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LA RADIODIFUSIÓN EN EL MENEMISMO archivo del portal de recursos
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De cambios y continuidades: noviembre de 1993. Actualizado
a diciembre de 1994
Diego Rossi - Verónica
Reffle.
Introducción: Los medios durante el Radicalismo
Si bien la UCR fue el único partido que en su plataforma
electoral incluía propuestas para la reorganización del sistema
de radiodifusión, una vez en el gobierno no llevó adelante
una planificación explícita.
Durante su mandato no llegó
a sancionarse una nueva ley de radiodifusión, ni se produjeron cambios
en la 22.285/80 vigente.
Al asumir el gobierno democrático se
intervino el COMFER dado que su composición dispuesta por la ley
de facto, no era democrática; se revisaron las concesiones hechas
por el gobierno militar y se dictó el decreto 1151/84 por el cual
se suspendió el PLANARA y el llamado a concurso hasta la sanción
de una nueva norma legal.
En cuanto a las emisoras administradas por
el Estado, el gobierno radical no demostró apuro en privatizarlas.
Tampoco torció la forma de administración de los mismos: se
cambió a los interventores de los canales de televisión de
cabecera, pero la lógica del rating y el competir por la audiencia
se mantuvo intacta.
ATC como emisora genuinamente estatal dependió
en primera instancia de la Secretaría de Cultura de la Nación,
luego de la SIP y una vez disuelta ésta en 1987 pasó nuevamente
a la órbita de la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación,
dependientes de la Presidencia de la Nación, siempre con balances
deficitarios en su gestión.
Las ondas del canal 9 de Capital
y del canal 2 de La Plata fueron otorgadas por el general Bignone (presidente
de facto) unas horas antes de las elecciones generales del 30 de octubre
de 1983 a Alejandro Romay y a la Radiodifusora del Carmen S.A. respectivamente.
Romay no aceptó la indemnización que el Estado debía
pagarle por la expropiación de su productora y recurrió ante
la justicia para recuperar su canal.
Así es como durante la presidencia
del Dr. Alfonsín el único canal capitalino en manos privadas
fue el 9.
El traspaso al sector privado del canal 2 demoró más
en concretarse, por las presentaciones ante la justicia que realizó
Kraiselburd, dueño del diario Popular y de El Día de La Plata,
al sentirse perjudicado por las restricciones de la ley 22.285 que como
dueño del medio gráfico le impedía acceder a licencias
de radiodifusión.
Finalmente su presentación fue desechada
pero para esa resolución judicial hubo que esperar hasta 1987, mientras
el canal 2 estuvo bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Quizás los más rico de la etapa radical en cuanto al debate
sobre la radiodifusión haya pasado por la formulación de diversos
proyectos legislativos, tanto desde diferentes actores dentro del gobierno
nacional, como desde varios partidos políticos y organizaciones sectoriales.
Sin embargo la concertación de estas iniciativas no logró
superar el trámite legislativo ni las sordas oposiciones a una política
pluralista y descentralizadora para el espectro radioeléctrico.
Debido a la imposibilidad de obtener licencias por concurso (a partir de
la suspensión del plan de adjudicaciones) se registró un crecimiento
importante de la radiodifusión por cable y la explotación
de la banda de F.M. a partir de emisiones al margen de la ley.
Al momento
de concluir su mandato el primer gobierno constitucional (1989) la organización
del sistema de medios en el plano formal permanecía sin modificaciones
con respecto a su antecesor, con la vigencia de la ley 22.285/80.
Primeros pasos del nuevo gobierno.
La asunción del Presidente Menem y sus colaboradores
nombrados en el sector de medios llevó a redefiniciones y reposiciones
frente a diversas cuestiones.
Los puestos de decisión en materia
de radiodifusión fueron ocupados a partir de julio de 1989 por personalidades
de diversa procedencia dentro del seno del Justicialismo.
Fueron nombrados:
· Jorge Rachid en la Secretaría de Prensa y Difusión.
· León Guinsburg interventor del COMFER.
· Martín
Oyuela en la Subsecretaría de Cultura Nacional.
· Luis
Durán a cargo del Prondec.
· Horacio Frega en radio Belgrano.
· Miguel De Renzis en radio Excélsior.
· Julio
Maharbiz en radio Nacional.
· Mario Gavilán en ATC.
· Abel Maloney en canal 13.
Las cuestiones que más peso
tuvieron durante el primer año de gobierno Justicialista estaban
ligadas al futuro de las emisoras comerciales administradas por el Estado.
1º Se establecieron investigaciones y auditorías internas
en cada una de las emisoras.
2º Se produjeron cambios en
la programación de las emisoras, lo que llevó a que se denunciara
la elaboración de “listas negras” o “persecución ideológica”
a partir de un manejo autoritario por parte de los nuevos directivos.
Pero la cuestión de fondo estuvo en la decisión de privatizar
todos los medios de comunicación comerciales en manos estatales y
en cómo ésta se llevó a cabo.
A fines de julio
de 1989, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Dromi)
se anunció el cierre inmediato de las emisoras en manos del Estado
por ser empresas deficitarias que no proveían servicios públicos
esenciales.
Esta medida regiría hasta el momento de la privatización
de dichos medios.
Ante esta postura extrema, se desarrolló un
movimiento para mantener en el aire a las emisoras encabezado por los trabajadores
nucleados en la COSITMeCOS y apoyado por diversos sectores de la sociedad.
La COSITMeCOS se vio obligada a firmar con el Presidente Menem y el Secretario
Rachid, un acta por la cual se creaba una coadministración de estos
medios entre el gobierno y los trabajadores hasta su privatización
y se garantizaba la participación de los trabajadores en la discusión
y elaboración de los pliegos para los concursos públicos.
Pero las privatizaciones de los medios eran un “hecho consumado” que ya
en ese momento no se podía discutir.
Los lamentos de varios sectores
involucrados en el tema se dirigían a que este proceso se hacía
sin una nueva ley de radiodifusión.
En un artículo del
Proyecto “Dromi” se aludía a la privatización de canal 11,
13 radios Belgrano y Excélsior y varias del interior, que hasta ese
momento, administradas por lógica comercial, presentaban balances
deficitarios explotadas por el Estado.
La ley fue aprobada (23.696)
y permitió la consolidación legal de conglomerados multimedia
nacionales.
El proyecto aprobado mantuvo la prohibición de entrada
del capital extranjero a la propiedad de los medios de radiodifusión.
Actualmente mientras la ley Dromi tiene ya cuatro años de vigencia,
aún se espera el debate sobre la radiodifusión argentina.
Las adjudicaciones.
LS84 canal 11 a Televisión Federal
S.A. integrada por:
C. Vigil
Soldati
Zanón
A. Porto
Televisora Provinciales S.A
Enfisur S.A.
LS85 canal
13 a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. integrada por:
Noble
Magnello
Arte gráfica Editorial Argentina S.A.
Invara S.A.
LR3 radio Belgrano se otorgó al grupo Romay (Libertad).
LR5 radio Excélsior a Red Celeste y Blanca S.A. integrada por:
Radio Federal
La Red
Los canales capitalinos ya en manos privadas
comenzaron a “calentar” la pantalla y a construir su imagen institucional.
Por otro lado los medios en manos del Estado Nacional no pudieron
ofrecer otros perfiles ni ser alternativa para el público.
Por
ejemplo, la gestión de Julio Maharbiz en radio Nacional con perfil
folclórico - informativo - oficialista.
ATC con Sofovich y el
slogan “Ahora también competimos” para aumentar la audiencia con
tendencia comercialista.
A través del decreto 1656/92 el Ejecutivo
modificó la ley 22.285 para aumentar los recursos para financiar
las erogaciones del SOR a los que autorizó a contratar publicidad
en forma directa.
La Iglesia Católica se vio beneficiada por
una avalancha de autorizaciones del Ejecutivo para instalar casi cien emisoras
en distintos puntos del país.
Por lo tanto el concepto mediático
y ,político de Menem consistió en aplicar un modelo de reducción
del gasto público que en la radiodifusión se tradujo en la
privatización de diferentes canales y radios y la racionalización
de las emisoras pertenecientes al SOR (Radio Nacional y ATC).
Si bien
en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados
(presidida por el justicialista Paz) existía una voluntad política
para mantener en agenda el tema de la radiodifusión, parecía
que para el Gobierno Nacional era mejor mantener el statu - quo, lo que
demuestra también la debilidad del Parlamento frente a la regulación
de la radiodifusión.
En este marco, la participación,
la descentralización, el pluralismo y el derecho a la información
son conceptos recreados ocasionalmente desde miradas parciales.
En conclusión,
se mantenía un organismo de aplicación centralizado y fuertemente
dependiente.
El proceso de desregulación, privatización
y desmonopolización del sector de las telecomunicaciones permitió
un incremento notable de la oferta de servicios y particularmente en lo
referido a las transmisiones satelitales.
Frente al avance tecnológico
de los 80 y a las tendencias desmonopolizadoras a nivel internacional, el
gobierno argentino se fue despojando paulatinamente de su tradicional rol
de prestador monopólico de servicios para ser regulador (control
de las prestaciones privadas y a la fijación de políticas
para los servicios básicos de telecomunicaciones.
Así
en 1987, subió su señal al satélite de Intelsat la
primera estación privada que distribuyó programación
a las estaciones de cable de todo el país.
El paso de ENTel a
manos privadas se concretó en noviembre del ‘90, a cargo de dos consorcios
que operan como Telefónica de Argentina y Telecom.
En 1989 se
disolvió la Secretaría de Comunicaciones y a mediados del
90 se creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como
nuevo ente regulador que se encuentra abocado a regularizar el espectro
radioeléctrico y maximizar las posibilidades de iniciativa privada
para explotar servicios de telecomunicación de valor añadido
(Telefonía celular móvil; transmisión de datos).
Poco ha aportado la CNT en su rol de regulador técnico del espectro
de radiodifusión.
El satélite argentino: el 4 de febrero
de 1993 por medio del decreto 153 se adjudicó el concurso público
nacional e internacional a la unión transitoria de empresas Nahuelsat
S.A. más dos satélites canadienses (Anik I y Anik II) hasta
la puesta en marcha en 1996 del sistema satelital argentino con el
satélite Nahuel que prestará servicios a Argentina, Chile
y el Mercosur.
En la próxima década se espera un acentuado
incremento en la oferta de servicios de video debido a los avances tecnológicos
que llevaron a una reducción de los costos a cualquier proyecto satelital.
Argentina es el país latinoamericano líder en la radiodifusión
por cable (siguiendo el paradigma norteamericano de la radiodifusión)
por su cantidad de emisoras y de abonados.
Antes de su aparición
como servicio, en diversas localidades del interior do se podían
captar señales de televisión por antenas convencionales.
Por ello fue legislado en 1980 como “circuito cerrado comunitario de televisión”.
A diferencia de la radiodifusión por aire, en el caso del desarrollo
de la televisión por cable, el Estado no tuvo participación
alguna como prestador del servicio.
Si bien el cable permite un acceso
muy expandido a canales nacionales e internacionales, esta forma de radiodifusión,
al no ser gratuita, acrecienta brechas en la posibilidad de acceso a los
medios de comunicación.
En Buenos Aires y sus alrededores, los
canales de aire permanecen firmes en su liderazgo de audiencia.
El total
de abonados al sistema de cable en todo el país asciende a aproximadamente
a tres millones. El número de canales de cale es de aproximadamente
1200.
En la actualidad, para mantener su liderazgo histórico
en las pantallas del interior del país y ser exportadores de programación,
los canales de televisión abierta de cabecera intentan ajustar su
programación para un público masivo e internacional y lanzan
sus propios canales de noticias vía satélite (canal 13, América
2, Telefé). También las radios y canales de cablevisión
( VCC, Cablevisión, América, Mitre, Continental, etc. y sus
FMs) subieron sus señales al satélite.
La Asociación
Argentina de Circuitos Cerrados Comunitarios de Televisión (ACT)
unida a la Cámara Argentina de Televisión por cable (CATC)
formaron la Asociación Argentina de Televisión por Cable (AATC).
Según Margarita Graziano el futuro próximo de la televisión
por cable se encamina al abaratamiento de los costos del abono, así
como a la apertura hacia una producción propia distinta de los canales
de aire o de carácter más localista en el interior del país.
Radiodifusión al margen de la ley: Radios truchas y Televisoras de baja potencia.
Al asumir el gobierno radical una de las primeras medidas
en radiodifusión fue la sanción del Decreto 1151 en abril
de 1984 que suspendía el llamado a concurso para otorgar nuevas licencias
hasta la sanción de una nueva ley que nunca llegó a
sancionarse; y fue justamente durante el gobierno de Alfonsín que
comenzó le boom de la instalación de radios en FM.
El
fenómeno de las radios comunitarias en Argentina comenzó hacia
el 80, pero su gran explosión se produjo durante el gobierno alfonsinista.
Sus causas principales fueron:
· Bajos costos de los equipos
de transmisión.
· Necesidades de expresión insatisfechas
de diferentes grupos sociales.
· Necesidad de abrir nuevos espacios
comerciales para la radiodifusión.
Pese a que la operación
de estas estaciones era ilegal.
A fines de 1988 se hablaba de mil emisoras
sin autorización.
La Secom y el COMFER identificaban a algunas
radios y en ocasiones decomisaban los equipos de transmisión, pero
la gran mayoría de las FM continuaron por la indecisión del
poder político.
Es preciso señalar que si bien no surgieron
desde una crítica social profunda como ocurrió en los países
europeos hacia mediados de los ‘70, las radios de baja potencia en algunos
casos se hicieron eco de las problemáticas barriales y reflejaron
la cotidianeidad de su oyentes.
Durante estos años comenzaron
a emitir algunas radios en AM y canales de televisión abierta de
baja potencia fuera del marco legal.
A los pocos meses, el Gobierno
Nacional sacó el decreto 1357/89 que establecía un registro
de emisoras en FM en “situación irregular” a las que se les otorgaba
un PPP (Permiso Precario Provisorio). se dispuso que el COMFER llamaría
a concurso para adjudicar licencias en FM. Es decir que se establecía
un período de “transición” en el cual las emisoras “fichadas
“ deberían pagar sus gravámenes.
Ante la decisión
del Ejecutivo de llamar a concurso bajo las condiciones limitantes de la
ley 22.285, los radiodifusores de FM reaccionaron con temor y la mayoría
se registró en el COMFER.
Se preveían sucesivas etapas
para los concursos, que completarían las 1221 licencias para todo
el país discriminadas por emisoras de alta, media, baja y muy baja
potencia.
La división del espectro de FM propuesta por el Ejecutivo
dejaba afuera al menos a un millar de radios en funcionamiento, debido a
que el número de frecuencias a concursar era muy inferior al de las
emisoras en el aire. La Cámara de Diputados expresó su disconformidad
a ésto. Hasta mediados del año 93 la situación de las
FMs continuaba siendo confusa.
Mientras el COMFER reabrió el
registro establecido por el decreto 1357/89 para actualizar datos, las mediciones
de audiencias indican la creciente aceptación de emisoras no legales..
Evolución de las formas de propiedad en la radiodifusión argentina entre 1989 y 1993.
Según el artículo 8º de la ley 22.285
de radiodifusión los servicios serían prestados por:
a)
Personas físicas o jurídicas titulares de licencias de radiodifusión.
b) El Estado Nacional, con los cual se establece un SISTEMA MIXTO en el
cual el sector estatal ocupa un rol subsidiario respecto de las radiodifusoras
privadas .
idea
explícita
En la ley 22.285 se establecieron dos formas de adjudicación
de licencias:
a) para las estaciones de radio AM y TV abierta
mediante un CONCURSO PÚBLICO.
b) para los servicios complementarios
(radio FM, circuitos cerrados de TV o radio, etc.) mediante ADJUDICACIÓN
DIRECTA.
En los artículos 43 a 46 de la ley 22.285/80 se establecen
los requisitos a ser cumplidos por los titulares de una licencia.
Éstos
por ley deben ser:
Personas físicas o sociedades comerciales,
de nacionalidad argentina con calidad moral e idoneidad cultural y con capacidad
primordial acorde con la inversión a efectuar.
A las sociedades
comerciales se les exige no ser filiales ni ser controladas por personas
físicas o jurídicas extranjeras.
Existe un límite
máximo de cuatro licencias que podrán ser adjudicadas a un
mismo radiodifusor y limitaciones a la concentración
de medios en una misma localidad.
Pero varios puntos de la ley 22.285
que imposibilitan la constitución legal de conglomerados en forma
multimedia y con característica de propiedad extendida fueron modificados
en 1989 por la ley 23.696 de reforma del Estado:
· Se eliminó
la restricción del artículo 45 inc. e) que establecía
que no podía presentarse a concurso de una nueva licencia un propietario
o socio de diferentes sociedades de radiodifusión.
· Se
eliminó la restricción del artículo 45 inc. e) que
impedía la presentación al concurso de una persona física
o jurídica vinculada a empresas periodísticas o medios gráficos.
Y además por el artículo 46 inc. a) y c) se permite que el
licenciatario realice otras actividades y se permite la constitución
de una sociedad integrada por otras sociedades.
Principales cambios en la estructura de la propiedad de los medios de radiodifusión desde 1989.
Subsector público:
Solamente quedan en manos
del Estado, ATC y las emisoras dependientes de Radio Nacional, a las que
se le suman las radios públicas provinciales, municipales ,y universitarias.
ATC fue convertida en Sociedad Anónima adoptando un modelo de organización
interna privada.
La Iglesia como ente de radiodifusión cobra
gran importancia; el Gobierno Nacional le adjudicó alrededor de cien
frecuencias de AM y FM.
Subsector privado:
Las adjudicaciones de los canales
11 y 13 de Capital Federal promovieron la conformación de un nuevo
grupo multimedia (el grupo Telefé que en el ‘92 compraría
Radio Continental + Editorial Atlántida a través de Telefé)
y Clarín, el más importante del país en Canal 13 .
Otro grupo lo constituye La Nación con Radio del Plata.