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LA LIBERTAD Y EL SISTEMA ECONÓMICO archivo del portal de recursos
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de origen
Friedrich A. Hayek
I
Una idea común hizo posible la transición
intelectual del liberalismo del siglo XIX al socialismo de hoy, su
extremo opuesto: la creencia de que la libertad individual sólo puede
obtenerse si rompemos el "despotismo de la necesidad física". Si la
libre competencia pone en peligro de tiempo en tiempo, de manera
inevitable, la
subsistencia de algunos, y si la seguridad de todos sólo puede
alcanzarse restringiendo la libertad de la actividad económica,
entonces no parece ese precio demasiado elevado. Sería injusto negar
que la mayoría de quienes quieren restringir la iniciativa privada en
materia económica lo hacen con la esperanza de crear mayor libertad en
esferas que conceptúan más dignas. Se ha enseñado al mundo, con tanto
éxito, a creer que "el ideal
socialista de libertad social, económica y política" se puede realizar
de manera simultánea, en todos estos respectos, que el antiguo grito de
los oponentes, de que el socialismo significa esclavitud, ha sido
acallado por
completo. La gran mayoría de los intelectuales socialistas de nuestro
tiempo cree con sinceridad que son los verdaderos sostenedores de la
gran tradición de la libertad intelectual y cultural, contraria al
monstruo de un Leviatán autoritario.
Sin embargo, puede advertirse una nota de inquietud, aquí y allá, en
los escritos de algunas de las mentes más independientes de nuestra
época, los hombres que en general han sostenido la tendencia universal
hacia el colectivismo. A ellos se ha impuesto la cuestión de si alguno
de los sucesos dolorosos de las décadas
pasadas son el resultado necesario de las tendencias que ellos mismos
han favorecido. ¿Es un mero accidente el que la continua expansión de
los poderes del Estado, que ellos han acogido como un instrumento para
proporcionar mayor justicia, haya ocasionado en mucho países la
desaparición de toda
libertad personal y acabado con la justicia? ¿Es una mera casualidad la
de que los países mismos que hace poco, comparativamente, eran mirados
como socialmente avanzados, y como ejemplos dignos de imitarse, hayan
sucumbido los primeros al despotismo real? ¿O no es quizás esta
consecuencia el resultado, imprevisto pero inevitable, de esos mismos
esfuerzos para hacer depender el destino del hombre menos de las
fuerzas impersonales y quizás accidentales, y más del control humano
consciente?.
Hay muchas características de nuestra situación que sugieren en forma
vigorosa que esto puede ser así y que el intento de realizar algunas de
las ambiciones más acariciadas y más generalmente mantenidas de
nuestra época, nos ha llevado por un sendero fatal a la preservación de
las conquistas más grandes del pasado. La similitud de muchos de los
rasgos característicos de los regímenes "fascista" y "comunista" se
hace cada vez más obvia. No pocos de los líderes intelectuales más
avanzados del socialismo han admitido en forma abierta que la
persecución de sus fines no es posible sin una limitación severa de la
libertad individual. El pasado
intelectual de los líderes autoritarios, así como el hecho de que en
los estados fascistas se mire con frecuencia a un socialista como a un
recluta potencial, mientras al liberal de la vieja escuela se le tiene
como el archienemigo, sugieren una filiación de ideas muy diferente de
la que es común suponer.
Sin embargo, es sobre todo los efectos del avance gradual hacia el
colectivismo en los países que todavía acarician la tradición de
libertad en sus instituciones sociales y políticas, lo que da pasto al
pensamiento. La queja acerca del "nuevo despotismo" de la burocracia
puede haber sido prematura y exagerada; pero quien quiera que haya
tenido una oportunidad de mirar de cerca la evolución intelectual de
los países que al fin
sucumbieron al autoritarismo, no puede dejar de observar un cambio muy
semejante, en una etapa mucho menos avanzada, en los países que aun son
libres. Y muchos cambios que en sí mismos parecen bien inocentes,
toman un aspecto enteramente diferente si se ven en ese escenario.
Se habla mucho acerca de los "peligros de la libertad" y de la
prontitud declarada a "defenderla" contra los perversos designios de
intereses siniestros. ¿Pero estamos ciertos de que sabemos con
exactitud en dónde está el peligro que acecha a la libertad? ¿No
debemos, al menos, detenernos y preguntar si la amenaza puede tener sus
raíces en nuestras propias ambiciones y luchas? ¿Es tan evidente, como
muchos creen, que el
surgimiento de los regímenes fascistas fue simplemente una reacción
intelectual fomentada por aquellos cuyos privilegios dañaba el progreso
social? Es verdad, sin duda, que la dirección de los asuntos en estos
países se arrebató de las manos de las clases obreras para ponerla en
las de una oligarquía más eficiente. Pero los
nuevos gobernantes ¿no se han adueñado de las ideas y los métodos
fundamentales de sus opositores socialistas y comunistas
transformándolos simplemente para sus propios fines?
Las posibilidades decisivas que sugiere tal análisis merecen atención
mayor. Si fuera justa la sospecha de que la dilatación del control del
estado sobre la vida económica, que tanto se desea, llevara
necesariamente a la supresión de la libertad intelectual y cultural,
esto significaría que estamos siendo testigos de una de las más grandes
tragedias de la historia de la raza humana: más y más gente está siendo
arrastrada por su indignación acerca de la supresión en algunos países
de la libertad política e intelectual, para unirse a las fuerzas mismas
que hacen inevitable la supresión final de su propia libertad. Esto
significaría que muchos de los abogados más activos y sinceros de la
libertad intelectual son, de hecho, sus peores enemigos, muchos más
peligrosos que sus opositores declarados porque llevan al movimiento
colectivista que de manera final destruye la libertad
intelectual tanto como la económica, el apoyo de quienes retrocederían
de horror si entendieran estas
consecuencias.
Por supuesto que no es una nueva idea la de que la dirección central de
la actividad económica pudiera
implicar la destrucción de la libertad y de las instituciones
democráticas. Con frecuencia se ha afirmado dogmáticamente tal cosa, y
negado vehementemente con más frecuencia aún. En un symposium reciente
sobre
"sociedad planeada", encontramos a autor tras autor, preocupados en
este problema, lo mismo repitiendo la
acusación como intentando negarla. En realidad el profesor Gustav
Cassel expone allí su temor con una claridad que no deja nada que
desear. Escribe:
La economía planeada tenderá siempre a convertirse en dictadura ... la
experiencia ha demostrado que los cuerpos representativos son incapaces
de llenar todas las múltiples funciones conectadas con la dirección
económica, sin
verse envueltos más y más en la lucha entre intereses encontrados, con
la consecuencia de una decadencia moral que termina en la corrupción
del
partidosi no en la individual. Solo restricciones deliberadas y
prudentes a las
funciones parlamentarias pueden salvar al gobierno representativo. La
dictadura económica es mucho más peligrosa de lo que la gente cree. Una
vez establecido el control autoritario, no siempre será posible
limitarlo al campo económico.
Sería útil inquirir si esto tiene que ser así necesariamente, o si,
como aún el profesor Cassel sugiere a medias, la coincidencia es
accidental.
Un examen cuidadoso de la transición sufrida por países que hasta hace
poco parecían los más "avanzados" en la esfera social y política y que
ahora han pasado a una etapa a la que nos inclinamos a asociar con el
distante pasado en realidad revela un marco de evolución que sugiere
que no fueron accidentes históricos desafortunados, sino que una
similitud de los métodos aplicados para alcanzar fines ideales, ideales
que
aprobaban casi todos los hombres de buena voluntad, tenían que producir
consecuencias por completo imprevistas. Se hará aquí un intento para
destacar estas conexiones que pueden descubrirse entre la economía
planeada y la dictadura y demostrar porque deben mirarse como un marco
más o menos inevitable, dictado por características que están
entretejidas con la idea misma de una sociedad planeada.
El punto principal es muy simple. Es que la planeación económica
general, a la que se mira como necesaria para organizar la actividad
económica dentro de lineamientos más racionales y eficientes, presupone
un
acuerdo mucho más completo sobre la importancia relativa de los
diferentes fines sociales del que en realidad existe, y que, en
consecuencia, la autoridad planeadora, para que le sea posible planear,
debe imponer a la gente el código detallado de valores que falta.
Imponer tal detalle significa más que leer solo un código, detallado en
vagas fórmulas generales que la gente está dispuesta a veces a aceptar
con relativa facilidad. Debe hacerse creer a la gente en el código
particularizado de valores, porque el éxito o el fracaso de la
autoridad planeadora puede depender, de dos maneras diferentes, de si
tiene éxito en crear esa creencia. Por una parte, sólo si la gente cree
en los fines a los que el plan conduce, obtendrá el apoyo entusiasta
necesario; por otra se
considerará feliz el resultado sólo si los fines alcanzados los
considera justos la generalidad.
II
Una exposición más completa debe empezar con los problemas que surjan
cuando una democracia se embarca en la corriente de la planeación
económica. Aun cuando las consecuencias políticas cabales de la
planeación se revelan, por lo general, sólo después de que han
conducido a la destrucción de la democracia, es durante ese proceso de
transición cuando puede verse mejor por qué la libertad personal y la
dirección central de los asuntos económicos son irreconciliables y en
dónde surge el conflicto.
Antes de abordar esa tarea, es necesario, sin embargo, despejar la
niebla de confusión y ambigüedad que envuelve al término "planeación".
A menos de ser muy cuidadoso a este respecto, hay un gran peligro de
que la vaguedad del término conduzca a argumentar con propósitos
encontrados y de que la fuente real del peligro ante el cual estamos se
malentienda. Incidentalmente, estas reflexiones pueden capacitarnos
para obtener una distinción algo más aguda entre el verdadero
liberalismo que, podrá argüirse, sólo es compatible con la libertad, y
el socialismo y el colectivismo en todas sus formas que
como el razonamiento demostraráno puede reconciliarse con las
instituciones libres y democráticas.
La confusión acerca de la cual hablamos es particularmente peligrosa
porque la planeación en el sentido estricto, sobre la cual gira toda la
controversia, debe en gran parte su general atracción al hecho de que
la
misma palabra "planeación" se aplica también para describir la
aplicación de la razón a los problemas sociales en general
aplicación que, sin duda, es indispensable si queremos tratar estos
asuntos con inteligencia, y a la que es imposible objetar en un terreno
racional. El llamado a la razón que lleva en sí la palabra "planeación"
a causa de esta segunda connotación, probablemente explica en buena
parte su popularidad cuando se usa con vaguedad. Sin embargo, hay un
mundo de diferencias entre la planeación económica en el sentido
estricto del término y la aplicación de la razón a los problemas
sociales en general.
Podemos "planear" un sistema de reglas generales, aplicables de igual
manera a toda la gente y con
intención de que sean permanentes, aun cuando sujetas a revisión al
crecer los conocimientos, que provee de un marco institucional dentro
del cual se deja a los individuos las decisiones de lo que hay que
hacer y cómo
ganarse la vida. En otras palabras, podemos planear un sistema en el
cual se da a la iniciativa individual el campo más amplio posible y la
mejor oportunidad de obtener una coordinación efectiva del esfuerzo
individual. O
podemos "planear" en el sentido de que la acción concreta de los
diferentes individuos, la parte que cada persona debe representar en el
proceso social de producciónqué es lo que hará y cómo lo hará lo decida
el agente planeador. Planeación en el primer sentido significa que la
dirección de la producción se ocasiona por la
combinación libre del conocimiento de todos los participantes, con
precios que trasmiten a cada uno la información que los ayuda a
relacionar sus acciones con las de los otros. Sin embargo, la
planeación de los planeadores de nuestra épocala dirección central de
acuerdo con una calca social
preconcebidaimplica la idea de que algún grupo de individuos, o en
último caso alguna mente individual, decide por la gente lo que ésta
debe hacer en cada momento.
Mientras haya esta distinción entre la construcción de un sistema legal
racional bajo cuyo imperio la gente será libre para seguir sus
preferencias, y un sistema de órdenes específicas y prohibiciones, es
bastante clara como principio general, no es fácil definirla con
exactitud y a veces es muy difícil aplicarla a un caso concreto. Sin
duda esta dificultad ha contribuido más aún a confundir la distinción
entre la planeación mediante la libertad y la planeación por medio de
la interferencia constante. Es esencial desarrollar algo más esta
distinción crucial, si bien hacer un examen satisfactorio de esta
cuestión rebasaría los límites de este esquema.
Construyendo un marco racional de reglas generales y permanentes, se
crea un mecanismo por medio del cual se dirigirá la producción, pero no
se toma una decisión consciente acerca de los fines a los cuales se
encamina. Las leyes tienen por mira principal la eliminación de la
incertidumbre posible de evitar, estableciendo principios de los cuales
puede deducirse en un momento dado, quién puede disponer de
determinados
recursos, y evitar el error innecesario previniendo el engaño y el
fraude. No se hacen estas reglas, sin embargo, con la esperanza de que
beneficien a A y dañen a B. Ambos podrán escoger su posición dentro de
la ley y ambos se encontrarán en un posición mejor a la que tendrían si
no existiera ley alguna. Esta reglas (derecho civil y
criminal) son generales no solo en el sentido de que se aplican por
igual a todos, sino también en el de que los ayudan a conseguir sus
varios fines individuales, de manera que, a la larga, todos tienen
oportunidad de beneficiarse de su existencia. El hecho mismo de que la
influencia de sus efectos sobre individuos diferentes no pueda
preverse, porque se esparcen con demasiada amplitud y se intenta que
las reglas mismas permanezcan en vigor por un periodo muy largo,
implica que en la formulación de tales reglas no se necesita, o pueda
hacerse, una elección deliberada entre la necesidad relativa de
diferentes individuos o de grupos diversos, y que el mismo conjunto de
reglas es compatible con las más variadas opiniones individuales acerca
de la relativa importancia de cosas diferentes.
Ahora bien, debe admitirse que los primeros liberales no se han
empeñado consistentemente en la tarea de crear un marco legal racional.
Después de vindicar, basados en razones utilitarias, los principios
generales de la propiedad privada y de la libertad contractual, se han
quedado cortos al aplicar el mismo criterio de
conveniencia social a las formas históricas específicas de la ley de
propiedad y de contrato. Sin embargo, debiera haber sido obvio que la
cuestión del contenido exacto y las limitaciones específicas de los
derechos de propiedad, y cómo cuándo el estado obligaría al
cumplimiento de contratos, exige tanta consideración por razones
utilitarias como el principio general. Por desgracia, sin embargo,
muchos de los liberales del siglo XIX, después de haberse satisfecho a
sí mismos con la justificación del principio general, cuya aceptación
se habían negado, con razón, a admitir como un dictado del derecho
natural, se sintieron del todo contentos al aceptar la formulación de
la ley de entonces, como si aquella fuera la única concebible y
natural. Un cierto dogmatismo a este
respecto, que con frecuencia tenía la apariencia de una repugnancia a
razonar estos problemas, condujo a un punto muerto prematuro esta clase
de planeación, arrojando en el descrédito a la doctrina liberal toda.
La "planeación" en el segundo y más estrecho sentido, que es el tópico
de discusión en nuestros días, sería descrita con más exactitud,
siguiendo el término francés économie dirigée, como un sistema de
"economía
dirigida". Su esencia es que la autoridad central tiene a su cargo el
decidir el uso concreto de los recursos
disponibles, que las miras y la información de la autoridad central
gobiernen la selección de las necesidades que tiene que ser satisfechas
y los métodos de su satisfacción. Aquí la planeación no se confina ya a
la creación de
condiciones que surten su efecto porque los particulares, en sus
decisiones, las conocen de antemano y las toman en cuenta. Los
reglamentos y las órdenes se hacen con la intención de revisarlas y
varían en conexión con un cambio de circunstancias, las cuales, dentro
del primer tipo de planeación, hubieran conducido simplemente a un
respuesta diversa de los productores interesados. La previsión de los
individuos no se usa ya aquí para
conseguir que cada cambio en las circunstancias se registre en la
estructura de precios en cuanto alguien lo
descubra o espere. El conocimiento que guía la producción no es ya el
conocimiento combinado de la gente que tiene a su cargo inmediato las
distintas operaciones de ella; es el conocimiento de la pocas mentes
directrices que participan en la formulación y ejecución de un plan
dispuesto conscientemente. El mecanismo de precios, único del que se
sabe que puede utilizar el conocimiento de todos, se descarta en favor
de un método que
utiliza exclusiva y consistentemente el conocimiento y opiniones de
unos cuantos. La planeación en este sentido es la que ahora se usa en
forma creciente cuando a una industria se le dice que no exceda un
cierto límite de producción o que no aumente su equipo; cuando a otra
se le impide vender más bajo (o mas alto) de un precio determinado;
cuando se prohibe a un propietario explotar cierta mina o cultivar
determinada superficie, cuando se restringe el número de talleres o
cuando se subvenciona a un productor para que produzca en un lugar y no
en otro, y en el número infinito de medidas de un especie similar. Es
en particular la planeación en este sentido la que implica, como
veremos, toda reorganización de la sociedad según lineamientos
socialistas.
No se intenta negar aquí que alguna de planeación central de esta clase
será siempre necesaria. Hay
campos incuestionables, como la lucha contra las enfermedades
contagiosas, en los que el mecanismo de precios no es aplicable, sea
porque a algunos servicios no puede ponérseles precio, o por que un
objeto evidente,
deseado por una mayoría abrumadora, sólo puede alcanzarse si se
coerciona a una pequeña minoría opuesta. Sin embargo, el problema que
estamos examinando no es si el sistema de precios debe suplementarse o
si debe encontrársele un sustituto cuando la naturaleza del caso lo
haga inaplicable, sino si debe suplantársele cuando las condiciones
para su funcionamiento existen o pueden ser creadas. La cuestión es si
podemos conseguir algo mejor por la colaboración espontánea del
mercado, y no si han de proporcionarse en alguna otra forma servicios
necesarios que no pueden ser objeto de un precio y que, por lo tanto,
no podrán obtenerse en el mercado.
La creencia de que la planeación central en ese sentido es necesaria
para conseguir una actividad
productora más "racional" esto es, para obtener una producción general
mayor en algún sentido técnico, de manera que todos salieran ganando
con
ello es, sin embargo, sólo una de las raíces para clamar por tal
planeación. Sería interesante demostrar, si bien imposible dentro del
espacio disponible, cómo esta creencia se debe en gran parte a la
intromisión en la discusión de los problemas sociales de las
preconcepciones del científico puro y del ingeniero, que han dominado
la perspectiva del hombre educado durante los cien años últimos. Para
una generación educada en estas miras, que ha crecido en medio de esta
opiniones, cualquier sugestión de que un orden y una reacción
intencionada puedan existir, sin deberes a la acción consciente de una
mente directriz, era en sí misma "un desecho medieval", un retazo de
teología ridícula que todas las conclusiones basadas en tales
argumentos viciaban y desacreditaban. Sin embargo, puede demostrarse de
una manera que nunca ha
contradicho quien haya entendido el problema, que la colaboración
inconsciente de los individuos en el mercado
conduce a la solución de problemas que, aun cuando ninguna mente
individual haya formulado jamás estos
problemas en una economía de mercado, tendrían que ser resueltos de
manera consciente por el mismo principio en un sistema planeado. Dentro
del sistema de precios la solución de estos problemas es impersonal y
social en el sentido estricto del término; por eso, apenas si podemos
indicar de paso el curioso salto intelectual por el cual muchos
pensadores, después de ensalzar la sociedad en su conjunto como
infinitamente superior e insistir que en cierto sentido es algo más que
una mera colección de individuos, todos concluyen pidiendo que no debe
dejársela guiar por sus propias fuerzas sociales impersonales, sino que
debe estar sujeta al control de una
mente directriz, que es, por supuesto, en último análisis, la mente de
un individuo.
Tampoco es posible, dentro de los límites de este ensayo, demostrar por
qué esta creencia en la mayor
eficiencia de una economía planeada no puede defenderse con razones
económicas. De cualquier manera, la reciente discusión de estos
problemas, por lo menos ha creado grandes dudas acerca de esta
creencia, y
muchos de los partidarios de la planeación se contentan con la
esperanza de tener éxito al hacer llegar tal sistema de planeación, por
lo menos en lo que concierne a una racionalidad formal, muy cerca de
los resultados de un sistema de competencia. Pero puede decirse con
razón que no es ésta la cuestión decisiva. Muchos
planeadores se conformarían admitiendo una considerable disminución de
la eficiencia si a este precio se pudiera lograr mayor justicia
distributiva. Y esto nos lleva en realidad a la cuestión decisiva. La
decisión última a favor o en contra del socialismo no puede descansar
en un terreno puramente económico, ni basarse en la determinación de si
es probable que se obtenga de la sociedad una producción mayor o no
menor con los sistemas alterno en cuestión. Las miras del socialismo,
al igual que el costo de su logro, pertenecen sobre todo a la esfera
moral. El conflicto es más bien de ideales distintos al mero bienestar;
por eso la dificultad estriba en que estos ideales en conflicto viven
todavía juntos en los pechos de mucha gente sin que ellas se enteren
del conflicto. Nuestra
elección final habrá de basarse en consideraciones semejantes a las que
aquí hemos examinado.
Es verdad innegable que en tanto que a la planeación en el sentido
específico no se le pide hacer la
producción más racional en algún sentido formal, se la necesita si el
relativo bienestar de gente diferente debe hacerse conformar con algún
orden preconcebido, y que una distribución de rentas que corresponda a
alguna concepción absoluta de los méritos de gente diferente sólo puede
alcanzarse por la planeación. De hecho, este argumento de justicia, y
no el de la mayor racionalidad, es el único que puede adelantarse
legítimamente en favor de la planeación. Es también por la misma razón
que todas las formas de socialismo implican la
planeación en este sentido específico. La "sociedad" no puede
posesionarse de todos los instrumentos materiales de producción sin
echarse a cuestas o decidir sobre el propósito y la forma en que habrán
de usarse. No es esto menos cierto de los sistemas de "competencia
socialista" que se han propuesto recientemente como una
solución a las dificultades de cálculo en un sistema más centralizado
que en los esquemas más antiguos de la planeación socialista.
También debe añadirse aquí que la planeación de esta clase, si ha de
hacerse racional y consistentemente, no puede limitarse por mucho
tiempo a la intervención local o parcial en el funcionamiento del
sistema de
precios. En tanto que la acción del estado se limite a suplementar ese
funcionamiento satisfaciendo determinadas necesidades colectivas, o
dando a todos la misma seguridad contra la violencia o las enfermedades
infecciosas, deja al sistema de precios intacto en su esfera. Pero en
cuanto el estado intenta corregir los resultados del
mercado y controlar los precios y las cantidades a producir a fin de
beneficiar a clases o grupos determinados, será difícil detenerse a
mitad del camino. No es necesario pasar revista a los argumentos
económicos familiares que enseñan por qué el mero "intervencionismo" se
destruye a sí mismo y se contradice, y cómo, si el propósito central de
intervención ha de alcanzarse, la intervención debe dilatarse hasta
convertirse en un sistema comprensivo de planeación. Pero es pertinente
subrayar, en conexión con esto, ciertos factores sociológicos que
funcionan en el mismo sentido. Es indudable que la desigualdad se
tolera con más facilidad si se debe a
accidente, o por lo menos a fuerzas impersonales, que cuando se debe a
designio. La gente se someterá al
infortunio que puede herir a cualquiera, pero no con tanta facilidad al
sufrimiento que es el resultado de la decisión arbitraria de la
autoridad. La insatisfacción con la suerte propia crecerá de manera
inevitable con la conciencia de que es el resultado de la decisión
humana. Una vez que el gobierno se ha embarcado en la planeación en
bien de la justicia no puede rehusar la responsabilidad por la suerte
de cualquiera. En particular no podrá
rehusar protección por las consecuencias de cualquier cambio que se
mira como inmerecido. Pero mientras haya un resto de mercado libre,
cada cambio individual será en detrimento de algunos, aun cuando el
resultado del
progreso beneficie a todos al final. Por lo tanto, no hay progreso en
el que quien participa en las formas aceptadas para hacer las cosas no
tenga interés en detener. Por lo tanto, la gran ventaja del sistema de
competencia está exactamente en el hecho de ofrecer un premio a la
previsión y a la adaptabilidad y en el hecho de que uno tiene que pagar
por él si desea permanecer en una ocupación que ha llegado a ser menos
necesaria. Cualquier
intento de indemnizar a la gente por las consecuencias de cambios que
no han sido previstos por ellos, hace
ineficaces las fuerzas del mercado y necesario poner la dirección
central en el lugar de ellas.
III
La gran popularidad de que goza hoy la idea de la dirección central en
toda actividad económica se explica con facilidad por dos hechos: por
una parte, los expertos prometen a la gente mayor bienestar si se
"organiza" la industria según lineamientos racionales, y, por otra, que
es tan obvio que los fines particulares que cada
individuo desea más se alcanzarán por la planeación. Pero si la gente
concuerda acerca de la deseabilidad de la planeación en general, sus
acuerdos acerca de los fines a los que servirá la planeación tendrán
necesariamente que ser reducidos a alguna fórmula general como el
"bienestar social", el "interés general", el bien común,
mayor igualdad o justicia, etc..." La concordancia sobre tal fórmula
general, sin embargo, no es suficiente para
determinar un plan concreto, aún suponiendo que todos los medios
técnicos nos son concedidos. El hecho, triste pero innegable, es que
todas estas fórmulas que se usan con tanta libertad, resultan no tener
contenido en cuanto intentamos usarlas como guías en cualquier decisión
concreta sobre la planeación económica. Esta implica siempre el
sacrifico de unos fines en favor de otros, un balancear los costos y
resultados, una elección entre posibilidades alternas; por eso la
decisión presupone siempre que todos los diferentes fines se alinean en
un orden definido de acuerdo con su importancia, un orden que señala a
cada objetivo una importancia
cuantitativa que nos dice sacrificando qué de otros fines vale la pena
intentarlos y qué precio sería demasiado alto.
Para ver las consecuencias últimas que implica, sólo necesitamos
visualizar por un momento el tipo de cuestiones específicas que la
autoridad planeadora ha de decidir. No sólo tiene que decidir entre,
digamos, luz eléctrica para el campesino o baños para el trabajador
industrial urbano, sino también de decidir, de tenerse como más
importante la instalación de luz eléctrica en cien haciendas que el
aprovisionamiento de baños para cincuenta familias de la clase
trabajadora, si debiera dar la preferencia a la petición de los
campesinos, de
poder instalar sesenta baños para familias de la clase trabajadora. El
planeador no sólo debe saber si es
urgentemente necesario un médico o un profesor adicional; sino que
deberá saber cómo escoger, si al costo de
preparar tres doctores puede entrenar cinco maestros de escuela, y si
puede, al mismo costo, preparar seis
maestros, y así por el estilo. La decisión de si un proyecto de
construcción de alojamiento ha de iniciarse en una
ciudad o en otra, o si la mayor urgencia de las necesidades de un lugar
compensa el costo más alto de construir ahí; la decisión de si el costo
de una población dispersa es hasta cierto punto mayor o menor que las
ventajas estéticas y culturales obtenidas de ahí, solo pueden ser
arbitrarias, esto es, no hay , dentro de amplios límites, razones con
las que una persona pueda convencer a otra de que una decisión era más
razonable que la otra. Sin embargo, el planeador, al tomar una decisión
debe dar preferencia, debe crear distinciones de valor o mérito, y, por
eso, un plan de conjunto implica de manera inevitable una escala cabal
de valores. El acuerdo sobre un plan particular exige, por lo tanto,
mucho más que el acuerdo sobre alguna regla ética general; requiere
algo más que adhesión a cualquiera de los códigos éticos que hayan
existido; requiere para la sociedad como un todo la misma clase de
escala completa cuantitativa de valores que la que se manifiesta en la
decisión de cada individuo, con la diferencia de que en una sociedad
individualista el acuerdo entre los individuos acerca de ella no es
necesario ni está presente.
La idea de que un sistema económico completamente planeado o dirigido,
puede y se usaría para lograr la justicia distributiva, de hecho
presupone la existencia de algo que no existe y que nunca ha existido:
un código moral completo en el cual los valores relativos de todos los
fines humanos, la importancia relativa de todas las necesidades de
todas las diferentes personas, tienen asignado un lugar definido y una
importancia cuantitativa definida. Si tal código completo, difícil aun
de concebir, existiera, entonces la planeación haría surgir pocas
dificultades políticas. Pero ninguna mente sola es lo bastante
comprensiva para formarse siquiera una
concepción individual de una escala comprensiva de miras y deseos
humanos. Y aún menos ha habido o puede haber acuerdo sobre tal código,
entre cierto número de individuos, para no hablar de un acuerdo entre
la mayoría de ellos. Pero podemos hablar de la existencia de un código
ético semejante solo en la medida en que haya ese acuerdo. Tal código
completo, que lo requeriría una economía completamente dirigida,
tendría que decidir, en efecto, cómo debería hacerse cada acción
humana. Ningún código religioso o moral conocido
por lo menos entre la gente civilizada, con una alto grado de
diferenciación entre los
individuos se ha aproximado a tal sistema ni aún en una extensión
limitada.
Esta idea de un código ético completo en realidad la idea de
cualesquiera diferencias en la comprensión de diferentes códigos
morales no es siquiera familiar. Todavía es una idea a la que tenemos
que
acostumbrarnos la de que hay cuestiones que son "morales" cuando se
plantean, pero para las cuales la "moralidad" no da respuesta si no hay
valores establecidos sobre la base de lo que hay que decidir y que en
consecuencia, tales valores tendrían que crearse deliberadamente si la
cuestión fuera a contestarse. Y, sin embargo, es este el problema que
hace surgir de manera inevitable la sugestión de que la dirección
unificada de la actividad
individual deba usarse en servicio de la justicia social, y debemos
cuidar de reducir a al mínimo una dificultad solo por tener un carácter
con el cual no estamos familiarizados. El hecho es que en cuestiones de
esta clase, por no haber constituido un problema para nadie, no ha
habido ocasión de buscar una respuesta y menos aún de hacer surgir una
opinión común concerniente a ellas. Estas cuestiones pueden contestarse
en forma
racional y todos los actos de los miembros de una sociedad planeada
habrán de guiarse por la respuesta sólo cuando tratamos de hacer
explícito en una discusión y decisión deliberadas lo que antes decidía
el azar, o por lo menos las fuerzas impersonales del mercado.
Debe al menos indicarse, antes de abandonar este asunto, que al
desarrollo de la civilización humana en el pasado lo ha acompañado un
movimiento de (en este sentido) sistemas morales más o menos
comprensivos. Del miembro de una tribu primitiva cuya vida diaria es
una sucesión de actos a los que regula un ritual
firmemente establecido, al individuo de una sociedad feudal cuyo status
fijo determinan los títulos a la vida a las
cuales tiene derecho, hasta nuestros propios días, el desarrollo ha
sido hacia un vida en la cual el gusto y la
preferencia individuales gobiernan sobre un área cada vez mayor. El
cambio que la planeación central hace
necesario, requeriría un retroceso completo de esta tendencia por lo
cual las reglas
moralesy legales han tenido por centurias a convertirse en más formales
y generales y menos específicas.
Pero nuestro problema no es ahora si debemos o no tener un código moral
completo y comprensivo que proporcione una base de planeación en aras
de la justicia social, generalmente aceptada. La cuestión es si
existe algo próximo a tal código completo, esto es si la mayoría de la
gente;, o aun solo aquellos a quienes los
demás miran como los mejores y más prudentes, están de acuerdo por lo
menos en los principales problemas de valor que un intento de
planeación haría surgir. Y no puede haber duda de que la respuesta a
esto es negativa: no podrán encontrarse cuando se las necesite; habrán
de crearse.
IV
Estas excursiones por lo que puede parecer remota especulación sobre
cuestiones de filosofía moral, no dejan de ser pertinentes a nuestro
problema concreto. Podemos volver ahora a la cuestión de lo que pasa
cuando una democracia empieza a planear y descubre que estas
consideraciones generales tienen aquí aplicación
inmediata. El hecho de que un cierto acuerdo, que no existe en una
sociedad libre, lo requiera el fin de traducir el
acuerdo aparente sobre la deseabilidad de la planeación en un acción
concreta, tiene dos consecuencias
importantes. En primer lugar, es la causa de la notoria inhabilidad de
las asambleas democráticas para realizar lo que en apariencia es el
deseo expreso de la gente, porque solo cuando las instrucciones vagas
tienen que traducirse en acciones específicas, es cuando la falta real
de ajuste se manifiesta. El segundo efecto de la misma causa, que
aparece siempre que una democracia intenta planear, es la admisión de
que si la planeación eficiente debe hacerse en un campo particular, la
dirección de los asuntos debe "sacarse de la política" y ponerse en
manos de funcionarios permanentes o de cuerpos autónomos. Usualmente se
justifica esto por el carácter "técnico" de la decisión a tomar,
carácter para el cual los miembros de una asamblea democrática no están
calificados. Pero esta excusa no va a la raíz del asunto. Las
alteraciones en la estructura del derecho civil no son menos técnicas y
no más difíciles de apreciar en todas sus implicaciones; sin embargo,
nadie ha sugerido todavía, seriamente, que su legislación debe
delegarse a un cuerpo de expertos. El hecho es que en estos campos la
legislación no se llevará más lejos de lo que pueden permitir las
reglas generales sobre las cuáles existen el acuerdo de una verdadera
mayoría. Pero en la dirección de la actividad económicade transporte o
de planeación
industrial los intereses por reconciliar son tan divergentes que ningún
acuerdo verdadero sobre un plan único puede
alcanzarse en una asamblea democrática. Cualquier decisión implica
entonces la elección directa y consciente entre la satisfacción de
necesidades particulares de un grupo y las de otro. Con frecuencia
habrá una gran
mayoría a quien se afecta ligeramente en un sentido y unos pocos
afectados en otro. Si la acción fuera a depender del acuerdo de una
mayoría numérica, ninguna acción podría ejecutarse. Pero con el
propósito de poder
extender la acción más allá de las cuestiones sobre las que existe el
verdadero acuerdo, las decisiones se reservan a unos cuantos
representantes de los "intereses" más poderosos.
Pero este expediente de "delegación" no es bastantes efectivo para
apaciguar la insatisfacción que debe crear la importancia de la
democracia entre todos los amigos de la planeación extensiva. La
delegación de
decisiones especiales a numerosas organizaciones separadas presenta en
si misma un nuevo obstáculo para la coordinación propia de los planes
en campos diferentes. Aun si, por este expediente, la democracia tiene
éxito al planear cada sector de la vida económica por separado, todavía
seguirá siendo impotente con respecto a la tarea mayor de un plan
comprensivo para todos los sectores considerados en conjunto. Muchos
planes
especiales no forman todavía un todo planeado; de hecho, como los
planeadores deben ser los primeros en admitir, pueden ser peores que
ningún plan. Pero como es natural, la legislatura vacilará en delegar
las decisiones
sobre problemas realmente vitales. Al final, el acuerdo de que la
planeación es necesaria, al par que la inhabilidad de las asambleas
democráticas para concordar un plan determinado, debe reforzar la
demanda de que al
gobierno, o a un solo individuo, se le deben dar poderes para actuar
bajo su propia responsabilidad. Cada vez se acepta más y más la
creencia de que si uno quiere conseguir las cosas hechas, el director
responsable de los asuntos debe libertarse de las trabas de los
procedimientos democráticos.
Es un hecho de la máxima importancia el de que el creciente descrédito
en que ha caído el gobierno
democrático se debe a que sobre la democracia han caído tareas para las
cuales no está preparada. Es este un hecho que todavía no se reconoce
en forma adecuada. El gobierno por acuerdo sólo es posible si su acción
se limita a objetos sobre los cuales la gente tiene opiniones comunes.
Si primero decimos que debe actuar sobre cierta cuestión e inquirimos
después si existe acuerdo sobre cómo debe actuar, podemos encontrarnos
con que tenemos, o que obligar a la gente a concordar, o a abandonar el
gobierno por acuerdo o ambas cosas. Y
mientras más se extienda la esfera de acción del gobierno, mayor es la
posibilidad de que surja esta situación. La posición fundamental es
simplemente que la probabilidad de acuerdo de una porción importante de
la población sobre un método particular de acción decrece a medida que
la esfera de actividad del estado se dilata. Hay ciertas funciones del
estado sobre cuyo ejercicio debe existir, prácticamente, la unanimidad;
habrá otras sobre las cuales existirá el acuerdo de una mayoría
importante, y así hasta llegar a campos en los que, si bien cada
individuo pudiera desear que el estado interviniera en algún sentido,
habrá casi tantas consideraciones acerca de cómo debe actuar el
gobierno, cuántas personas diferentes haya.
El gobierno democrático trabajó con éxito en tanto que, mediante un
credo ampliamente compartido, las funciones del estado se limitaron a
campos en los que podía alcanzarse un acuerdo real entre una mayoría.
El precio que tenemos que pagar por un sistema democrático es la
restricción de la acción del estado a los
campos en donde puede obtenerse el acuerdo; este es el gran mérito del
credo liberal: reducir la necesidad de acuerdo a un mínimo compatible
con la diversidad de opiniones individuales que existirían en una
sociedad libre. Con frecuencia se dice que la democracia no toleraría
el capitalismo. Si "capitalismo" significa aquí una sociedad de
competencia basada en una disposición libre de la propiedad privada, es
mucho más importante observar que sólo el capitalismo hace posible la
democracia. Y si un pueblo demócrata llega a estar bajo la racha de un
credo
anticapitalista, querrá decir que la democracia se destruirá a si misma
de manera inevitable.
Si la democracia tuviera que abdicar su control sobre la vida
económica, aun pudiera mirarse esto como un mal menor comparado con las
ventajas que se esperan de la planeación. En realidad muchos de los
partidarios de la planeación se dan plena
cuentay tienen que rendirse ante el hechode que si la planeación tiene
que ser democracia efectiva, habrá que echarla por la borda en cuanto
toca a la legislación económica.
Mr. Stuart Chase cree que puede asegurarnos que la "democracia política
puede subsistir si no toca las cuestiones
económicas". Es, sin embargo, una falacia fatal creer que el gobierno
autoritario puede limitarse a asuntos
económicos. El hecho trágico es que la dirección autoritaria no puede
restringirse a la vida económica, sino que está obligada a extenderse y
a convertirse en "totalitaria" en el sentido estricto de la palabra. El
dictador económico pronto se verá forzado, aún contra sus deseos, a
asumir la dictadura sobre toda la vida política y cultural del pueblo.
Ya hemos visto que el planeador no sólo debe traducir los "fines",
vagos y generales, que rigen la aprobación popular en una escala de
valores concreta y detallada, sino que también debe, si quiere actuar,
hacer creer al pueblo que el código de valores particular y detallado
que él impone, es el justo. Se ve forzado a crear esta unicidad de
propósito que
fuera de las crisis nacionales como la guerra falta en una sociedad
libre. Más aún, si ha de permitírsele llevar a cabo el plan que él cree
justo, debe retener el apoyo
popular esto es, debe aparentar, a toda costa, tener éxito.
Es en vano condenar al dictador llevado al poder por el deseo
universal, por el uso consistente y enérgico de los poderes del estado
para hacer enchufar dentro de sus planes los deseos y ambiciones de la
gente. La acción "racional" solo es posible al servicio de un sistema
dado de fines, y si la sociedad como un todo va a actuar racionalmente,
debe dársele una escala completa de valores. El dictador descubrirá
desde un principio que si quiere realizar el deseo del pueblo, tendrá
que decirles lo que éste debe desear. No necesitamos ir a los países
autoritarios para encontrar ejemplos de esta tendencia. No hace mucho,
Mr. Henry A. Wallace encontró necesario advertir al pueblo americano
"que el apego nacional firme a una ruta fija, internacional o
intermedia, requiere también un cierto grado de opinión regimentada".
¿Qué podemos esperar de un hombre que tiene que organizar un plan
gigantesco, si es ésta la lección que saca un hombre de estado
responsable de los
experimentos comparativamente moderados de planeación hechos en los
Estados Unidos? Si no hay actividad ni relación humana que deje de
regular el estado, ¿cómo puede quedar libre la opinión acerca de estas
cosas?
La decisión del planeador acerca de la importancia relativa de fines en
conflicto, es por necesidad una
decisión acerca de los méritos relativos de diferentes grupos e
individuos. La planeación se convierte necesariamente en planeación a
favor de unos y en contra de otros. En efecto, los gobiernos
autoritarios admiten esto cuando insisten en el predominio de la
política sobre la economía; y uno de los principales sociólogos de la
Alemania actual lo ha establecido así en forma explícita, al escribir:
Planear significa, en el más alto grado, tomar posiciones a favor y en
contra de distintas fuerzas e intereses, un
compromiso de larga duración a favor de un lado o de otro... El hecho
de que la planeación signifique tomar partido o de otro... El hecho de
que la
planea presentando intereses particulares determinados como los
intereses de todos...
Claro que el problema no es el de que las diferentes personas afectadas
no tengan las opiniones más decididas acerca de los méritos relativos
de sus respectivos deseos; más bien es el de que estas opiniones son
irreconciliables. Pero para que el terreno en el cual descansan las
decisiones más o menos arbitrarias de la autoridad deba parecer justo,
ha de basarse en algún ideal fundamental en el cual se supone que todos
creen. La
distinción inevitable entre las personas debe transformarse en una
distinción de rango, más conveniente y
naturalmente, basada en el grado en que la gente participe y apoye con
lealtad el credo del gobernante. Y aclara más la posición si la
aristocracia de credo, en el extremo de la escala, corresponde, en el
otro, una clase de
descastados, cuyos intereses pueden sacrificarse en todos los casos a
los de las clases privilegiadas.
Por lo tanto, la conformidad con las ideasguias no puede mirarse como
un mérito especial, aún cuando los que sobresalen por su devoción al
credo sean premiados. Aquélla debe exigirse de todos. Toda duda que se
arroje sobre la rectitud de los fines buscados o de los medios
escogidos, conduce a disminuir la lealtad y el
entusiasmo, y, por lo tanto, debe tratarse como sabotaje. La creación e
imposición del credo común y de la
creencia en la sabiduría suprema del gobernante se convierte en un
instrumento indispensable para el éxito del
sistema planeado. El uso sin misericordia de todos los posibles
instrumentos de propaganda y la supresión de toda expresión de
oposición, no es un acompañamiento accidental de un sistema con
dirección central, sino que es una parte esencial de él. No puede
limitarse la coerción moral a aceptar el código ético en el que se
funda todo el plan. Está en la naturaleza de las cosas que muchas de
las partes de este código, muchas de las partes de la escala de valores
sobre las que se funda el plan, nunca podrán formularse explícitamente.
Solo existen implícitas en el plan. Pero esto significa que cada parte
del plan, de hecho toda la acción del gobierno o de sus
agencias, deben volverse sacrosantas y estar exentas de toda crítica.
Sin embargo, sólo por la fuerza es posible suprimir la expresión
pública de la crítica. Pero la dudas que nunca se manifiestan y la
vacilación que nunca se expresa tienen efectos igualmente insidiosos,
aún existiendo sólo en la mente de la gente. Todo lo que pueda inducir
al descontento debe apartarse de ella. Las bases de comparación con las
condiciones en otras partes, el conocimiento de posibles alternativas
del camino tomado, la información que pueda sugerir fracaso de parte
del gobierno para vivir de conformidad con sus promesas, para sacar
ventaja de las oportunidades para mejorar la suerte del pueblo, todo
esto debe suprimirse. En
consecuencia, no hay campo en el que no quiera implantarse el control
sistemático de las informaciones. No es accidental que el gobierno que
pretenda planear la vida económica sostenga su carácter totalitario: no
puede hacer otra cosa si desea permanecer fiel a la intención de
planear. La actividad económica no es un sector de la vida humana que
pueda separarse del resto; es la administración de los medios con los
cuales tratamos de alcanzar todos nuestros diferentes fines. Quien
quiera que se haga cargo de estos medios, debe determinar cuáles fines
van a servirse, qué valores van a tratarse más alto y cuáles más bajo,
en suma en qué hombres debe creerse y apoyar. Y el hombre mismo se
convierte en poco más que un medio para la realización de las ideas que
deben guiar al dictador.
Quizás no sea innecesario añadir aquí que esta supresión de la libertad
individual no es tanto el resultado de la transición de la democracia a
la dictadura, como ambas lo son de la enorme dilatación del campo de
acción del gobierno. Aun cuando, indudablemente, la democracia es,
hasta cierto punto, una salvaguardia de la libertad personal y su
decadencia se debe al hecho mismo de que dificulta la supresión de la
libertad, nuestro problema no es principalmente el de un cambio
constitucional en el sentido estrictamente político. No puede haber
duda de que en la historia ha habido con frecuencia mucha más libertad
cultural y política bajo un régimen autocrático, que bajo algunas
democracias,
y por lo menos es concebible que bajo el gobierno de una mayoría
homogénea y doctrinaria, el gobierno democrático pueda ser tan opresivo
como la peor dictadura. El punto no es que cualquier dictadura debe de
manera inevitable borrar la libertad, sino que la planeación lleva a la
dictadura porque la dictadura es el instrumento más efectivo de
coerción y compulsión de ideales, y, como tal, es esencial para hacer
posible la planeación central en gran escala. Una verdadera "dictadura
de proletariado", aún de forma democrática, si emprendiera la dirección
de la actividad económica, probablemente destruiría los últimos
vestigios de libertad personal en forma tan completa como cualquier
autocracia.
V
Asusta que para muchos de nuestros contemporáneos este cuadro, aún
reconociendo su fidelidad, ha perdido mucho del terror que hubiera
inspirado en nuestros padres. Claro que siempre ha habido muchos para
quienes la coerción intelectual es objetable sólo si la ejercen otros,
mirándola como benéfica si se pone al servicio de fines que aprueban.
¿Cuántos de los intelectuales exiliados de los países autoritarios
estarían bien dispuestos a aplicar la coerción intelectual, que
condenan en sus opositores, para hacer creer a la gente en sus propios
ideales, suministrando, de manera incidental, otro ejemplo del
parentesco cercano entre los principios
fundamentales del fascismo y el comunismo? Pero, si bien la época
liberal probablemente estuvo más libre de coerción intelectual que
cualquiera otra, el deseo de forzar un credo en la gente que considera
saludable para ésta, no es por cierto fenómeno nuevo o peculiar de
nuestro tiempo. Lo que es nuevo es el intento de nuestros intelectuales
socialistas para justificarlo. No hay libertad real de pensamiento, así
se dice, porque las opiniones y los gustos de las masas los conforman
de manera inevitable, la propaganda, el anuncio, el ejemplo de las
clases altas y otros factores del medio ambiente que de manera
inplacable encauzan el pensamiento de la gente dentro de rutinas
rancias. Pero si, el argumento prosigue, los ideales y los gustos de la
gran mayoría los determinaran factores que están bajo el control
humano, podemos usar este poder para cambiar sus pensamientos hacia un
sentido que juzgamos deseable. Esto es, del hecho de que la gran
mayoría no ha aprendido a pensar con
independencia, sino que acepta ideas ya hechas, se saca la conclusión
de que se justifica el que un grupo particular de
gentecon seguridad quienes abogan por elloasuma por si mismo el poder
exclusivo para determinar lo que la gente debe crear.
No intento negar que para la gran mayoría la existencia o inexistencia
de la libertad intelectual significa poco para su felicidad personal;
tampoco que serán igualmente felices si nacen o se engatusan en una
serie de creencias y no en otras, y si han llegado a acostumbrarse a
una clase de entretenimiento o a otra. Es
probablemente muy cierto que en toda sociedad la libertad de
pensamiento tendrá una significación directa o un sentido real sólo
para una pequeña minoría. Pero abogar en contra del valor de la
libertad intelectual porque nunca dará a todos la misma oportunidad
para pensar independientemente, es no alcanzar las razones que dan a la
libertad intelectual su valor. Lo esencial para hacerla servir sus
funciones como principio motor del progreso intelectual, no es que
todos deban pensar o escribir cualquier cosa, sino que toda causa o
toda idea pueda ser defendida por alguien. En tanto que el
disentimiento no se suprima de veras, habrá siempre alguien que quiera
inquirir acerca de las ideas que rigen a sus contemporáneos y someter a
la prueba de la discusión y la propaganda nuevas ideas. El proceso
social que llamamos razón humana, y que consiste en la interacción de
los individuos que poseen diferente información y diferentes
perspectivas, algunas veces consistentes, otras en conflicto,
sigue adelante. Una vez dada la posibilidad de disentir, habrá
disidentes, aun cuando esa pequeña la proporción de la gente capaz de
pensar con independencia. Al progreso intelectual sólo puede detenerlo
la imposición de una doctrina oficial que debe ser aceptada y a la que
nadie se atreve objetar.
Quizás deba verse y apreciarse en la realidad de alguno de los países
totalitarios, para sondear cómo la
imposición de un credo autoritario y comprensivo ahoga por completo
todo espíritu de examen independiente, cómo destruye el sentido del
significado de la verdad, excepto el de la conformidad con la doctrina
oficial, y cómo las diferencias de opinión en todas las ramas del
conocimiento se convierten en conflictos políticos que la intervención
de la autoridad debe decidir. Sin embargo, la experiencia indica que
hay aun muchos dispuestos a sacrificar la libertad intelectual porque
no representa la misma oportunidad para todos. Es seguro que no se dan
cuenta de lo que se juegan. En realidad el gran peligro viene del hecho
de que damos por supuesta la herencia de la época liberal, y de que
hemos llegado a mirarla tan
confiadamente como la propiedad inalienable de nuestra civilización,
que no podemos concebir en forma cabal lo que significaría si la
perdiésemos. Empero, la libertad y la democracia no son dones gratuitos
que serán nuestros con solo desearlo. Parece haber llegado el momento
en que una vez más sea necesario tener plena conciencia de las
condiciones que las hacen posibles y defender estas condiciones, aún si
han de cerrar el
camino al logro de ideales opuestos.
El peligro con el que se enfrenta nuestra generación no es sólo el
proceso de experimentación
al cual debemos todo el progreso en la esfera social y en las demás
deba conducirnos al error. El peligro es más bien que demos fin al
proceso mismo de experimentación. Si el experimento de la planeación
lleva a la desaparición de las instituciones libres, no habrá entonces
oportunidad, para la corrección de esa equivocación. Una vez que el
único método de cambio pacífico inventado hasta aquí, la democracia,
(esa admirable convención de "contar cabezas con el fin de ahorrarse la
molestia de romperlas"), se haya acabado, se cierra el camino para una
corrección pacífica de un error, una vez cometido. Los que están en el
poder, que deben a este error no sólo su posición, sino lo que es más
significativo, la oportunidad para lograr sus ideales, no lo
reconocerán, y, por lo tanto, no lo corregirán; y nadie más tendrá la
oportunidad de hacerlo. Con un optimismo del todo injustificado, un
escritor reciente predijo que en una generación, los "planeadores" y
todas sus obras serían barridos por una violenta reacción del
sentimiento si la estabilidad material que prometían tuviera que
comprarse al precio de la opresión intelectual y espiritual. Debe
parecer dudoso en extremo, en vista de la fuerza sin precedente que da
al estado la técnica moderna de propaganda sobre la mente de la gente,
si una reversión de las tendencias intelectuales provenientes de las
fuerzas internas de los grupos organizados, fuera aun posible después
de que la maquinaria de control haya sido establecida con firmeza. Es
más probable que la lucha por la supervivencia de ideas tome entonces
la forma de una guerra de ideologías entre las naciones, que, aún
llevando la
supervivencia del grupo más eficientemente organizado, bien puede
significar la destrucción de todo lo que para
nosotros representa la grandeza de la humanidad.
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