El paquete de rescate del orden de los 700 mil millones de dólares del secretario del Tesoro de EE.UU., Hank Paulson, se topó con dificultades en el Capitolio. Y con razón: no estuvo bien concebido. El Congreso estaría renunciando a su responsabilidad si diera un cheque en blanco al secretario del Tesoro. El proyecto contiene hasta cláusulas que eximirían a las decisiones del secretario de revisión por parte de cualquier tribunal u organismo administrativo -la última consumación del sueño de la administración Bush de un ejecutivo unitario-.

Los antecedentes de Paulson no inspiran la confianza necesaria como para darle libre albedrío. Sus acciones de la semana pasada generaron la crisis que vuelve necesario al rescate. El lunes, Paulson permitió que Lehman Brothers cayera y se negó a facilitar que hubiera fondos del gobierno disponibles para salvar a (la aseguradora) AIG. El martes, tuvo que volver sobre sus pasos y ofrecer a AIG un préstamo por 85 mil millones de dólares.

La desaparición de Lehman descompaginó al mercado de títulos comerciales. Un gran fondo de mercado de dinero "rompió la moneda" y los bancos de inversión que confiaban en el mercado de papeles comerciales tuvieron dificultades para financiar sus operaciones. Para el jueves la corrida en los fondos de mercado de dinero estaba en su apogeo y estuvimos muy cerca de un desastre, como nunca antes desde 1930. Paulson se retractó nuevamente y propuso un rescate sistémico.

Paulson ya había recibido un cheque en blanco del parte del Congreso en una oportunidad. Para negociar con Fannie Mae y Freddie Mac. Su solución hizo que el mercado inmobiliario quedara en la peor de las situaciones: sus cuerpos directivos sabían que si esos cheques en blanco eran llenados iban a perder sus trabajos. Fue por ello que se atrincheraron y volvieron a las hipotecas más caras y menos disponibles. Pocas semanas después, el mercado forzó la mano de Paulson y tuvo que hacerse cargo de ellas.

La propuesta de Paulson para comprar valores en problemas relacionados con las hipotecas plantea un problema clásico de información asimétrica. Los valores son difíciles de tasar, pero los vendedores saben más de ellos que el comprador: en cualquier proceso de subasta, el Tesoro terminará con los desechos. La propuesta abunda también en conflictos latentes por temas de intereses. A menos que el Tesoro sobrepague por los valores, el esquema no va a traer alivio. Pero si el esquema es usado para salvar a bancos insolventes ¿qué van a recibir a cambio los contribuyentes?

Barack Obama delineó condiciones que habría que imponer: un consejo bipartidario para supervisar el proceso; ayuda para los propietarios de viviendas así como para los tenedores de hipotecas; y algunos límites para el resarcimiento de los que se benefician con el dinero de los contribuyentes. Estos principios son correctos. Podrían aplicarse de forma más efectiva capitalizando a las instituciones que se ven sobrecargadas por valores en problemas de forma directa en lugar de aliviarlos de éstos. El agregado de 700 mil millones de dólares en el sector de la demanda no sería suficiente para frenar la caída de los precios de las viviendas. También se necesita hacer algo en el lado de la oferta. Para evitar que los precios de las viviendas bajen de más, la cantidad de acciones legales debe ser mantenida en un mínimo. Las condiciones de las hipotecas necesitan ser adaptadas a la capacidad de los propietarios para pagar.

El paquete de rescate deja esta tarea sin hacer. Introducir las modificaciones necesarias es una tarea delicada que se vuelve más difícil por el hecho de que muchas hipotecas fueron fragmentadas y rearmadas bajo la forma de obligaciones de deuda colateral. Ahora que la crisis se desató, un paquete de rescate a gran escala es indispensable probablemente si es que se desea controlar la crisis. No todos los bancos merecen ser salvados pero se descuenta que los especialistas de la Reserva Federal, con un adecuado control, tomarán las decisiones más acertadas. El hecho de poner a disponibilidad fondos del gobierno debiera alentar también al sector privado a participar en la recapitalización del sector bancario y en la búsqueda de un fin a la crisis financiera.