fabiola García Álvarez
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México
22 de septiembre de 2003

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