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EL PERSONAL DE PRISIONES: AUTORITARISMO
Y DELINCUENCIA archivo del portal de recursos
para estudiantes |
La vocación de carcelero difícilmente se
adquiera en los juegos de la infancia donde se es policía o ladrón
y se intercambian ritos necrófilos. Jamás se es carcelero.
No surge pues esta actividad como una vocación lejana e interior
de los primeros pasos de la vida. Eso le otorga un valor de extrema importancia
al hecho de inclinarse por la función penitenciaria, que se ha definido
previamente como servicio social o misión social, partiendo de la
premisa de beneficiar a la readaptación social del delincuente. Dicho
sea de paso, a estas alturas tal premisa ha perdido valor en el campo criminológico
y penitenciario; por su costo, por un lado, y por las realidades sociales,
por el otro. No se puede readaptar a nadie a la misma sociedad o al mismo
ambiente que lo hizo y lo ha lanzado a la delincuencia. Igualmente ocurre
con la llamada crisis del tratamiento carcelario. Alguna vez se dijo que
a la pregunta “¿la prisión regenera?” habría que cambiarla
por “¿el personal regenera?” Ambas cuestiones forman parte
en Latinoamérica de una paciente inutilidad donde, como en otras
latitudes, la privación de libertad es la sanción más
importante y de mayor aplicación. Y lo que es considerablemente peor:
apenas ingresado el delincuente preventivo que aún no se sabe y por
largo tiempo no se sabrá si es culpable, comienza a sufrir la pena.
Sabe el personal penitenciario que con los medios y servicios con que cuenta,
ligados a esas cárceles atiborradas de seres humanos, es imposible
hacer algo que dignifique y estimule su profesión. De ahí
que, ligado también a otros motivos, suele sentir vergüenza
y menoscabo social por su actividad en las cárceles, lo que se traduce
en desidia. Y ésta, de modo invariable, en ineficacia.
Los funcionarios
jerárquicos están convencidos de que la gran cárcel
o la cárcel con mejores comodidades soluciona sus problemas. Pero
no los de los presos.
Por norma general la mentalidad del carcelero
está adscripta a la disciplina y a la seguridad. De ahí su
convencimiento de que un recluso alojado las 24 horas del día en
una celda es alguien que no molesta. O que un eficaz sedante o un depresor
en el desayuno asegura la tranquilidad de la población estable para
el resto del día. Su criterio se ha vuelto automático, sólo
atento a esos conceptos de disciplina y seguridad. Sus únicas obsesiones
son el motín y la fuga. Para él, el preso, más que
seguro y bien, debe permanecer bien seguro.
En algunos países
de la región, la administración carcelaria está dirigida
por fuerzas militares o policiales. En Cuba tiene carácter militar
y otro tanto ocurre actualmente en ciertos Estados de México; una
brigada militar dirige el establecimiento de Jundiai en Porto Alegre (Brasil);
en Chile la gendarmería; en Uruguay la policía; y en la Argentina,
excepto en la provincia de Mendoza, la dirección es paramilitar,
con oficialidad, tropa, leyes orgánicas, reglamentos, estatutos y
vestimenta castrenses, casino de oficiales y suboficiales.
Durante el
denominado Proceso Militar, reino del terrorismo estatal, la administración
penitenciaria, que había sido investida como un órgano de
seguridad nacional - y así continúa hasta hoy - , sirvió
en las cárceles clandestinas y los campos de concentración.
Poseían servicio de inteligencia y un archivo donde figuraban los
presos políticos, gremiales y sindicales, sus abogados y sus visitantes.
Los presos, que odian el uniforme policial, llaman tradicionalmente a esos
funcionarios “policías”. De tal modo se contraría lo establecido
en el Anexo de las Reglas Mínimas de Ginebra para el Tratamiento
de Reclusos. En las “Recomendaciones sobre la selección y formación
del personal penitenciario”, al referirse en el párrafo VI a las
“Condiciones generales de servicio”, se expresa que dicho personal “deberá
tener carácter civil” (Parágrafo 1) y, más concretamente,
en el parágrafo 3: “No se deberá formar con miembros de las
fuerzas armadas, de la policía y de otros servicios públicos”.
Otras veces el personal resulta designado por razones políticas y
sin ningún conocimiento del tema. “Se va haciendo en la función.”
Se ha dado el caso que se ubicó como directores de establecimientos
carcelarios a ex militares, marinos y policías. Resulta imposible
que con ese personal, que está formado en estructuras herméticas
y con un singular espíritu de cuerpo, con una visión particular
sobre la vida y las personas, se logre reformar, o tan siquiera, mejorar
el problema carcelario. Es que las instituciones suelen ser la sombra amplificada
de quien las dirige.
Quienes se encuentran en contacto directo con los
reclusos no son, precisamente, los funcionarios o el personal jerárquico,
sino los celadores o guardiacárceles que están frente a ellos.
Son presos al revés, del otro lado de la reja.
Hace años,
cuando investigaba la sociedad carcelaria, un recluso me señalaba
desde su elocuente deterioro: “Yo sé que usted pretende algo así
como que hombres de guardapolvo blanco entren en la cárcel pero,
¿sabe una cosa? Aquél negro que está allí (y
me señaló a un guardiacárcel) vive en la misma villa
miseria a pocos metros de donde vivo yo...”
Los celadores, custodios
o guardiacárceles y los requisantes se reclutan, al menos en los
países de nuestro hemisferio, entre personas pertenecientes a los
sectores marginados de la sociedad. La cárcel les ofrece un sitio
donde trabajar y dormir varios días a la semana, donde comer y trabar
amistades. En el deseo de escalar algún peldaño en la escala
social o en la distribución de oportunidades no advierten que son
sometidos a un proceso de sumisión de características parecidas
al que son sometidos los presos. Al menos, con el mismo desiderátum
hegemónico. Ellos están para las tareas más duras y
peligrosas y daría la impresión de que cualquier actividad
placentera fuese una concesión de la autoridad.
Son víctimas
instrumentales de un sistema que los impele como victimarios. Viven como
absorbidos por la escenificación del simulacro, atentos a los subterfugios
de los presos y los artilugios de la huida, sirviendo a sus superiores.
Se los condiciona abusando de su escaso nivel educacional y no pocas veces
intelectivo.
Ésa es la doble selectividad que se opera
en el sistema penal. Por un lado, reclusos provenientes de los estratos
sociales más bajos y carecientes; por el otro, custodios de igual
procedencia social. Todos cortados por las mismas tijeras.
Es una clara
manipulación del sistema penal que se ha dado en llamar proceso de
prisionización, que se conforma en definitiva mediante un breve pero
persuasivo discurso-aprendizaje de carácter machista, omnipotente.
El rigor, el uniforme y el arma - al menos en el sistema penitenciario
argentino - son atributos panaceístas para gente que reviste un menguado
poder, pero poder al fin, contra otros que son sus iguales... Cuando castigan
despiadadamente, parecería que castigaran lo que son por dentro.
El guardiacárcel, el que da la cara por estar en inmediación
con los reclusos, suele creer, como pocos en la cárcel, que está
prestando un servicio y que la sociedad espera mucho de él. Fallar
es una traición al cuerpo penitenciario que los cobija. Palabras
melifluas provenientes de los centros del poder. La Inquisición de
todos los tiempos.
Ese discurso otras veces se recibe como un reflejo
de la función, pero la arenga a la tropa hace que seres humillados
por la vida, que nada tienen, ganen, tras el discurso machista, en autoestima,
que se desgrana de la obtención de una pretensa estima social que
se les miente. En el entresijo social, nadie repara en ellos (ni en los
funcionarios).
Se usa al mismo sector para el control y para la punición
que se efectúa en las cárceles. No se requieren grandes reflejos
ni una inteligencia inhabitual para advertir, observando los grises ,edificios,
los viejos muros y la estructura laberíntica de increíble
fealdad de muchas cárceles, que constituyen la respuesta institucionalizada
y gráfica del apremio ilegal.
Detrás de esos muros, los
funcionarios que han pasado a ser la parte de la población estable
de la cárcel muy difícilmente sean seres creativos, lanzados
a ideas innovadoras y reformistas y mucho menos partidarios de crear nuevas
estructuras. Suelen ser, con algunas elocuentes excepciones, cual sumidos
por el medio, individuos mecánicos, de reacciones automáticas
y, a menudo, duros, cerrados, temerosos, desconfiados y, cuando no, obesos
de burocracia. Entre un enjambre de hechos que constituyen abusos de poder,
existen en las cárceles algunos muy singulares. Por lo general los
diseñan funcionarios desde arriba y los ejecutan sus cumplidores
subalternos. Aunque existen guardiacárceles que se convierten en
verdugos por propia iniciativa.
El personal de custodios y requisantes
padece, por lo general, tristeza, soledad, desamparo, desarraigo y los mismos
problemas de déficit educacional y sanitario que la mayoría
de los presos. Viven sobre ascuas, en la zozobra. Nadie se ocupa seria y
honestamente de ellos. Varias veces intenté hablarles. En vano, me
encontré con un cerrado mutismo. Acaso no tengan nada que decir,
que es decir mucho...
El personal superior, que milita en una clase
más acomodada, trata por todos los medios a su alcance de no correr
riesgos.En sus coloquios carcelarios se suelen mostrar como actores de severas
situaciones carcelarias. Actores, en fin, sin conciencia de lo ingenuo.
Enarbolan cierto heroísmo moral, pero en algún pliegue de
su conciencia saben que no es así. Aunque existan muy elocuentes
excepciones.
Esta situación se pone en evidencia cuando aparece
el rostro circular, kafkiano, de un antiguo y triste litigio: las revueltas
y motines cruentos. Allí “los negritos” desarrapados, de uno y otro
lado de la reja, se juntan para matarse entre ellos... mientras, desde una
tribuna, los oficiales observan las acciones con preocupación pero
a la vez exentos de peligro.
En casos muy excepcionales, cuando se produce
la muerte de un funcionario de cierta jerarquía, los medios de comunicación
lo reflejan de inmediato con gruesos títulos y fotografía
de por medio. Esto se siente como una amenaza a todo el sistema, a la seguridad
pública y su control. En cambio, la muerte habitual durante la refriega
de uno o más guardiacárceles es como un accidente laboral,
previsible por lo que se sabe entraña el encierro carcelario. Luego
vendrán las condolencias a los deudos, el pago del sepelio, algunas
flores y, en el mejor de los casos, el ascenso post mortem.
Es habitual
que frente a errores y problemas o delitos que comprometen públicamente
a la institución penitenciaria, los funcionarios velozmente den las
explicaciones del caso para conocimiento de la opinión pública.
Tienen a la mano al personal subalterno como chivos emisarios en quienes
echar culpas y recomponer la imagen institucional. Basta con adjudicar lo
ocurrido a la ignorancia, desapego, desatención, exceso o defecto
de la tropa: frente a la muerte de compañeros fue imposible frenar
la tropa que atacó y ocasionó la muerte de 40 reclusos...
o, debido al momento emocional vivido, la tropa excedió (o no comprendió)
las órdenes impartidas y, en consecuencia, la institución
queda incólume y se reconstruye velozmente el sistema. Es más,
se lo consolida. Los guardiacárceles no han sabido cumplimentar las
eficientes órdenes recibidas o las han desobedecido abiertamente...
Las jerarquías aparecen en cambio enarbolando su sentido moral (de
apariencia moral), y regresan a su poder, en calma.
El tratamiento carcelario y la readaptación, meras palabras.
Con tan precarios y obsoletos medios y servicios, con
reformatorios que deterioran la personalidad de niños y adolescentes,
con cárceles cloacales y personal no idóneo, parece peculiarmente
“humanesco” hablar de tratamiento penitenciario. Después que se ha
victimizado a una enorme cantidad de menores y procesados en el encierro,
despersonalizándolos y haciéndoles extraviar el sentido de
la vida, pretender verificar sobre ellos, ya condenados, el llamado “tratamiento
penitenciario resocializador”, al que se le atribuye efectos panaceísticos,
linda con el desatino o la crueldad, aunque sirva a la buena fe de algunos
y al empleo de otros y a la legitimación del sistema penal y del
poder.
Tanto en México, Cuba o la Argentina, los epígonos
del positivismo expresan que el tratamiento se basa en un estudio biológico
y psicosocial del recluso. En varios países existen institutos de
clasificación de delincuentes siguiendo la enseñanzas de Vervaek
o de Di Tullio. Se hace biotipología con carácter interdisciplinario
y se formulan dictámenes que se ponen en conocimiento del juez de
la causa para que ordene libertades condicionales o, en su caso, para el
juez de ejecución penal (Río de Janeiro, San Pablo) como pronóstico
y tratamiento. Todo lo cual tropieza con otros aspectos insoslayables. Por
un lado, resulta difícil efectuar un tratamiento o terapia en prisión,
donde el individuo se siente constreñido por una represión
diaria o no tiene qué comer o dónde dormir. En otros casos,
ha pasado durante años en el encierro en calidad de procesado sin
condena alguna. ¿Cómo efectuar una evaluación honrada
de la situación? ¿Cómo apreciar a un individuo que
ha vivido más cercano a las teorías del reflejo condicionado
que a normas civilizadas de convivencia social?
En estos casos la ciencia
parece ayudar a robustecer la falta de credibilidad, o se erige (quisiera
creer que de un modo inconsciente) en una satrapía del poder y de
la represión como respuesta institucionalizada.
El tratamiento
es sumamente oneroso y sus pronósticos sobre la personalidad y situación
futura de un individuo recuerdan a los futurólogos. En especial cuando
hablan de “peligrosidad” sin especificar casi nunca si es carcelaria o delictiva;
si se lo acusa de no atenerse las normas disciplinarias o si se refiere
a una cruel delincuencia futura. Este etiquetamiento de alguien que ha vivido
en un ambiente provocador de infortunios y desgracias, como lo es el carcelario,
es una crueldad agregada al sistema, aunque los profesionales deban trabajar
y se presenten a hacerlo de buena fe.
Es que, tanto los reclusos como
los profesionales que los observan, que estudian y tejen diagnósticos
y pronósticos con gente proveniente de la clase social más
desposeída y necesitada, quedan absorbidos por la escenificación
de un sistema de poder que los rebasa. El estudio dinámico sobre
la personalidad en prisiones de máxima seguridad no pasa de ser discurso
y quimera en el mejor de los casos. El tratamiento en prisiones tradicionales
como las descriptas, según lo ha señalado Carlos Elbert, es
como enseñar deportes en un ascensor.
La atención psicológica,
e incluso el llamado “tratamiento en el encierro”, teñido de criterios
psicologistas, permite observar otro matiz. Un litigio antiguo enclavado
en un lenguaje carcelario cristalizado. Es tradicional que tanto psiquiatras
como psicólogos no sean apreciados por los reclusos pues pertenecen
al personal penitenciario y, por ende, son “policías” miembros del
sistema. Se mueven, según este criterio, en zonas francas y fronterizas
de la represión. En realidad, cuando se leen ciertos diagnósticos
- que parecen sellos o tatuajes indelebles - en las historias criminológicas,
cabría dar la razón a estas aserciones.
Este tipo de tratamiento
tiene varios contradictores en países como México, Ecuador,
Colombia, Brasil y la Argentina. En prisiones de los Estados Unidos se los
sigue practicando a ultranza, aunque los resultados son insatisfactorios,
pero hay un apego a ciertas pautas correccionalistas que aunque perimidas,
cabe insistir, permiten el trabajo de gran cantidad de personas, algunas
convencidas, otras con ganas de convencer.
Las críticas más
salientes que recibe el tratamiento carcelario se centran en:
a) La
llamada “crisis del tratamiento” sobre la base de su onerosidad y el hecho
concreto de los magros resultados obtenidos en cuanto a la reincidencia.
Esas reincidencias indicarían la falencia de los Estados en el cumplimiento
de las normas de fondo y de forma que deben instituir los establecimientos
carcelarios, más que la del propio recluso.
b) El tratamiento
efectuado en lóbregas prisiones perpetúa a las relaciones
sociales de dominación como reguladoras del conflicto. Legitima la
privación de libertad como pena y al establecimiento que la adjetiva,
dando a ese ámbito la función de la ejecución penal
impuesta a todo el que no converja y encaje en el “deber ser” establecido.
Ello impide o dificulta la posibilidad del reemplazo de la prisión
clásica por penas alternativas y sustitutivas. O, en otras palabras,
quienes se aferran al tratamiento provocan un vacío que es el de
generar nuevas respuestas dirigidas a la despenalización de múltiples
delitos o la consecución de un derecho penal mínimo.
c)
Los estados crean delincuentes, en el mejor de los casos por incuria
y garrafal imprevisión - una suerte de abuso del poder por omisión
-, para pretender luego intentar su readaptación a través
del tratamiento. No está demostrado que los Estados tengan un serio
y honesto interés en la tan mentada readaptación del delincuente,
a juzgar por los depósitos de menores transgresores y de jóvenes
en prisiones deleznables. Cuando se yuxtaponen normas represivas como respuesta
al devenir de los actos humanos, desde lo dogmático o normativo,
que suele implicar que se manipule a la ley penal y su ejecución,
se extravía el drama del hombre. En todo caso, se trata de perfeccionar
la técnica y no al hombre y darle calcárea legitimación
al sistema de poder establecido.
d) Desde el punto de vista de
la operatividad del sistema, se señala que tanto el tratamiento carcelario
como la denominada readaptación o resocialización constituyen
una suerte de parche, una adenda y que es un absurdo. Al recluso le echan
encima horas y horas de tratamiento en miras a la readaptación social.
Tarde o temprano regresa a la sociedad liberado condicional o definitivamente;
entonces, ¿adónde va a ir con su tratamiento el presunto readaptado?
Pues, por razones más obvias que complicadas, a la misma sociedad
que lo generó e hizo delincuente...
e) Desde la criminología
crítica se objeta, no sin razón, el tufillo a criminología
antropológica y clínica que destila la ideología del
tratamiento. En todo caso, señalan, al recluso habría que
ayudarle a concientizar el porqué y el cómo de su marginación
social y la incidencia de los controles sociales del poder sobre su delito
y su culpa. El tomar contacto reflexivo sobre la situación, común
a muchísimos reclusos, permitiría convertirlos en una suerte
de agentes para el cambio social.
f) El tratamiento, en especial
el psíquico, ¿es obligatorio? Tal vez se centre en esta situación
la crítica menos liviana. Los terapeutas, médicos psiquiatras
y psicólogos saben que la esencia de un tratamiento está en
la voluntariedad. De otro modo implica irrumpir violentamente sobre la privacidad,
que constituye un trascendente derecho individual.
Ocurre, entretanto,
que el resultado de un tratamiento, más allá de su borroso
confín teórico debe, según la normativa de muchos países,
ser conocido por jueces para decidir libertades condicionales y conmutación
de penas, con lo que, en ocasiones muy a su pesar, el recluso no puede negarse.
Su libertad está en juego.