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EL ESTADO Y EL MOVIMIENTO OBRERO archivo del portal de recursos
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La relación entre el Estado y el movimiento obrero (1916 - 1955)
En 1916 el radicalismo se había convertido en un
partido de masas, la ley Sáenz Peña de 1912 que estableció
el voto secreto y obligatorio abrió un campo mayor para la participación
de sectores marginados por el sistema político dominante. en las
primeras elecciones después de sancionada esta ley, el principal
partido de la oposición, la U.C.R., obtenía la primera magistratura
en manos de Hipólito Yrigoyen. en la primera presidencia, su objetivo
más importante fue el manejo de la clase obrera con el fin de ganar
sus votos y minar la posición del Partido Socialista. Esta estrategia
tuvo ciertos resultados en las huelgas marítimas de 1916 y 1917,
pero no tuvo éxito en las huelgas ferroviarias de 1917 y 1918. Este
vínculo de Yrigoyen con los sindicatos y las huelgas son el ejemplo
de la creciente importancia política de la clase obrera a comienzos
del siglo XX. La relación entre el Estado y el movimiento obrero
comenzaba a ser un tema priorizado por los gobernantes de turno.
En
1915 la FORA, (Federación Obrera Regional Argentina), proclamó
la neutralidad ideológica y admitió la pluralidad de tendencias
en su interior, entre ellas se destacaban el sindicalismo revolucionario
y los socialistas. La debilidad y fortaleza de los movimientos obreros se
relacionaba con la situación económica del momento. Suele
considerarse que esta período de la historia de la clase obrera fue
homogéneo y que en él privó el movimiento “anarcosindicalista”.
Sin embargo, había entre el anarquismo y el “sindicalismo” gran diferencia.
Hugo del Campo establece un paralelismo entre las corrientes ideológicas
del movimiento obrero y la caracterización del Estado durante ese
período. Al período entre 1916 y 1930, le otorga un carácter
populista-liberal; en esta etapa, la actitud del Estado frente al movimiento
obrero cambió considerablemente. El radicalismo debió diferenciarse
con el régimen oligárquico haciendo gala de una mayor sensibilidad
social. Yrigoyen concebía al Estado como árbitro de los problemas
sociales, con una inclinación humanitaria y paternalista hacia los
sectores menos favorecidos. El triunfo de la Revolución Rusa y el
estallido de movimientos similares en países europeos, hacían
pensar a vastos sectores de la clase obrera que la hora de la revolución
mundial había llegado.
Al cabo de la primera guerra mundial el
nivel de desocupación se elevó, disminuyendo la fuerza del
movimiento obrero, pero luego la recuperación económica favoreció
el estallido de las demandas acumuladas y la proliferación de movimientos
huelguísticos, a través de los cuales el movimiento sindical
creció y se reforzó considerablemente. Ésto se puede
visualizar por los acontecimientos dados en la “Semana Trágica” y
en la huelga patagónica. Estos movimientos se caracterizaban por
su grado de violencia y por la respuesta represiva del gobierno o de otros
grupos. Tal es el caso de la actuación de la “Liga Patriótica”
en los acontecimientos de la “Semana Trágica”. Ésto ejemplifica
los distintos niveles de coherencia ideológica entre los obreros
y los grupos que constituyeron la Liga Patriótica.
Las posiciones
de las corrientes que influían en el movimiento obrero eran muy divergentes.
Para los anarquistas, el gobierno de Yrigoyen no se diferenciaba en nada
de sus predecesores; la posición sindicalista, en cambio, era mucho
más matizada
Éstos mantenían buenas relaciones
con el gobierno dada la buena voluntad que éste había tenido
con respecto a conflictos anteriores. Para los socialistas el Yrigoyenismo
no era más que una variante del demagógica de la “política
criolla”.
El período de Alvear se caracterizó por la
prosperidad económica, la estabilidad política y la paz social.
Esta situación permitió hacer olvidar los aspectos regresivos
del gobierno anterior, se aumentó el salario real y se dictaron una
cantidad importante de leyes sociales.
El promedio anual de huelgas
se redujo y las movilizaciones de protesta se desarrollaron sin violencia.
La ideología original del movimiento obrero comenzaba a modificarse
en aras del realismo. Si la revolución social no estaba tan cerca
como habían creído, era necesario concentrarse en el conjunto
de objetivos inmediatos.
Los sindicalistas se adaptaron rápidamente
a las nuevas condiciones que creaba la transformación del contenido
del Estado y de su comportamiento.
En la segunda presidencia de Yrigoyen,
basándose en su legendaria actuación a favor de los ferroviarios
y marítimos, en las leyes sociales dictadas desde 1916 y en el efectivo
mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, buscó el apoyo
de los sectores obreros con una intensidad desconocida. Esta situación
no se dio con el sector agrario; el radicalismo nunca prestó su apoyo
a la reforma ni al desarrollo agrario para poblar el interior, ampliar el
mercado nacional de productos industriales e integrar a la población
rural a la vida nacional, cultural y política. Este período
caracterizado por tres gobiernos radicales, finalizó cuando un golpe
militar derrocó a Yrigoyen el 6 de setiembre de 1930. La deposición
y la muerte del caudillo pondría fin a esa incipiente relación
entre un gobernante y los trabajadores, pero no al modelo que había
introducido. Ninguno de los gobernantes que sucedieron a Yrigoyen hasta
1943 retomó este modelo.
Se pueden señalar dos situaciones
por las cuales ningún gobierno, a partir de la década del
30, tomó el modelo iniciado por Yrigoyen. Primero, porque la clase
obrera, lejos de mejorar, tendió a estancarse en bajos niveles, y
las leyes sociales que se dictaron debieron ser duramente arrancadas y defendidas
por los trabajadores. Segundo, porque el “fraude patriótico” reemplazó
con éxito la “demagogia” como forma de obtener votos.
Con la
bendición de la derecha, las fuerzas armadas llevaron adelante la
tarea de derrocar al gobierno de Yrigoyen. Esta campaña de la derecha
contra el mandatario tuvo un fuerte impacto sobre oficiales en actividad
o retirados. Entre estos últimos se encontraban el general José
F. Uriburu y el general Agustín P. Justo.
Luego del golpe, todos
coincidieron en que Uriburu fuese el presidente provisional a ser reemplazado
sólo cuando nuevas elecciones tuviesen lugar ya fuese bajo la vieja
Constitución como con un nuevo sistema de gobierno.
Esta nueva
situación no significa que fueran indiferentes frente a los problemas
sociales. Según Juan Carlos Torres, la intervención del Estado
en los conflictos laborales no dejaron de crecer durante toda la década.
Ésto se debió a la importancia que habían alcanzado
las organizaciones gremiales y a la creciente moderación de sus dirigentes.
Este compromiso del Estado con los sectores menos favorecidos, a consecuencia
de la crisis se daba a nivel mundial. Cada uno de los gobiernos que se fueron
constituyendo afrontaron el problema a su manera. Con Uriburu la situación
pareció retrotraerse, agravada, a la etapa del Estado represor.
Hacia 1930, la Argentina estaba entrando en una nueva etapa de desarrollo
económico, en la medida en que la industrialización por “sustitución
de importaciones” convertía a la manufactura en una fuente importante
de empleo en los centros urbanos.
Las huelgas se incrementaron hacia
fines de la década del 20; después del golpe del 30 el estado
de sitio prohibió tales actividades. Debido a su constante miedo
al potencial revolucionario de los trabajadores, el gobierno conservador
promovió una novedosa táctica, impulsada por los nacionalistas:
transformar cualquier movimiento organizado de trabajadores en un grupo
controlado por el gobierno.
Las deportaciones, cárcel y allanamientos
recayeron principalmente sobre anarquistas y comunistas. Esta violencia
que desplegaba el Estado produjo un constante malestar político,
que respondió con episodios de violencia. La fuente de muchos de
estos desórdenes provenía de las respuestas de grupos radicales
y de izquierda a las provocaciones de la derecha. Esta situación
contribuyó a incrementar el número de organizaciones de derecha.
La política de Justo, en cambio, fue más sutil. Durante su
presidencia Justo recibió periódicamente a los miembros de
la C.G.T. y le otorgó participación en el momento de estudiar
problemas sociales. Por tal motivo, en 1932, denunciando un presunto golpe,
la C.G.T., interviene por primera vez en una cuestión de política
nacional en apoyo al general Justo. La Junta Ejecutiva de la C.G.T. no se
mostró en desacuerdo por la política represiva del gobierno
y su tolerancia ante la actividad de los grupos fascistas.
Un órgano
que comenzó a funcionar como mediador y arbitro, fue el D.N.T.(Dirección
Nacional de Trabajo) que comenzó a intervenir activamente en la resolución
de los conflictos laborales. Pero esta política de acercamiento e
institucionalización no excluía el uso de la represión.
Este modelo de relación Estado - sindicatos inaugurado por Justo
encontraba su mejor exponente en Manuel Franco, gobernador de la provincia
de Buenos Aires. Éste basaba su esfuerzo en construir un sistema
de control social de acuerdo a los principios corporativistas. Su fin último
era la formación de organizaciones de trabajadores de derecha bajo
el control estatal.
Con Ortiz en la presidencia, la tendencia intervencionista
del Estado rebasó el terreno para penetrar en el ámbito sindical.
Las primeras intromisiones del Estado se dieron en el interior de la U.F.
(Unión Ferroviaria).
El cambio de la actitud del movimiento sindical
frente al Estado continuó a los largo de la década del 30:
dejando atrás su etapa revolucionaria y demasiado débil paras
conseguir sus reivindicaciones por sus propias fuerzas, el movimiento obrero
se volvió cada vez más hacia el Estado en busca de arbitraje
y protección. Esta situación se dio sin la intervención
de los partidos obreros.
Desde el punto de vista del movimiento sindical,
el peronismo se presenta como una síntesis de sus dos corrientes
principales, partiendo de la “prescindencia” que lo alejaba de los partidos
“obreros” para llegar a involucrarlo plenamente en la política nacional;
desde el punto de vista de la actitud del Estado frente al movimiento sindical,
también podemos hablar de una síntesis de estas tendencias
ya explicadas anteriormente. De la etapa yrigoyenista, el peronismo retomará
y desarrollará hasta sus últimas consecuencias los rasgos
populistas: el peso del Estado se volcará a favor de los sectores
populares, mejorando su situación a gran escala y apelando a su apoyo
contra la oligarquía.
Al mismo tiempo, el Estado peronista desarrollará
hasta sus últimas consecuencias, las tendencias intervencionistas
aparecidas durante la década del 30, extendiendo su acción
a todo el ámbito de las relaciones laborales, apareciendo como el
árbitro inapelable de todos los conflictos e institucionalizando
plenamente el movimiento sindical.
Para que ésto fuera posible,
la actitud del movimiento sindical frente al Estado tuvo que variar.
El cambio se inició, como ya se ha explicado, con el acercamiento
de los sindicalistas a Yrigoyen y continuó a lo largo de la década
del 30; dejando atrás su etapa revolucionaria y demasiado débil
para conseguir sus reivindicaciones por sus propias fuerzas, el movimiento
sindical se volvió cada vez más hacia el Estado en busca de
arbitraje y protección. Para que esta intervención fuera favorable
era necesario que se reforzara su capacidad de influir sobre el poder político.
Las dos líneas de desarrollo del movimiento sindical argentino, el
alejamiento de los partidos “obreros” y el acercamiento al Estado, hacían
que la mayor parte del mismo estuviera preparado para aceptar la propuesta
de Perón. La diferencia más evidente entre el sindicalismo
pre - peronista y el peronista, es la creciente pérdida de autonomía
de este último frente al Estado y al liderazgo centralizador y autoritario
de Perón.
Lo que le dio singularidad al peronismo, fue la combinación
de un liderazgo plebiscitario y de un aparato sindical dentro de un mismo
movimiento político de masas.
En los años cuarenta, en
un momento de crisis, se produce una reorganización de la dirección
del Estado encabezado por una nueva elite dirigente de origen militar.
Según la visión prevaleciente del ejército, el fin
de la segunda guerra mundial podía poner fin a la prosperidad que
disfrutaba el país, sobre los obreros se alzaba el espectro de una
desocupación en gran escala. Estos temores fueron los que inspiraron
los contornos de una política estatal destinada a proteger a los
trabajadores, facilitar su organización y garantizar el empleo. Esta
situación fue aprovechada por los militares que necesitaban establecer
un mecanismo para mantenerse en el poder.
Desde fines de 1943 Perón
comenzó a desplegar ante los dirigentes sindicales las promesas de
una reparación social. El movimiento laboral existente en el tiempo
del golpe militar de 1943 estaba dividido y era débil. Había
en la Argentina cuatro centrales gremiales: la Federación Obrera
Regional Argentina (F.O.R.A.), anarquista; La Unión Sindical Argentina
(U.S.A.), sindicalista y además estaba la Confederación General
del Trabajo (C.G.T.), dividida en la C.G.T. Nº1 y la C.G.T. Nº
2. La gran mayoría del proletariado industrial estaba al margen de
toda organización sindical efectiva. Perón, desde su posición
como Secretario de Trabajo y después vicepresidente del gobierno
militar instaurado en 1943, se consagró a atender algunas de las
preocupaciones fundamentales de la emergente fuerza laboral industrial.
Al mismo tiempo, se dedicó a socavar la influencia de las fuerzas
de izquierda que competían con él en la esfera sindical. Su
política social y laboral creó simpatías por él,
tanto entre los trabajadores agremiados como entre los ajenos a toda organización.
El creciente apoyo obrero a Perón logró que éste ganara
las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Aunque en el período
entre 1943 y 1946 hubo muchas mejoras específicas de las condiciones
laborales y la legislación social, la década de gobierno peronista
de 1946 - 1955 tuvo un efecto mucho más profundo. Durante este
lapso se asistió a un considerable aumento de la capacidad
de organización y al peso social de la clase trabajadora. La simpatía
del estado por el fortalecimiento de la organización sindical y el
anhelo de la clase trabajadora de trasladar su victoria política
a ventajas concretas determinaron una rápida extensión del
sindicalismo.
La composición de la clase obrera estaba dada por
una misma condición asalariada, por antiguos obreros de origen extranjero,
una primera generación proletaria nativa compuesta por sus descendientes
y los contingentes de nuevos trabajadores provenientes del interior del
país.
A medida que las políticas impuestas por Perón
proliferaban, se extendió la agremiación y a su vez fue acompañada
por un sistema global de negociaciones colectivas. Se creó una estructura
sindical específica centralizada, que abarcaba las ramas locales
y ascendía, por intermedio de federaciones nacionales hacia una única
central, la Confederación General del Trabajo (C.G.T.). Durante el
primer período, 1946 a 1951, se operaron la gradual subordinación
del movimiento sindical al Estado y la eliminación de los líderes
de la vieja guardia, de acción decisiva en la movilización
de los sindicalistas en apoyo a Perón en 1945 y quienes habían
formado el Partido Laborista para que actuara como rama política
de los trabajadores. Los sindicatos se incorporaron a un monolítico
movimiento peronista y fueron llamados a actuar como agente del Estado ante
la clase trabajadora, que organizaban el apoyo político a Perón
y servían como conductos que llevaban la política del gobierno
a los trabajadores.
En la segunda presidencia de Perón, se perfiló
más claramente el Estado justicialista, con sus pretensiones corporativas
de organizar y dirigir grandes esferas de la vida social, política
y económica; se tornó evidente el papel oficialmente asignado
al movimiento sindical: incorporar a la clase trabajadora a ese Estado.
Se creó una vasta red de bienestar social operada por el Ministerio
de Trabajo y Previsión, la Fundación Eva Perón y los
propios sindicatos.
Las ventajas económicas concretas para la
clase trabajadora resultaban claras e inmediatas.
A medida que la industria
argentina se expandía impulsada por incentivos estatales y una situación
económica internacional favorable, los trabajadores se sintieron
beneficiados.
La era peronista borró en gran medida las anteriores
lealtades políticas que existían en las filas obreras e implantó
otras nuevas. En la retórica peronista, la justicia social y la soberanía
nacional eran temas verosímilmente interrelacionados antes que consignas
abstractas meramente enunciadas. Esta base dinámica que significó
el movimiento obrero para el peronismo, sobrevivió largo tiempo después
de que condiciones económicas y sociales particularmente favorables
se hubieran desvanecido y que ni siquiera los acontecimientos posteriores
pudieron socavar. 2
Bibliografía
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& Spalding, Herbert: La clase trabajadora argentina: documentos para
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& Torre, Juan
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& Torre, Juan Carlos: La vieja guardia sindical y Perón.
Sudamericana, Buenos Aires, 1990.