EL ESTADO Y EL MOVIMIENTO OBRERO

La relación entre el Estado y el movimiento obrero (1916 - 1955)

En 1916 el radicalismo se había convertido en un partido de masas, la ley Sáenz Peña de 1912 que estableció el voto secreto y obligatorio abrió un campo mayor para la participación de sectores marginados por el sistema político dominante. en las primeras elecciones después de sancionada esta ley, el principal partido de la oposición, la U.C.R., obtenía la primera magistratura en manos de Hipólito Yrigoyen. en la primera presidencia, su objetivo más importante fue el manejo de la clase obrera con el fin de ganar sus votos y minar la posición del Partido Socialista. Esta estrategia tuvo ciertos resultados en las huelgas marítimas de 1916 y 1917, pero no tuvo éxito en las huelgas ferroviarias de 1917 y 1918. Este vínculo de Yrigoyen con los sindicatos y las huelgas son el ejemplo de la creciente importancia política de la clase obrera a comienzos del siglo XX. La relación entre el Estado y el movimiento obrero comenzaba a ser un tema priorizado por los gobernantes de turno.
En 1915 la FORA, (Federación Obrera Regional Argentina), proclamó la neutralidad ideológica y admitió la pluralidad de tendencias en su interior, entre ellas se destacaban el sindicalismo revolucionario y los socialistas. La debilidad y fortaleza de los movimientos obreros se relacionaba con la situación económica del momento. Suele considerarse que esta período de la historia de la clase obrera fue homogéneo y que en él privó el movimiento “anarcosindicalista”. Sin embargo, había entre el anarquismo y el “sindicalismo” gran diferencia.
Hugo del Campo establece un paralelismo entre las corrientes ideológicas del movimiento obrero y la caracterización del Estado durante ese período. Al período entre 1916 y 1930, le otorga un carácter populista-liberal; en esta etapa, la actitud del Estado frente al movimiento obrero cambió considerablemente. El radicalismo debió diferenciarse con el régimen oligárquico haciendo gala de una mayor sensibilidad social. Yrigoyen concebía al Estado como árbitro de los problemas sociales, con una inclinación humanitaria y paternalista hacia los sectores menos favorecidos. El triunfo de la Revolución Rusa y el estallido de movimientos similares en países europeos, hacían pensar a vastos sectores de la clase obrera que la hora de la revolución mundial había llegado.
Al cabo de la primera guerra mundial el nivel de desocupación se elevó, disminuyendo la fuerza del movimiento obrero, pero luego la recuperación económica favoreció el estallido de las demandas acumuladas y la proliferación de movimientos huelguísticos, a través de los cuales el movimiento sindical creció y se reforzó considerablemente. Ésto se puede visualizar por los acontecimientos dados en la “Semana Trágica” y en la huelga patagónica. Estos movimientos se caracterizaban por su grado de violencia y por la respuesta represiva del gobierno o de otros grupos. Tal es el caso de la actuación de la “Liga Patriótica” en los acontecimientos de la “Semana Trágica”. Ésto ejemplifica los distintos niveles de coherencia ideológica entre los obreros y los grupos que constituyeron la Liga Patriótica.
Las posiciones de las corrientes que influían en el movimiento obrero eran muy divergentes. Para los anarquistas, el gobierno de Yrigoyen no se diferenciaba en nada de sus predecesores; la posición sindicalista, en cambio, era mucho más matizada
Éstos mantenían buenas relaciones con el gobierno dada la buena voluntad que éste había tenido con respecto a conflictos anteriores. Para los socialistas el Yrigoyenismo no era más que una variante del demagógica de la “política criolla”.
El período de Alvear se caracterizó por la prosperidad económica, la estabilidad política y la paz social. Esta situación permitió hacer olvidar los aspectos regresivos del gobierno anterior, se aumentó el salario real y se dictaron una cantidad importante de leyes sociales.
El promedio anual de huelgas se redujo y las movilizaciones de protesta se desarrollaron sin violencia.
La ideología original del movimiento obrero comenzaba a modificarse en aras del realismo. Si la revolución social no estaba tan cerca como habían creído, era necesario concentrarse en el conjunto de objetivos inmediatos.
Los sindicalistas se adaptaron rápidamente a las nuevas condiciones que creaba la transformación del contenido del Estado y de su comportamiento.
En la segunda presidencia de Yrigoyen, basándose en su legendaria actuación a favor de los ferroviarios y marítimos, en las leyes sociales dictadas desde 1916 y en el efectivo mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, buscó el apoyo de los sectores obreros con una intensidad desconocida. Esta situación no se dio con el sector agrario; el radicalismo nunca prestó su apoyo a la reforma ni al desarrollo agrario para poblar el interior, ampliar el mercado nacional de productos industriales e integrar a la población rural a la vida nacional, cultural y política. Este período caracterizado por tres gobiernos radicales, finalizó cuando un golpe militar derrocó a Yrigoyen el 6 de setiembre de 1930. La deposición y la muerte del caudillo pondría fin a esa incipiente relación entre un gobernante y los trabajadores, pero no al modelo que había introducido. Ninguno de los gobernantes que sucedieron a Yrigoyen hasta 1943 retomó este modelo.
Se pueden señalar dos situaciones por las cuales ningún gobierno, a partir de la década del 30, tomó el modelo iniciado por Yrigoyen. Primero, porque la clase obrera, lejos de mejorar, tendió a estancarse en bajos niveles, y las leyes sociales que se dictaron debieron ser duramente arrancadas y defendidas por los trabajadores. Segundo, porque el “fraude patriótico” reemplazó con éxito la “demagogia” como forma de obtener votos.
Con la bendición de la derecha, las fuerzas armadas llevaron adelante la tarea de derrocar al gobierno de Yrigoyen. Esta campaña de la derecha contra el mandatario tuvo un fuerte impacto sobre oficiales en actividad o retirados. Entre estos últimos se encontraban el general José F. Uriburu y el general Agustín P. Justo.
Luego del golpe, todos coincidieron en que Uriburu fuese el presidente provisional a ser reemplazado sólo cuando nuevas elecciones tuviesen lugar ya fuese bajo la vieja Constitución como con un nuevo sistema de gobierno.
Esta nueva situación no significa que fueran indiferentes frente a los problemas sociales. Según Juan Carlos Torres, la intervención del Estado en los conflictos laborales no dejaron de crecer durante toda la década. Ésto se debió a la importancia que habían alcanzado las organizaciones gremiales y a la creciente moderación de sus dirigentes.
Este compromiso del Estado con los sectores menos favorecidos, a consecuencia de la crisis se daba a nivel mundial. Cada uno de los gobiernos que se fueron constituyendo afrontaron el problema a su manera. Con Uriburu la situación pareció retrotraerse, agravada, a la etapa del Estado represor.
Hacia 1930, la Argentina estaba entrando en una nueva etapa de desarrollo económico, en la medida en que la industrialización por “sustitución de importaciones” convertía a la manufactura en una fuente importante de empleo en los centros urbanos.
Las huelgas se incrementaron hacia fines de la década del 20; después del golpe del 30 el estado de sitio prohibió tales actividades. Debido a su constante miedo al potencial revolucionario de los trabajadores, el gobierno conservador promovió una novedosa táctica, impulsada por los nacionalistas: transformar cualquier movimiento organizado de trabajadores en un grupo controlado por el gobierno.
Las deportaciones, cárcel y allanamientos recayeron principalmente sobre anarquistas y comunistas. Esta violencia que desplegaba el Estado produjo un constante malestar político, que respondió con episodios de violencia. La fuente de muchos de estos desórdenes provenía de las respuestas de grupos radicales y de izquierda a las provocaciones de la derecha. Esta situación contribuyó a incrementar el número de organizaciones de derecha.
La política de Justo, en cambio, fue más sutil. Durante su presidencia Justo recibió periódicamente a los miembros de la C.G.T. y le otorgó participación en el momento de estudiar problemas sociales. Por tal motivo, en 1932, denunciando un presunto golpe, la C.G.T., interviene por primera vez en una cuestión de política nacional en apoyo al general Justo. La Junta Ejecutiva de la C.G.T. no se mostró en desacuerdo por la política represiva del gobierno y su tolerancia ante la actividad de los grupos fascistas.
Un órgano que comenzó a funcionar como mediador y arbitro, fue el D.N.T.(Dirección Nacional de Trabajo) que comenzó a intervenir activamente en la resolución de los conflictos laborales. Pero esta política de acercamiento e institucionalización no excluía el uso de la represión. Este modelo de relación Estado - sindicatos inaugurado por Justo encontraba su mejor exponente en Manuel Franco, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Éste basaba su esfuerzo en construir un sistema de control social de acuerdo a los principios corporativistas. Su fin último era la formación de organizaciones de trabajadores de derecha bajo el control estatal.
Con Ortiz en la presidencia, la tendencia intervencionista del Estado rebasó el terreno para penetrar en el ámbito sindical. Las primeras intromisiones del Estado se dieron en el interior de la U.F. (Unión Ferroviaria).
El cambio de la actitud del movimiento sindical frente al Estado continuó a los largo de la década del 30: dejando atrás su etapa revolucionaria y demasiado débil paras conseguir sus reivindicaciones por sus propias fuerzas, el movimiento obrero se volvió cada vez más hacia el Estado en busca de arbitraje y protección. Esta situación se dio sin la intervención de los partidos obreros.
Desde el punto de vista del movimiento sindical, el peronismo se presenta como una síntesis de sus dos corrientes principales, partiendo de la “prescindencia” que lo alejaba de los partidos “obreros” para llegar a involucrarlo plenamente en la política nacional; desde el punto de vista de la actitud del Estado frente al movimiento sindical, también podemos hablar de una síntesis de estas tendencias ya explicadas anteriormente. De la etapa yrigoyenista, el peronismo retomará y desarrollará hasta sus últimas consecuencias los rasgos populistas: el peso del Estado se volcará a favor de los sectores populares, mejorando su situación a gran escala y apelando a su apoyo contra la oligarquía.
Al mismo tiempo, el Estado peronista desarrollará hasta sus últimas consecuencias, las tendencias intervencionistas aparecidas durante la década del 30, extendiendo su acción a todo el ámbito de las relaciones laborales, apareciendo como el árbitro inapelable de todos los conflictos e institucionalizando plenamente el movimiento sindical.
Para que ésto fuera posible, la actitud del movimiento sindical frente al Estado tuvo que variar.
El cambio se inició, como ya se ha explicado, con el acercamiento de los sindicalistas a Yrigoyen y continuó a lo largo de la década del 30; dejando atrás su etapa revolucionaria y demasiado débil para conseguir sus reivindicaciones por sus propias fuerzas, el movimiento sindical se volvió cada vez más hacia el Estado en busca de arbitraje y protección. Para que esta intervención fuera favorable era necesario que se reforzara su capacidad de influir sobre el poder político.
Las dos líneas de desarrollo del movimiento sindical argentino, el alejamiento de los partidos “obreros” y el acercamiento al Estado, hacían que la mayor parte del mismo estuviera preparado para aceptar la propuesta de Perón. La diferencia más evidente entre el sindicalismo pre - peronista y el peronista, es la creciente pérdida de autonomía de este último frente al Estado y al liderazgo centralizador y autoritario de Perón.
Lo que le dio singularidad al peronismo, fue la combinación de un liderazgo plebiscitario y de un aparato sindical dentro de un mismo movimiento político de masas.
En los años cuarenta, en un momento de crisis, se produce una reorganización de la dirección del Estado encabezado por una nueva elite dirigente de origen militar.
Según la visión prevaleciente del ejército, el fin de la segunda guerra mundial podía poner fin a la prosperidad que disfrutaba el país, sobre los obreros se alzaba el espectro de una desocupación en gran escala. Estos temores fueron los que inspiraron los contornos de una política estatal destinada a proteger a los trabajadores, facilitar su organización y garantizar el empleo. Esta situación fue aprovechada por los militares que necesitaban establecer un mecanismo para mantenerse en el poder.
Desde fines de 1943 Perón comenzó a desplegar ante los dirigentes sindicales las promesas de una reparación social. El movimiento laboral existente en el tiempo del golpe militar de 1943 estaba dividido y era débil. Había en la Argentina cuatro centrales gremiales: la Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.), anarquista; La Unión Sindical Argentina (U.S.A.), sindicalista y además estaba la Confederación General del Trabajo (C.G.T.), dividida en la C.G.T. Nº1 y la C.G.T. Nº 2. La gran mayoría del proletariado industrial estaba al margen de toda organización sindical efectiva. Perón, desde su posición como Secretario de Trabajo y después vicepresidente del gobierno militar instaurado en 1943, se consagró a atender algunas de las preocupaciones fundamentales de la emergente fuerza laboral industrial. Al mismo tiempo, se dedicó a socavar la influencia de las fuerzas de izquierda que competían con él en la esfera sindical. Su política social y laboral creó simpatías por él, tanto entre los trabajadores agremiados como entre los ajenos a toda organización. El creciente apoyo obrero a Perón logró que éste ganara las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Aunque en el período entre 1943 y 1946 hubo muchas mejoras específicas de las condiciones laborales y la legislación social, la década de gobierno peronista de 1946 - 1955 tuvo un efecto mucho más profundo. Durante este lapso se asistió a un considerable aumento de la capacidad de organización y al peso social de la clase trabajadora. La simpatía del estado por el fortalecimiento de la organización sindical y el anhelo de la clase trabajadora de trasladar su victoria política a ventajas concretas determinaron una rápida extensión del sindicalismo.
La composición de la clase obrera estaba dada por una misma condición asalariada, por antiguos obreros de origen extranjero, una primera generación proletaria nativa compuesta por sus descendientes y los contingentes de nuevos trabajadores provenientes del interior del país.
A medida que las políticas impuestas por Perón proliferaban, se extendió la agremiación y a su vez fue acompañada por un sistema global de negociaciones colectivas. Se creó una estructura sindical específica centralizada, que abarcaba las ramas locales y ascendía, por intermedio de federaciones nacionales hacia una única central, la Confederación General del Trabajo (C.G.T.). Durante el primer período, 1946 a 1951, se operaron la gradual subordinación del movimiento sindical al Estado y la eliminación de los líderes de la vieja guardia, de acción decisiva en la movilización de los sindicalistas en apoyo a Perón en 1945 y quienes habían formado el Partido Laborista para que actuara como rama política de los trabajadores. Los sindicatos se incorporaron a un monolítico movimiento peronista y fueron llamados a actuar como agente del Estado ante la clase trabajadora, que organizaban el apoyo político a Perón y servían como conductos que llevaban la política del gobierno a los trabajadores.
En la segunda presidencia de Perón, se perfiló más claramente el Estado justicialista, con sus pretensiones corporativas de organizar y dirigir grandes esferas de la vida social, política y económica; se tornó evidente el papel oficialmente asignado al movimiento sindical: incorporar a la clase trabajadora a ese Estado. Se creó una vasta red de bienestar social operada por el Ministerio de Trabajo y Previsión, la Fundación Eva Perón y los propios sindicatos.
Las ventajas económicas concretas para la clase trabajadora resultaban claras e inmediatas.
A medida que la industria argentina se expandía impulsada por incentivos estatales y una situación económica internacional favorable, los trabajadores se sintieron beneficiados.
La era peronista borró en gran medida las anteriores lealtades políticas que existían en las filas obreras e implantó otras nuevas. En la retórica peronista, la justicia social y la soberanía nacional eran temas verosímilmente interrelacionados antes que consignas abstractas meramente enunciadas. Esta base dinámica que significó el movimiento obrero para el peronismo, sobrevivió largo tiempo después de que condiciones económicas y sociales particularmente favorables se hubieran desvanecido y que ni siquiera los acontecimientos posteriores pudieron socavar. 2

Bibliografía

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